El Gobierno nacional se comprometió ante la Justicia federal de Córdoba a saldar la deuda de la megademanda que abarca a 9.810 riotercerenses, que reclaman desde hace 29 años un resarcimiento por daños de las explosiones ocurridas en 1995 en la Fábrica Militar de la ciudad.
Este jueves pasado, en la Cámara Federal de Córdoba, se rubricó un acuerdo en el que los abogados que representan al Estado nacional se comprometieron a que este empiece a pagar, antes de fin de año, a los primeros 100 damnificados mayores de 65 años. Eso consta en el acuerdo.
Una fuente del Ministerio de Defensa de la Nación, que pidió reserva de su identidad pero que forma parte del equipo de letrados que estuvo en cada análisis jurídico de este caso, reveló a La Voz que les insumió 11 meses ordenar los expedientes vinculados a este tema, constatar la identidad de cada uno de los demandantes para corroborar si estaban vivos o muertos, y analizar jurídicamente cada poder presentado de los letrados querellantes para representar al vecino que quería cobrarle al Estado.
“Hoy estamos en condiciones de pagar a todos, pero lo haremos por tanda, porque aún no se han entregado algunos poderes de parte de los abogados que representan a los damnificados”, aportó.
Para ejemplificar la situación, este abogado del Estado detalló que entre 2018 y 2023 apenas se pagaron con bonos 50 indemnizaciones por el atentado de 1995.
Achacó la falta de respuestas de las anteriores gestiones en las que hasta hubo un ministro de Defensa imputado (Jorge Taiana) y una multa porque el Estado no se hacía cargo de la deuda o porque había inacción del Ministerio de Defensa para acelerar estos trámites.
En esa línea precisó que en el acuerdo rubricado en la Cámara Federal esa multa al Estado de cerca de $1.000 millones, no se deberá pagar, por la disposición a saldar ahora la deuda con los vecinos.
En realidad, se trató de un acuerdo de conciliación en la Cámara Federal cordobesa, que demandó varios meses.
“Está la decisión política de pagarle a todos, con bonos de conciliación de deuda”, aseguró esa fuente.
Montos
Respecto al monto que cada vecino percibirá, se excusó de poder precisarlo, pero no descartó que la cifra en pesos pueda ser equivalente a unos $ 8 millones, por persona.
A la par, agregó que el análisis previo de la actual gestión preveía que por estas demandas pendientes se debía erogar unos $ 85 mil millones en total.
Este cálculo está condicionado a lo que establece una ley ya aprobada para saldar esta deuda, que fue sancionada en 2015. Es la ley 27.179, que establece que el monto se calculará en base a la remuneración mensual de los agentes nivel A grado 0 del escalafón del personal de la administración pública nacional, multiplicado por 100. De esa cifra, el equivalente al 7% será destinado al damnificado del atentado.
Ahora ese monto estará supeditado al valor nominal del bono de consolidación de deuda PR17.
Cuántos son
Un dato que compartió la fuente del Ministerio de Defensa, es que 11 meses atrás, cuando comenzaron a analizar este caso al asumier esta gestión nacional, había unos 12 mil vecinos que habían presentado el reclamo de cobro. Pero precisó que tras los convenios con RENAPER (Registro Nacional de las Personas) y el análisis de cada acuerdo con los abogados, esa lista quedó depurada a 9.810 personas.
En este marco, se sabe que si todos los acuerdos presentados están en regla los herederos de demandantes fallecidos también tienen derecho legal a cobrar.
De estos 9.810 damnificados, casi ocho mil son representados por el abogado cordobés Mario Ponce. Esos ocho mil fueron reclamos por daño moral.
“Esto es inédito, estamos haciendo lo que no se hizo en los últimos 29 años, fuimos con todos los expedientes en condiciones para que se pague, falta sólo un trámite administrativo. Resolvemos y pagamos. Antes de fin de año intentaremos pagar los primeros 100″, señaló. Para los demás, no hay plazos firmes fijados.
Antes y ahora
Entre 1996 y 1999, el Estado Nacional pagó, por vía administrativa directa, resarcimientos por unos 84 millones de pesos (dólares de entonces) por muertes, daños físicos y perjuicios materiales.
Luego, hubo quienes iniciaron juicios adicionales. Muchos de ellos se fueron abonando, con sentencia judicial. Pero quedó pendiente, sobre todo, la demanda del abogado Ponce para ocho mil personas, por presunto daño moral.
Para los reclamos pendientes, el Congreso aprobó una ley en la que admitía el pago por vía administrariva, que evitaría el juicio. Pero esos pagos desde 2015 a hoy no se efectuaron.
