Los salarios de los trabajadores privados formales e informales perdieron por paliza contra la inflación en julio, profundizando la tendencia de fuerte retracción para los ingresos de las familias y su poder de compra, lo que podría mantenerse por un largo tiempo frente a un escenario con inflación proyectada del 100% para el año.
En julio, el promedio de salarios del país subió 5,5%, contra una inflación del 7,4%. En lo que va de 2022, los ingresos de los trabajadores acumulan un alza del 41,8%, contra una inflación del 46,2%.
Y en los últimos doce meses, la inflación del 71% derrota a los salarios, que avanzaron al 68,7% en promedio.
Si se desagrega el indicador salarial que reporta el Indec se observa que en el último año los trabajadores estatales son los únicos que le ganaron a la inflación, con un 74,7%. Con 68,7%, los del sector privado registrado quedaron por detrás.
Pero el peor escenario se configura para aquellos trabajadores privados informales (que además no tienen beneficios de la seguridad social): sus ingresos aumentaron 58,9% en doce meses, 12,1 puntos porcentuales por debajo de la inflación.
Los trabajadores privados informales se están empobreciendo a un ritmo alarmante: la canasta básica alimentaria –que define el umbral de la indigencia- había subido 70,6% anual hasta julio, casi doce puntos más que los ingresos de este sector.
Los datos muestran con claridad que en 2022 se agravó sobremanera la situación para los trabajadores informales –entre los que están los ingresos más bajos-: en siete meses, los ingresos subieron 31,7%, contra una inflación del 46,2%.
Al margen de lo que paga el Estado, no parece haber manera para que el sector privado reporte ingresos que vayan en línea con los niveles actuales de inflación (la de julio fue la más alta para ese mes en 20 años).
A juzgar porque solo un puñado de paritarias se están revisando, la situación se habría agravado durante agosto (que tuvo una inflación oficial del 7%) y este mes. Según la Fundación Libertad y Progreso, la inflación de septiembre cerró en 6,9%.
Por la aceleración inflacionaria de mitad de año es que los especialistas señalan que el índice de pobreza del segundo semestre –que se conocerá en marzo de 2023, antes de las elecciones- será mucho más alto que el 36,5% del primero.
Eugenio Marí, economista jefe de LyP comentó que Argentina ingresó decididamente en un nuevo régimen inflacionario, con el nivel de precios corriendo al 7% mensual por tercer mes consecutivo en septiembre.
“Y no hay señales de que se vaya a desacelerar. En septiembre el Banco Central aumentó su deuda remunerada en $1,3 billones, lo que lleva a que el total de deuda remunerada devengue $480.256 millones mensuales. Si a esto sumamos un Estado con déficit fiscal, pocas razones para pensar en una desaceleración de la emisión y de los precios”, dijo Marí.
Por otro lado, agregó que los alimentos aumentaron al mismo ritmo que el índice general, lo cual presionará aún más sobre el dato de pobreza del segundo semestre, “que subirá respecto al que publicó el Indec esta semana”.
En 33 meses de gestión (pandemia de por medio) la gestión de Alberto Fernández ya acumuló 243,6% de inflación y se encamina a superar ampliamente en el mandato los 295,7% de Mauricio Macri, récord desde la salida de la hiperinflación a principios de los años 90.
Fernando Marull, director la consultora financiera FMyA, calculó que el salario real promedio del país está 20,5% debajo de finales de 2015, mientras que el empleo privado se desplomó con la pandemia y ya recuperó todo lo peridido, ubicándose por lejos en el nivel más alto en cinco años. Es decir, hay más trabajadores, pero estos son más pobres.
La reacción del Gobierno
Sergio Massa, ministro de Economía desde agosto, espera que la inflación baje fuertemente en 2023 (de 100% a 60% o más abajo) producto del ajuste fiscal que está implementando para estabilizar la macro y reducir la impresión de moneda. Pero no solo eso.
Cristina Kirchner habló dos veces el miércoles con Massa. Y luego publicó un mensaje en el que acusa a las empresas alimenticias de haber aumentado muy fuerte sus márgenes de rentabilidad. Por eso, pidió “una política de intervención más precisa y efectiva”.
La vicepresidenta también pidió “diseñar un instrumento que refuerce la seguridad alimentaria en materia de indigencia”. El gobierno lo tiene listo y lo anunciará en pocos días: pagará un bono a 2 millones de trabajadores informales pobres que no tienen Asignación Universal ni Tarjeta Alimentar.
Gabriel Rubinstein, secretario de Política Económica, coincide con el diagnóstico de Cristina Kirchner y cree que hay fundamentos para que la desaceleración sea muy fuerte. El economista dijo este jueves que el impulso monetario de origen fiscal previsto para 2023 sería compatible con una inflación del 40% anual.
Para intentar confluir a esas proyecciones, dijo Rubinstein, desde el Gobierno actuarán “para mejorar el sistema cambiario, cuyo desorden facilitó suba de márgenes brutos empresariales exageradamente, y sobre los factores de inercia”.
“Atacando inercia inflacionaria y procurando una razonable caída de márgenes empresariales, podremos lograr que la inflación real se acerque a la “teórica” (del 40%, dada por el impulso monetario de origen fiscal)”, comentó el funcionario.
En ese sentido, consideró que si el Congreso mejorase el Presupuesto eliminando el déficit fiscal primario a través de la separata que suprime regímenes impositivos especiales, esto brindaría una gran herramienta para que se pueda volver a obtener “una inflación normal, del orden 10% anual, en menos tiempo de lo que casi todos creen”.
Rubinstein dijo que el exceso de demanda agregada que provoca el déficit fiscal seguirá impulsando una alta inflación. Por eso, actuando sobre la inercia y sobre márgenes (bajando brecha cambiaria, acuerdos y otras acciones), se podría pasar inicialmente de un IPC del 90% a uno del 60%. “Es sólo un primer paso”, afirmó el funcionario.
