El gobierno de Javier Milei oficializó una transformación estructural profunda de las fuerzas federales mediante la reforma de sus leyes orgánicas.
Estas modificaciones impactan directamente a la Gendarmería Nacional (GNA), la Prefectura Naval Argentina (PNA), la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el Servicio Penitenciario Federal (SPF), introduciendo cambios significativos en sus estructuras y funciones.
Esta serie de reformas fue concretada a través de cuatro decretos publicados en el Boletín Oficial este martes, estratégicamente un día antes de que vencieran las facultades delegadas que el Congreso le había otorgado al Presidente Javier Milei al aprobar la Ley Bases.
Las normativas, que llevan las firmas del Presidente, Guillermo Francos y Patricia Bullrich, tienen como objetivo primordial dotar a estas fuerzas de herramientas más modernas, eficaces y profesionales.
Es importante destacar que todas las fuerzas tienen un plazo de 90 días para presentar al Ministerio de Seguridad los proyectos de adecuaciones normativas que consideren pertinentes.
Qué pasa con Gendarmería Nacional
El Decreto 454/2025 marca un antes y un después para la Gendarmería Nacional, aprobando un nuevo estatuto.
Más allá de su rol tradicional en las zonas de frontera, la fuerza ahora tendrá la capacidad de actuar en el ciberespacio y combatir el ciberterrorismo.
Además, podrá participar activamente en misiones internacionales y asumir la protección de embajadas.
La GNA también presentará una nueva estructura con dependencias renovadas, reglas de ascensos actualizadas y mayores atribuciones en investigación criminal e inteligencia, para lo cual tendrá acceso a bases de datos tanto públicas como privadas.
Qué pasa con Prefectura Naval Argentina
Las modificaciones establecidas por el Decreto 457/2025 en la Ley N°18.398, que define la misión y funciones de la Prefectura Naval Argentina, refuerzan su rol.
La Prefectura ahora ejercerá el servicio de Policía de Seguridad de la Navegación, Policía de Prevención de la Contaminación proveniente de buques, Policía de Seguridad y Protección Marítima, Policía Judicial, y la Jurisdicción Administrativa de la Navegación, entre otras atribuciones.
La normativa enfatiza la aplicación de principios como celeridad, economía, sencillez, eficacia y eficiencia, además de la evaluación de costo-beneficio, impacto económico y las buenas prácticas internacionales en el ejercicio de sus potestades regulatorias y administrativas.
Los cambios en la Policía de Seguridad Aeroportuaria
El Decreto 456/2025 introduce cambios significativos en la estructura, funciones y régimen del personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Más allá de su deber tradicional, la PSA tendrá ahora como misión clave la protección de la Seguridad del Estado en el ámbito jurisdiccional aeroportuario.
A pedido del Ejecutivo Nacional, también podrá brindar otros servicios relacionados con la seguridad interior e incluso asumir la responsabilidad primaria de la seguridad en el transporte.
Entre sus funciones ampliadas, se destaca la prevención de delitos atentatorios contra la seguridad aeroportuaria y la aviación civil mediante investigaciones, análisis e inteligencia criminal proactiva, guiada por información, y siempre como auxiliar de la Justicia y en el marco de políticas definidas por el Ministerio de Seguridad Nacional.
Los cambios en el Servicio Penitenciario Federal
Finalmente, el Decreto 455/2025 reemplaza el marco normativo del Servicio Penitenciario Federal.
El Gobierno consideró que esta modernización era indispensable para optimizar su funcionamiento, fortalecer la seguridad en los establecimientos penitenciarios, mejorar las condiciones de trabajo de sus funcionarios y promover su profesionalización y bienestar.
Asimismo, busca garantizar el respeto de los derechos de las personas privadas de la libertad, implementando un servicio renovado y eficiente acorde con las exigencias actuales.
La normativa también instruye al Ministerio de Seguridad Nacional a gestionar la desafectación del uso penitenciario de inmuebles situados en zonas urbanas y su posterior reubicación.
La cartera liderada por Patricia Bullrich será responsable de desarrollar, implementar y ejecutar un Plan de Infraestructura Penitenciaria
