La decisión del oficialismo provincial de abrir en la Legislatura de Córdoba el debate a un proyecto con regulaciones sobre las protestas en Córdoba generó en las últimas horas el rechazo de las organizaciones sociales y sindicales. Calificaron a la propuesta de “antidemocrática e inconstitucional”.
El proyecto de la legisladora justicialista Nadia Fernández comenzará este jueves, a las 14, a ser debatido en la Comisión de Seguridad y apunta a una modificación del Código de Convivencia Provincial.
Los cambios establecen que las organizaciones deberán acordar previamente, en caso de una protesta, con el Ministerio Público Fiscal y que no podrán manifestar en puentes, avenidas o arterias principales. De lo contrario, se fijarán sanciones, como trabajo comunitario, multas pecuniarias y hasta tres días de arresto.
Esta propuesta comenzará a tratarse junto con el proyecto del libertario Agustín Spaccesi, que plantea una ley que impida las protestas; además de una iniciativa del radical Dante Rossi que fija que en un sector de la ciudad de Córdoba los manifestantes queden impedidos para movilizarse.
Echevarría: “Se creen emperadores”
La legisladora de la izquierda Luciana Echevarría (MST-FITU) fue una de las primeras parlamentarias provinciales en rechazar la propuesta y apuntó al gobernador Martín Llaryora y al ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros.
“Se creen emperadores. Como no les gusta el fallo de la Justicia que absuelve a los manifestantes porque no cometían ningún delito (en relación a una resolución de la Cámara de Acusación), van a la Legislatura a ver si ahí pueden imponer su deseo de prohibir cualquier manifestación, sobre todo las de los trabajadores que este gobierno mantiene en la miseria, como los del Hospital Rawson”, expresó la legisladora.
“Y en la Unicameral encontraron a más de uno dispuesto a cercenar derechos a los trabajadores; los radicales, el PRO, La Libertad Avanza y el propio bloque oficialista se pelean por ver cuál es más de derecha”, agregó.
“Antidemocrático y anticonstitucional”
Por su parte, las centrales sindicales de Córdoba, CGT Córdoba, CGT Regional Córdoba, CTA-T y CTA-A- y la Unión Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (Utep) también expresaron su “repudio y rechazo al proyecto” presentado por justicialismo y “a las expresiones vertidas por el ministro de Seguridad”. “Son inadmisibles expresiones antidemocráticas y anticonstitucionales. Además, los legisladores de Córdoba no tienen facultad alguna para debatir y resolver sobre un derecho constitucional”, manifestaron.
“Nuestro rechazo al proyecto del Ejecutivo encuentra fundamento en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que señala que las protestas callejeras, los cortes de vías de comunicación o las reuniones públicas son el único mecanismo disponible para amplios sectores de la sociedad que no tienen o ven enormemente dificultado el acceso a los medios de comunicación masiva”, agregaron.
“El bloque legislativo de Hacemos Unidos por Córdoba y el ministro de Seguridad deberían proponer soluciones a las consecuencias económicas y sociales que el plan del Gobierno nacional está produciendo a las y los argentinos”, insistieron.
También afirmaron que “hay un desconocimiento de las luchas del movimiento obrero en Córdoba”. “Se olvidan que existe una ley aprobada en la Legislatura en la que se incorporó al Cordobazo como el Día de las Luchas Populares y como tema curricular en la educación formal. Es un verdadero absurdo”, resumieron respecto de la apertura del debate en la Legislatura.
“Cercenan el derecho a la protesta”
Desde el Foro por la Libertad, la Democracia y los Derechos Humanos de Córdoba también cuestionaron la iniciativa. “Rechazamos el proyecto del Gobierno de Córdoba porque pretende, en sintonía con el Gobierno de Milei, cercenar el derecho humano a la protesta garantizado por la Constitución”, expresaron.
“Nuestro rechazo al proyecto de la legisladora Fernández se fundamenta en las numerosas disposiciones de leyes internacionales, junto a las propias constituciones nacional y provincial, que garantizan el derecho a peticionar ante las autoridades... Repudiamos la propuesta de encarcelar arbitrariamente a quienes se manifiesten ejerciendo un derecho constitucional”, cuestionaron.
También denunciaron que existe “insensibilidad social”. “¿Van a detener a quien busque comida en la basura? La crueldad no sólo es patrimonio del gobierno de Milei, el cordobesismo también la tiene. No es la primera vez que el Gobierno de Córdoba aplica recetas represivas en sus disposiciones y accionar... Repudiamos el cercenamiento del derecho constitucional a la protesta", señalaron.
