En Córdoba, en los últimos años se dieron varias situaciones de funcionarios provinciales o municipales denunciados por acoso o violencia de género con causas hoy abiertas en la Justicia, algunos incluso con imputaciones y con procesos ya elevados a juicio.
En total, suman ocho los casos más relevantes que se difundieron, en su mayoría, de funcionarios provinciales o municipales que decidieron renunciar o fueron apartados de la administración pública debido a estas denuncias. Sólo uno decidió no dimitir.
Gustavo Folli
Uno de los casos más resonantes es el de Gustavo Folli Pedetta, exjefe de Bomberos, exsubjefe de Policía y más recientemente director de Defensa Civil de la Municipalidad de Córdoba, quien en diciembre de 2023 fue detenido por ser considerado parte de la asociación ilícita que proveía de certificados “truchos” de Bomberos a comercios, grandes superficies y otras locaciones. En el transcurso de esa investigación también fue imputado por ejercer violencia de género contra su expareja.
En marzo pasado el fiscal Guillermo González confirmó su prisión preventiva. La investigación se centra en una supuesta estructura delictiva conformada por un grupo de policías comando por Folli, que montó “una oficina paralela” para expedir habilitaciones a establecimientos que no cumplían las normas.
Pero la Fiscalía le sumó gravísimas imputaciones en el marco del vínculo personal y laboral con su ex pareja Eva María Molinelli Torres, quien habría sufrido tanto violencia de género como perjuicios reiterados en el ámbito laboral. La mujer también denunció haber sido obligada a practicarse un aborto.
Diego Concha
Uno de los casos más conmocionantes es el del exdirector general de Protección Civil del Gobierno de la Provincia, Diego Concha, quien a pedido del Gobierno provincial renunció a su cargo en noviembre de 2021, un día antes de ser detenido por abuso sexual.
La víctima fue la rescatista y bombero Luana Ludueña Caminos, quien en enero de 2022 se quitó la vida. Tras ese hecho, la imputación a Concha sumó la figura de homicidio. Luana había denunciado que fue abusada por Concha cuando era su jefe en la fuerza.
Para el 31 de julio próximo se encuentra fijada la primera audiencia del juicio por jurados populares. La acusación que enfrenta Concha es muy grave, al punto que puede costarle la prisión perpetua, única pena posible para un homicidio calificado.
Está imputado de “homicidio con motivo del abuso sexual con acceso carnal calificado por haber sido cometido en abuso de sus funciones y por mediar un contexto de violencia de género”.
Juan Ledesma
En octubre de 2023, se conoció también que la Cámara Primera del Crimen de Córdoba será la encargada de juzgar al exdirector del Hospital de Niños y excoordinador del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Francisco Ledesma, por presunto abuso sexual con acceso carnal y privación ilegítima de la libertad calificada contra su expareja.
El juez de Control N° 3, Agustín Cafferata, fue quien confirmó el pedido de elevación a juicio que la fiscal Ingrid Vago había solicitado en junio de 2023, la defensa apeló ante la Cámara de Acusación.
Ledesma fue imputado por abuso sexual con acceso carnal y privación ilegítima de la libertad. Su expareja lo había denunciado por violación. La ministra de Salud de ese momento, Gabriela Barbás, le pidió la renuncia en septiembre 2022, cuando se desempeñaba como director del Hospital Niños.
Francisco Flores
Otro de los casos es el del exjuez civil y comercial Francisco Martín Flores, destituido en junio de 2023 por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia de Córdoba. La medida se adoptó por unanimidad, tras un pedido de juicio por violencia de género y abuso sexual en perjuicio de una de sus exparejas.
El tribunal lo desplazó por “mal desempeño” y “posible comisión de delitos”. Quedó habilitado el trámite para que Flores sea juzgado por un tribunal penal en octubre próximo.
Alfonso Mosquera
En noviembre de 2023 el entonces legislador provincial y exministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, solicitó su licencia en la banca y el descuento de sus haberes hasta tanto se expidiera la Justicia tras haber sido denunciado por violencia de género por una joven suboficial de la Policía.
La Fiscalía de Violencia de Género y Familiar de segundo turno dispuso imputarlo por “los delitos de lesiones leves doblemente calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género y el delito de amenazas calificadas”.
No se ordenó su detención. Mosquera en el ámbito de la Legislatura decidió apartarse antes de que sus pares le plantearan una cuestión de privilegio.
Martín Gill
El ex intendente de Villa María y actual ministro de Cooperativas y Mutuales, Martín Gill, es otro de los funcionarios de la adminstración pública acusado y además es el único que fue designado y continúa en su cargo mientras se lleva adelante el proceso judicial.
La Fiscalía de Instrucción del Segundo Turno de Villa María, a cargo de Juliana Companys, pidió en marzo de este año la elevación a juicio de la causa. La acusación es por lesiones leves calificadas por vínculo y por violencia de género.
En sus declaraciones, el ministro ratificó su inocencia en relación con los cargos presentados en su contra. Durante más de cinco horas, Gill amplió este año su testimonio ante la fiscalía, reafirmando su posición de inocencia.
Gabriel Bermúdez
En marzo de este año, se conoció la imputación a Gabriel Bermúdez, el exsecretario de Transporte municipal. En este caso, debió renunciar a su cargo por pedido del intendente de Córdoba, Daniel Passerini. La renuncia se conoció luego de que trascendieran las acusaciones por supuesto acoso sexual por parte de empleadas que dependían directamente de Bermúdez.
El exfuncionario está imputado por “abuso sexual simple”. En total, trascendieron dos denuncias de agentes municipales. Existiría otra denuncia en Buenos Aires.
Claudio Farías
La última elevación a juicio que se conoció en Córdoba fue la del exintendente de Cruz del Eje Claudio Farías por el presunto delito de lesiones leves en el contexto de un hecho de violencia de género que se investiga en la Justicia.
La denuncia fue radicada por quien habría sido su pareja. Así lo confirmaron fuentes judiciales con acceso a la causa, que indicaron que la imputación es por lesiones leves calificadas por el vínculo.
El juez Rogelio Archilla fue quien confirmó días atrás la elevación a juicio de la causa. La investigación estuvo en manos del fiscal Raúl Ramírez.
