Luego de la participación del candidato a gobernador opositor Luis Juez en una asamblea en el hospital Córdoba, desde el Gobierno provincial aseguraron que el conflicto con los trabajadores del sector de la salud “es político”. La visita de Juez al centro de salud se dio en el arranque de la campaña para la elección de gobernador del 25 de junio.
La Provincia cerró la negociación paritaria con todos los gremios estatales, incluido el Sindicato de Empleados Públicos (SEP), que en teoría representa a los agentes de los hospitales provinciales.
Sin embargo, la coordinadora de autoconvocados, que en diciembre pasado logró un acuerdo salarial importante para el sector, ahora desconoce lo que firmó el SEP. Se mantiene en estado de asamblea, con la amenaza de un paro para el miércoles de la semana que viene.
En este contexto, la ministra de Salud, Gabriela Barbás, convocó para este viernes a una nueva reunión a los autoconvocados.
Fuentes oficiales adelantaron a La Voz que la ministra planteará seguir el diálogo para avanzar en resolver algunas cuestiones que reclaman los trabajadores de la Salud, pero que no habrá una nueva oferta salarial.
“Los trabajadores de la salud consiguieron el año pasado un aumento global del 150%. Ahora obtuvieron otros beneficios, como el boleto interurbano que beneficia a 1.500 trabajadores; se sumaron mil agentes a los hospitales, y todos los monotributistas pasaron a ser contratados. Y en dos semanas se sancionará una ley única de salud, que es un reclamo histórico para el sector”, afirmó un colaborador directo de la ministra de Salud.
Luego de la reunión de Juez con los trabajadores del hospital Córdoba, desde el Centro Cívico, dos fuentes oficiales -muy cercanas al gobernador Juan Schiaretti- salieron a instalar que el conflicto “es político” y que está ligado a la campaña.
Esta postura del Gobierno ya había sido adelantada a la coordinadora de los autoconvocados por la propia ministra Barbás, en la reunión del lunes pasado.
Según uno de los integrantes del denominado “Grupo de los 7″, por los siete representantes que se sientan a negociar con la ministra Barbás, la reunión pasada se “picó”. Un modo descriptivo de que hubo tensión.
La ministra, quien es acompañada en estas reuniones por el secretario de Salud, Sergio Metrebian, y por el legislador provincial Francisco Fortuna, planteó su molestia porque había trascendido la posibilidad de un paro para la semana que viene.
“Si el diálogo está abierto y estamos resolviendo la mayoría de los reclamos, un paro significa romper esta instancia de diálogo”, habría dicho la funcionaria provincial a los autoconvocados.
Por su parte, desde la coordinadora admiten que hubo “algunos logros” en esta mesa del diálogo, pero el nudo de la negociación es la cuestión salarial: la Provincia dice que no se moverá el 50% de aumento que acordó con el SEP, mientras que los autoconvocados reclaman un 75% para el primer semestre del año.
Convocatoria
El lunes pasado, cuando se realizó la última reunión, aún no había ocurrido la participación de Juez en una asamblea de los trabajadores.
Esa visita, que fue gestionada por los propios delegados, tensó los ánimos en la negociación.
En este contexto, la ministra Barbás convocó a una reunión para este viernes. No habría una nueva propuesta salarial, mientras que los autoconvocados mantienen la intención de hacer un paro la semana que viene.
“El paro no está resuelto. Todo dependerá del resultado de la reunión con la ministra Barbás. Si no hay una nueva oferta salarial, lo más probable es que las bases aprueben una medida de fuerza. Se resolverá en asambleas entre el sábado y el lunes”, dijo el referente de uno de los sectores de los autoconvocados.
En el Gobierno provincial reconocen que lo más probable es que haya una medida de fuerza la semana que viene. Aunque ningún funcionario schiarettista lo reconocerá, la eventual medida le servirá al Gobierno para comprobar si los autoconvocados mantienen la fuerza convocante para los paros que demostraron en noviembre y diciembre pasados.
Olivero en otra asamblea en el Córdoba
Luego de la polémica que se generó el miércoles pasado por la presencia del candidato opositor Luis Juez en el Hospital Córdoba, ayer fue la candidata a gobernadora del Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidos (Fitu), Liliana Olivero, la que participó de otra asamblea con los trabajadores de ese nosocomio.
Esta situación, como con Luis Juez el miércoles último, volvió a generar la reacción de la Dirección de la institución, que alertó sobre el uso de las instalaciones para “encuentros políticos”.
”Un hospital público no puede ser un lugar de campaña electoral”, aseguró Eduardo Caminos, director del Hospital Córdoba.Según el directivo, la reunión de ayer “nunca fue comunicada a las autoridades” ni tampoco se realizó “ningún pedido formal” para llevarla adelante.
Según Caminos, de la asamblea participó “un grupo reducido de empleados, que no llegó a 30, cuando el total de toda la institución es de 850 personas”.
Por su parte, Olivero defendió su presencia en el hospital. “Participé de la asamblea y de la jornada de protesta en el Hospital Córdoba. Fuimos con Noelia Agüero, de Izquierda Socialista. Fue en el marco de una jornada de lucha que se hizo en toda la provincia, para preparar el paro para el 17 de mayo”, explicó Olivero.
”Fui invitada por los trabajadores y las trabajadoras que están en conflicto, que hace meses que vienen luchando para mejorar sus condiciones salariales y laborales, denunciando la falta de personal, la precarización”, agregó la exlegisladora y candidata a gobernadora.
Reclamo por los concursos
Por otra parte, más allá del conflicto con el sector de la salud, el Gobierno provincial está llevando adelante concursos para cubrir cargos en la administración pública, que ayer generó un duro cuestionamiento por parte de uno de los gremios estatales que controla este proceso.
La Unión Personal Superior (UPS) envió una carta al gobernador Juan Schiaretti acusando al fiscal General Adjunto, Gerardo García, de “obstruir de manera irregular” el desarrollo de los concursos para el personal jerárquico que representa ese gremio.
”Hemos recibido varias denuncias en nuestro gremio que este funcionario interfiere de manera indebida en los concursos. Le pedimos al gobernador que inicia una investigación administrativa”, dijo Domingo Ovando, titular de la UPS.
