El escándalo por la presunta corrupción en el seno de gestiones anteriores en la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea) sigue tomando “vuelo” en la Justicia federal. La Sala B de la Cámara de Apelaciones de Córdoba capital agravó la situación procesal del exdirectivo durante la gestión kirchnerista Raúl Alberto Argañaraz, y de otros 10 imputados, por supuesta administración fraudulenta en contrataciones y otras irregularidades por valores millonarios.
La novedad judicial se produce en medio de suspensiones, incumplimientos, déficits y las imputaciones de marzo –en el marco de otra causa- en contra de funcionarios, exfuncionarios y empleados de Fadea por presuntos sobornos.
La última novedad judicial alcanza al expresidente de Fadea, Argañaraz, y a otros 10 imputados cuya situación procesal se agravó tras el reciente fallo de la Sala B de la Cámara de Apelaciones de Córdoba capital (tras las apelaciones del fiscal N° 1 del mismo distrito, Enrique Senestrari, y las defensas).
Los camaristas Abel Sánchez Torres, Eduardo Ávalos y Liliana Navarro confirmaron la resolución del juez N° 3, Miguel Hugo Vaca Narvaja, quien procesó en 2024 a Argañaraz, Juan Carlos Giraudo, Daniel Alejandro Sorkin, Marcos Sebastián Ochoa, Pablo Santiago Jorge Bravo, Aldo Oscar Creche, Rafael Julio César Lombardi y Adriana María Leonor Andrada por hechos de presunta administración fraudulenta.
El tribunal también revocó, por el mismo delito, los sobreseimientos de Argañaraz, Sorkin, Giraudo, Andrada, Creche, Lombardi, Bravo, Rafael Octavio Lanza Castelli, Raúl Alejandro Ferreyra, Rodolfo Spiridone y Matías Julián Savoca, y los procesó. Además, sobreseyó a Argañaraz (por un hecho) y a Cecilia Samuele.
Las causas de Argañaraz y Giraudo
Las sospechas apuntaron a Argañaraz, presidente de Fadea entre 2012 y 2013, y a Giraudo, responsable de Mantenimiento, ya que habrían utilizado numerosas partidas de dinero de la empresa para la presunta construcción de plazas, habitaciones o refacciones en barrios capitalinos, afectando para ello empleados y materiales de la firma al “Programa de Responsabilidad Social Empresaria” que debía realizarse de forma gratuita.
Fue clave el informe de la Unidad de Transparencia de Fabricaciones Militares que estableció que, si bien Fadea contaba con iniciativas de responsabilidad social públicas y comunicadas, no se verificó un programa claro y predefinido con fundamentos, objetivos, alcances y justificación metodológica de las tareas a ejecutar.
La fábrica estatal abonó a sus empleados (bajo el área de Giraudo) horas extra por tareas de bien público patrocinadas por la firma, que deberían haber llevado a cabo durante su jornada laboral usual. La maniobra habría ocasionado así un perjuicio financiero a las arcas.
Giraudo es quien, años atrás, protagonizó un escándalo cuando pidió a un empleado que, con material de la firma y en su horario laboral, hiciera una refacción en su casa. Eso le costó al funcionario una condena por corrupción.
El fiscal también puso la lupa sobre un acuerdo firmado en Beijing por Argañaraz en 2012, con China National AeroTechnology Import & Export Corporation (Catic).
El convenio estipulaba que Fadea adquiría dos prototipos de helicóptero CZ11, repuestos y capacitación por U$S 8.824.157. Al acuerdo no contó con la debida autorización del directorio de la compañía, lo que disparó las suspicacias.
Menos de un mes después de la firma, se realizó una enmienda que redujo la compra a un solo helicóptero, por U$S 5.621.157, sin la certificación aeronáutica china. Eso hizo imposible obtener el certificado de la Administración Nacional de Aviación Civil de Argentina (Anac).
El certificado se habría obtenido con posterioridad a nombre de China Helicopter Research and Development. Tanto la Anac como Fadea habrían intentado obtener a través de Catic la documentación para avanzar en la validación en Argentina, pero no lo consiguieron.
El contrato fue aprobado por el directorio de Fadea tiempo después, cuando, para el juez, el asunto debió haber sido analizado antes, por la envergadura y eventuales implicancias económicas y jurídicas.
Pero no fue la única irregularidad, porque los fondos utilizados para ese contrato no sólo no tuvieron su origen en una asignación específica para ese fin (fueron transferencias del Ministerio de Defensa a Fadea para materiales y servicios de mantenimiento), sino que se descubrió una diferencia de U$S 16.688 entre el precio convenido y el abonado. La auditoría efectuada por la consultora Deloitte aconsejó pasar a pérdida ese contrato por $ 31 millones.
Argañaraz también firmó un contrato con la alemana Grob, por el cual Fadea compró 10 aviones Grob 120-TP. El acuerdo, por 21.792.644 de euros, no contó con la aprobación del directorio de Fadea.
Las irregularidades, para la acusación, también habrían sido encabezadas por Sorkin (a cargo de Compras Generales), Ochoa (Logística), Andrada (Contabilidad), Bravo (Asuntos Legales), Creche (director) y Lombardi (vicepresidente de Fadea), ya que aprobaron la compra a Hormi Block SA de hormigón H21 por $ 654.885.
El juez y fiscal advirtieron que no se encontraron constancias de “certificación de recepción final y conformidad” de la empresa contratada. Resultó llamativo, además, que se habría pagado dos veces el hormigón, para perjuicio económico de Fadea.
Por otro lado, Giraudo quedó en la mira por haber firmado un contrato con Clarosol SRL por “limpieza integral” por $ 2.820.000 sin la aprobación del directorio. Incluso el convenio se prorrogó por otro año con un aumento del precio. El juez entendió que el incremento generó un perjuicio para la empresa estatal.
Si bien Vaca Narvaja le endilgó un actuar irregular a Argañaraz, dictó su sobreseimiento y el de otros por diversos hechos. En todos los casos, señaló que aunque había múltiples irregularidades en contrataciones y compras, no todo incumplimiento implica un delito. Respecto de la sospecha sobre defraudación, dijo que se exige un perjuicio, pero que en esos hechos no encontró un daño patrimonial a Fadea.
El fiscal Senestrari apeló los sobreseimientos, recurso sostenido por el fiscal general subrogante ante la Cámara, Carlos Gonella. Este último indicó que el juez se equivocó al sostener que la defraudación por administración fraudulenta exige un perjuicio económico (porque la doctrina acepta la figura del grado de tentativa) y enfatizó que sobreseyó a los imputados sin brindar una fundamentación de certeza negativa.
“Reiteración de irregularidades”, contrataciones y precios
Al analizar las apelaciones, la Cámara federal confirmó los procesamientos, al considerar probados los hechos. “La reiteración de irregularidades y los compromisos presupuestarios, económicos y financieros que tales actos habrían irrogado al patrimonio de la empresa de gestión pública constituyen (…) fundamento probatorio suficiente sobre la concurrencia de perjuicio en el ente ideal, a partir de una administración fraudulenta o infiel”, dijo el camarista Sánchez Torres.
Y advirtió: “Pretender escindir la legalidad de los procedimientos del perjuicio sufrido es, cuanto menos, una simplificación o reducción inconcebible cuando se trata de fondos públicos”. Remarcó que, al momento de los hechos, se constataron “irregularidades” en la deficitaria Fadea y con “reportes financieros no confiables, posible incumplimiento de leyes, riesgo de fraude”, según la auditoría de Deloitte.
El fiscal nuevamente apuntó a Argañaraz por la contratación de una empresa de climatización de “forma reiterada” por vía de “excepción” al procedimiento normal de compra, al tratarse de adquisiciones “de urgencia”.
Aunque Argañaraz fue sobreseído por este hecho, la Cámara revirtió el fallo al considerar que le asistía la razón al fiscal y consideró acreditado que de manera sistemática Fadea otorgaba a la firma, que “se habría visto beneficiada con la adjudicación en procedimientos licitatorios irregulares”. Se hizo notar que la ausencia de procesos licitatorios regulares impidió conocer si las ofertas realizadas “eran o no las más convenientes”.
A su vez, Sorkin aprobó la contratación de una constructora para una “remodelación” por $ 927.819, un 34,9% más de lo estimado y sin la aprobación del directorio. La obra se amplió en dos oportunidades por adjudicación directa, por excepción y sin justificación, por lo que Argañaraz quedó nuevamente bajo la lupa.
La Cámara sostuvo que la falta de registros impiden considerar que la contratación fue “regular” y en consecuencia que el reajuste de precio que se produjo luego, entre el monto estimado y el contratado, sea correcto. “La ausencia de estos elementos son indicativos del procedimiento irregular habitual de la empresa, lo que (…) luce como un indicio del obrar doloso” de los imputados.
El mismo Sokin, Ochoa, Claudio Callieri (Finanzas, ya fallecido), Bravo (apoderado), Creche y Lombardi adjudicaron una obra por $ 476.483, un 36,13% más de lo estimado, sin la autorización del directorio.
La contratación no incluyó la documentación sobre las invitaciones a empresas, el pliego, la comparación de precios y la aceptación de la orden de compra, etc. “Las empresas invitadas están inscriptas en actividades extrañas al requerimiento de referencia”, advirtió el fiscal. La Cámara coincidió con las irregularidades halladas y sostuvo que la falta de compulsa de precios terminaba por convertirse “en una ficción”.
Sorkin, Ochoa y Ferreyra (Contabilidad) adjudicaron la compra de un TV LED de 42 por $ 16.528, cuyo requerimiento, consulta de precios y orden de compra se realizaron el mismo día. Aunque Fadea dijo que consultó sólo dos proveedores por la “urgencia” de la compra, la Cámara remarcó que esto no se probó. Este caso, remarcó, “se inscribe en un patrón de comportamiento generalizado dentro de Fadea y en una multiplicidad de hechos” en “perjuicio” de la empresa.
También fue contratada una empresa por $ 95.000. En ese marco se habrían registrado varias “irregularidades”, generalmente las mismas que respecto de otros convenios. Así emerge una constructora contratada para una obra por $ 555.450.
Entre las irregularidades achacadas figuran que, a pesar de haber participado junto a otros dos oferentes, uno de ellos no cotizó y otro lo hizo sin capacidad técnica. La compra no fue aprobada y no se encontraron constancias de inspecciones técnicas ni de aprobación de la obra. A pesar de eso, la obra fue abonada.
La Unidad de Transparencia mencionó “empresas con invitación recurrente” a los procesos licitatorios y alertó que Fadea no anunció las convocatorias por internet u otro medio masivo: “Las empresas que no son invitadas a cotizar no tienen ninguna otra vía formal para enterarse del pedido de precios ni pueden presentar sus ofertas”.
Varios de los acusados contrataron una consultora por $ 760.000 (se efectuó un primer pago sin la aprobación del directorio y luego se canceló el saldo). La orden de compra fue la continuación de otra, cedida por otra consultora del mismo grupo. La sucesión de prórrogas sin concurso de precios implicó, según la acusación, un incremento en la cantidad de horas contratadas de 4.500 entre la primera orden y la última, y una suba del precio/hora entre ambas de 21,7%.
Algo similar sucedió en otra obra adjudicada por $ 528.000, continuación de otra orden de compra cedidas por otra compañía. Los investigadores advirtieron un incremento de 3.100 horas entre la primera orden de compra y la última (con suba de 37,5% del precio de la hora), sin aprobación del directorio ni certificación de recepción final.
En otro contrato firmado por $ 749.520, cotizaron únicamente dos empresas y no tres, todo sin aprobación del directorio ni certificación de recepción final. No dejó de ser llamativo para la Cámara que, en otra obra, una empresa presentó la oferta más conveniente pero fue desestimada y preadjudicada a otra contratista.
La Cámara revocó los sobreseimientos y procesó a los imputados por el “constante actuar irregular” en Fadea “para convalidar contrataciones de manera irregular”.
Más sospechas en Fadea
El entonces presidente de Fadea Savoca acordó con una empresa la fabricación y comercialización de 12 kits de helicópteros CH12. También se contempló la fabricación de cinco piezas por las que Fadea pagó un anticipo de U$S 315.223 sin haberse cumplimentado los requerimientos solicitados por el directorio.
Si bien el convenio fue aprobado, estaba supeditado a la pertinencia del contrato y la situación económica de la contratista, entre otros aspectos. “Hasta tanto se cumpliera lo requerido por el directorio”, no era posible que Savoca obligara a Fadea mediante el contrato “ni que dispusiera el pago de anticipos por U$S 351.223”, dijo la Cámara. El informe Antilavado de la Policía Federal concluyó que no se mostraron evidencias que respaldaran el cumplimiento de los procedimientos prestablecidos.
Savoca también fue señalado por haber mantenido una supuesta “relación laboral encubierta” con cinco personas que facturaron a Fadea $ 1.266.171 en total, sin contraprestación de servicios. Además, habría contratado a una empresa que habría facturado almuerzos para una mayor cantidad de empleados por $ 1.300.000, entre otras presuntas irregularidades.
Los camaristas sí confirmaron el sobreseimiento de Argañaraz por el supuesto ingreso de 500 empleados de La Cámpora a cambio de supuestos favores políticos, por ser una “decisión empresarial” sin constatarse ningún delito.
