A través de una carta enviada ayer, la Comisión Episcopal de la Iglesia católica le pidió a la vicepresidenta Victoria Villarruel que “agilice” el trámite en el Senado para que se apruebe la ley que regule el luego online a nivel nacional. Esta cuestión reavivó la polémica en Córdoba. El vocero de la Pastoral Social local, el padre Munir Bracco, calificó de “barniz” la ley aprobada en la Legislatura, en septiembre pasado, que intenta controlar las apuestas virtuales en la provincia.
“El año pasado se perdió la posibilidad de derogar esta ley que, como decimos nosotros, pone un casino en cada celular. Se aprobaron cambios en la norma que son un barniz que no frena el problema social que genera que muchos adolescente y jóvenes jueguen en todo momento”, aseguró Bracco, quien como miembro de la Pastoral Social de Córdoba participó de la redacción de la nota que la Comisión Episcopal envió a la vicepresidenta de la Nación.
Días pasados, en una entrevista al diario La Nación, el propio arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi, fue muy duro con el Gobierno provincial, por la cuestión del juego online, y la nueva licitación para los casinos que impulsa el gobernador Martín Llaryora.
“Algunos (funcionarios y legisladores oficialistas) quisieron explicar lo inexplicable, argumentando que se ayuda a instituciones de bien, y prometen cursos preventivos de formación, ayuda de médicos y psicólogos para las víctimas. Yo pongo un ejemplo casi caricaturesco, pero real: en la guerra un avión lanzaba bombas que venían con la bandera del país que las lanzaba y, días después, caían bolsas con alimentos y medicamentos con la misma bandera para curar las heridas que ellos mismos provocaron. En vez de remediar las consecuencias, sería más fácil y más digno prevenir”, manifestó el arzobispo de Córdoba.
Votación ajustada
En otro tramo de la entrevista, monseñor Rossi cuestionó la votación, en la cual el oficialismo cordobés logró salvar en la Legislatura la ley que habilitó el juego online, que según datos extraoficiales, factura en Córdoba unos 10 mil millones de pesos mensuales.
En aquella votación muy ajustada, en la madrugada del 19 de septiembre del año pasado, el oficialismo logró mantener la norma, a través del voto desempate del presidente provisorio de la Legislatura, Facundo Torres, en ausencia de la vicegobernadora Myrian Prunotto.
Bracco también se mostró preocupado por la reciente licitación de los casinos y los slots (tragamonedas), en una concesión que vencía recién en 2027.
“Son señales contradictorias. Desde la Lotería de Córdoba dicen que con los nuevos contratos se recaudará más por el juego, con lo cual, según ese organismo, habría más plata para la asistencia social. Pero nadie se pregunta por el daño social que genera esa mayor recaudación, que significa que hay más personas, entre ellas, muchos pobres que apuestan en los casinos. Y el problema que está generando en los jóvenes el juego online”, aseguró Bracco, ante una consulta de La Voz.
Como se recordará, en una prolongada y polémica sesión, que terminó en la madrugada del 19 de septiembre del año pasado, el oficialismo logró rechazar una iniciativa de casi todos los bloques opositores que impulsaba la derogación de la ley 10.793 que habilitó el juego virtual en la provincia.
Esa ley había sido aprobada en la última sesión del año, en diciembre de 2021. El proyecto fue fogoneado desde la gestión del entonces gobernador Juan Schiaretti, pero fue presentado por legisladores que en ese momento integraban el interbloque opositor Juntos por el Cambio.
Tres de esos legisladores que eran opositores, ahora forman parte del cordobesismo, con cargos en el Ejecutivo provincial y municipal capitalino.
En aquella sesión del año pasado, luego de rechazar la intención de los opositores de derogar la ley, el oficialismo impulsó cambios en algunos artículos de la norma, entre ellos, la creación del Registro de Datos Biométricos, dentro del Registro de Jugadores, para evitar el acceso a menores a las plataformas para jugar.
Además, se le otorgó a la Lotería de Córdoba como autoridad de aplicación para el control de la publicidad y la realización de campañas de prevención de “manera obligatoria”.
El titular de la Pastoral Social cordobesa reiteró que esas modificaciones “no tienen impacto en la realidad”.
“Hay que caminar los barrios para comprobar que las apuestas online están generando un problema grave en muchas familias. Todos los gobiernos argumentan que con parte de la recaudación del juego se hace asistencia social. No hay dudas, según la perspectiva de la Iglesia, que sería mucho menos oneroso para los distintos Estados que no existieran estos mecanismos de juego”, concluyó Bracco.
Carta a la vicepresidenta
La polémica por el juego online se actualizó este miércoles, con una carta que del obispo de La Rioja, Dante Braida, titular de la Comisión Episcopal de la Pastoral Social, a la vicepresidenta Victoria Villarruel, para que impulsé la aprobación de la ley que regula el juego en todo el país en el Senado, que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados.
El proyecto se denomina de “Prevención de Ludopatía y Regulación del Juegos de Azar y Apuestas Online” en todo el país.
Luego de mucho debate y de denuncias cruzadas de supuesto lobby entre los diputados nacionales, en noviembre pasado, la mayoría de los bloque opositores se pusieron de acuerdo para aprobar un proyecto que impide el acceso de menores de 18 años a las plataformas de apuestas y prohíbe cualquier forma de publicidad, incluyendo los influencers.
