Oscar González, exlegislador y uno de los pilares de los gobiernos de José Manuel de la Sota y de Juan Schiaretti, seguirá con prisión domiciliaria. Este miércoles, el juez federal Hugo Vaca Narvaja le hizo saber los hechos por los cuales el fiscal federal Maximiliano Hairabedian lo investiga: la sospecha respecto del origen de los fondos con los que adquirió siete inmuebles.
González prefirió, tal como es su derecho, no responder preguntas. En cambio, presentó un escrito con el que busca explicar cómo se hizo de los fondos para las operaciones inmobiliarias apuntadas por la fiscalía: se trata de cinco departamentos en Nueva Córdoba y de dos importantes propiedades en Traslasierra, una en San Javier y la otra en Villa Dolores.
Ahora, el fiscal Hairabedian deberá esperar un peritaje clave: la tasación del valor real de esas propiedades adquiridas por González en los últimos 20 años, es decir, desde 2005.
El período que será analizado no contempla la totalidad de cargos públicos que ocupó desde diciembre de 1987, cuando por primera vez se sentó en una banca en la Legislatura cordobesa. Luego fue diputado nacional en tres oportunidades, secretario de Comunicaciones de la Nación y funcionario todoterreno de De la Sota y de Schiaretti.
El valor de mercado
A Hairabedian le interesa saber el valor real de los inmuebles para determinar si los ingresos que tuvo González en las últimas dos décadas (además de su salario como funcionario, tenía algunos alquileres) fueron consistentes con la compra de los bienes.
El abogado de González, Miguel Ortiz Pellegrini, dijo que en el memorándum escrito que presentó está “el origen de los bienes, de todos sus bienes, y cuál fue el origen del dinero o de la venta de bienes que justifican la adquisición de todos ellos”.
“Pudimos justificar uno por uno todos los bienes que nos pidió el fiscal. Como defensor, uno tiene la satisfacción de haber intuido y preparar una defensa que fue muy detallada”, dijo Ortiz Pellegrini.
Fuentes de la Justicia con acceso al escrito que presentó Ortiz Pellegrini disienten: “Explica un poco la trazabilidad de los inmuebles y no dice nada de lo relevante: los precios”. Esa es la tarea que se avecina en la investigación judicial: trazar la ruta del dinero con el cual fueron adquiridos los siete inmuebles.
En la fiscalía celebran que los ingresos de González son fáciles de contabilizar: el salario del Estado provincial y los contratos de alquiler. Entienden que la cuenta será simple.
Sin embargo, aclaran, esperarán la tasación. También deben aguardar que la Unidad de Información Financiera responda si González tiene otros bienes adquiridos en los últimos 20 años, además de los siete identificados.
Por ahora, González seguirá detenido en su casa, al menos hasta que la Cámara Federal de Apelaciones revise la medida dispuesta por el juez Vaca Narvaja a pedido del fiscal Hairabedian.
Mientras espera los peritajes contables y el informe de la Unidad de Información Financiera, el fiscal comenzará a analizar el escrito que presentó González justificando las operaciones inmobiliarias. “Resta recibir los informes para determinar si hay más inmuebles y analizar el peritaje con los valores reales, de mercado, de las propiedades que están bajo investigación”, explicó el fiscal federal.
La causa que tiene preso a González no está vinculada al siniestro vial que protagonizó en exlegislador el 29 de octubre de 2022. La investigación es por un supuesto lavado de activos que denunció la legisladora provincial Luciana Echevarría.
¿Pelea por la competencia?
Fuentes de la causa advirtieron que podría desatarse una pelea por la competencia: ocurre que la denuncia contra González tiene dos patas. El fiscal provincial Franco Mondino debe investigar un eventual enriquecimiento ilícito, mientras que la Justicia federal avanzó sobre el delito de “lavado de activos”. Hipotéticamente, el enriquecimiento ilícito sería el delito precedente del lavado de dinero.
En el caso de que prospere la investigación en la Justicia provincial por enriquecimiento ilícito, será González quien deba probar su inocencia. Se trata de un caso único en el Código Penal, ya que se invierte la carga de la prueba.
Respecto de la ampliación de denuncia presentada por Luciana Echevarría por una casa en Florida (Estados Unidos) a nombre de un Oscar F. González, ninguna prueba en el expediente indica hasta ahora que se trata del exlegislador. Su defensa, incluso, aportó que el nombre del propietario de la casa en Weston, Florida, sería Oscar Fernando González, no Félix, como es el segundo nombre del exfuncionario cordobés. También anticipó que demandará a la legisladora denunciante.
En la Justicia federal, no hay plazos para resolver la situación de González. En el medio, talla la apelación que hará la defensa a la detención domiciliaria del exlegislador. Luego de que evalúe las pruebas, el fiscal podrá solicitar el procesamiento de González o dictar la falta de mérito. Fuentes con acceso al expediente recuerdan que al fiscal Hairabedian le demandó unos seis meses formular la imputación.
