Tras más de un mes sin actividad en el recinto, la Cámara de Diputados se prepara para una sesión especial el próximo miércoles 6 de agosto al mediodía, convocada por un amplio arco opositor que busca debatir iniciativas sensibles para las provincias y el sistema universitario.
Entre ellas, se destacan el proyecto de distribución automática de los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN) y la reforma de la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos, ambas con media sanción del Senado y respaldo de los gobernadores.
El pedido formal ingresó con las firmas de los jefes de bloque Germán Martínez (Unión por la Patria), Pablo Juliano (Democracia para Siempre), Emilio Monzó (Encuentro Federal), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y Sergio Acevedo (Por Santa Cruz), además de más de 20 diputados de distintas bancadas.
El objetivo político es claro: obligar al oficialismo a abrir el debate y fijar posición sobre proyectos que impactan directamente en las arcas provinciales.
Los ATN son transferencias discrecionales del Poder Ejecutivo nacional que se utilizan para asistir financieramente a las provincias en casos de emergencia o desequilibrios.
El proyecto impulsado por los gobernadores y aprobado en el Senado, propone automatizar su reparto, con criterios objetivos y proporcionales, reduciendo el margen de discrecionalidad política.
Para la oposición, el tratamiento de este tema es prioritario. Sin embargo, al no tener dictamen en la Cámara baja, será necesario conseguir los dos tercios de los votos para habilitar su debate sobre tablas.
De no lograrlo, se buscará emplazar a la Comisión de Presupuesto para que emita dictamen en un plenario el martes 12 de agosto.
Una estrategia similar se prevé para la reforma del impuesto a los combustibles líquidos, que también beneficiaría a las provincias al modificar la distribución de esos recursos.
El escenario parlamentario es complejo. Para iniciar la sesión, la oposición debe garantizar 129 diputados presentes y sostener ese número a lo largo de un temario extenso. Según fuentes opositoras, hay un piso de 130 votos asegurados para dar quórum y aprobar, al menos, el financiamiento universitario y la emergencia del Hospital Garrahan, que figuran al tope de la agenda.
Pero en otros temas, como los ATN y el impuesto a los combustibles, la llave está en conseguir apoyos adicionales para alcanzar la mayoría especial.
En paralelo, la sesión especial incluirá el tratamiento de la emergencia y zona de desastre en Bahía Blanca (vetada por el Poder Ejecutivo y rechazada por el Senado), además de mociones para destrabar la comisión investigadora sobre la criptomoneda Libra y el emplazamiento de proyectos como el nuevo régimen de salud mental, la emergencia en ciencia y tecnología, y una ley sobre Alzheimer impulsada por Facundo Manes.
En el plano político, la cita será una prueba de fuego para el oficialismo. La Libertad Avanza logró recientemente ordenar sus filas con el interbloque Liga del Interior, integrado por radicales afines, y sumar respaldo del PRO y de un sector del radicalismo que responde a Rodrigo de Loredo.
No obstante, persisten tensiones con legisladores cercanos a gobernadores, como los tucumanos de Independencia o los misioneros de Innovación Federal, cuya postura será decisiva en votaciones clave.
Garrahan y otras iniciativas
En lo que respecta al Garrahan, la iniciativa busca declarar la emergencia sanitaria del hospital pediátrico para garantizar el financiamiento de sus servicios, recomponer salarios del personal y asegurar la continuidad de la atención a niños de todo el país.
Aunque relevante, este punto aparece en segundo plano frente a la disputa central por los recursos federales y el control de su asignación.
El tratamiento de los ATN genera especial expectativa entre las provincias. Actualmente, estos fondos dependen de la decisión del Ministerio de Economía y su entrega no sigue un mecanismo automático, lo que ha dado lugar a reclamos por presunto uso político.
La propuesta de distribución automática, respaldada por mandatarios de distinto signo político, apunta a transparentar el sistema y dar previsibilidad a las finanzas provinciales.
De acuerdo con legisladores que impulsan el proyecto, su aprobación representaría un cambio estructural en la relación fiscal entre Nación y provincias, equiparable a una reforma de la coparticipación.
En ese sentido, advierten que no tratarlo antes de fin de año podría dejar a las jurisdicciones en una situación de alta dependencia financiera del Ejecutivo nacional.
El debate sobre la coparticipación del impuesto a los combustibles tiene un alcance similar. Hoy, una parte de lo recaudado se distribuye entre Nación y provincias bajo un esquema que la iniciativa busca modificar para aumentar el porcentaje que va a los distritos.
Este cambio, afirman sus defensores, permitiría reforzar la inversión en infraestructura vial y transporte en las provincias, sin necesidad de ampliar la presión tributaria.
Prueba de fuego
Para el oficialismo, la sesión del miércoles será la primera gran prueba de resistencia ante una ofensiva opositora coordinada.
La estrategia libertaria buscará bloquear el tratamiento de los temas más sensibles, en especial aquellos que limitan el margen de maniobra del Poder Ejecutivo para administrar fondos.
Sin embargo, si la oposición logra el quórum y mantiene la cohesión en votaciones clave, podría imponer su agenda.
En el cierre de la semana previa, las distintas fuerzas opositoras coincidieron en que el punto central de la sesión será la capacidad de alcanzar y sostener el quórum.
“Ese es el verdadero campo de batalla”, señaló un legislador de peso en el armado parlamentario. Una vez conseguida la presencia necesaria, el desafío será evitar deserciones en el transcurso del debate, que se anticipa largo y cargado de tensión política.
