Hasta la tarde del lunes continuaban exponiendo los fiscales en la etapa de los alegatos del juicio oral por la obra pública (conocida como Causa Vialidad), en el que, entre otros, están siendo juzgados la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, y el empresario Lázaro Báez.
Los fiscales coincidieron en afirmar que durante los gobiernos kirchneristas funcionó “dentro de la administración nacional” una “de corrupción”, con forma de asociación ilícita integrada por altos funcionarios y empresarios ligados a la obra pública.
El fiscal federal Diego Luciani, en su alegato, dijo que están acreditados los delitos por lo que pedirá la condena de los enjuiciados.
El juicio se desarrolla por videoconferencia y los doce acusados, entre ellos la vicepresidenta, siguieron la audiencia de manera virtual.
Qué dijo Diego Luciani
Poco antes de las nueve de la mañana, el fiscal Luciani empezó su alegato frente al Tribunal Oral Federal (TOF) 2 de Comodoro Py.
El fiscal criticó el papel de la Unidad de Información Financiera (UIF), que pidió la absolución de la Cristina Kirchner en julio pasado, al iniciarse los alegatos.
Luciani acusó a la UIF de “tergiversar de manera grosera la prueba”.
“Este ministerio Público da por acreditado que entre 2003 y 2015 funcionó en el seno del Estado una asociación ilícita de características singulares. Se trató de una organización que con una figura de espejo replicó en la clandestinidad un organigrama del Estado. Se trató de una asociación ilícita piramidal que tuvo en su cúspide a quienes fueron jefes de estado y de la que participaron diversos funcionarios públicos que en paralelo al plano legal pero valiéndose de sus competencias prestaron los aportes necesarios”, dijo el fiscal.
Luciani contó que poco antes de mayo de 2003, cuando Néstor Kirchner asumió como presidente de la Nación, Lázaro Báez fundó Austral Construcciones.
Agregó, además, que Báez, antes, solo había sido “cajero de un banco” y que de la nada se hizo empresario de la construcción.
“Delinearon el plan con tanto detalle que crearon la empresa constructora que le daría continuidad a la maniobra”, acusó el fiscal, que calificó de “amigos íntimos” a Néstor Kirchner y Báez.
El fiscal Luciani también mencionó a Julio de Vido, a José López (ex Secretario de Obras Públicas), Carlos Kirchner (exfuncionario), y Néstor Periotti (extitular de Vialidad Nacional, entre 2007 ny 2015).
“Se exportó una estructura desde el gobierno de Santa Cruz al gobierno nacional”, dijo el otro fiscal, Sergio Mola, al referirse cómo se replicó en el organigrama el Estado nacional el esquema diseñado en la provincia patagónica durante las gobernaciones de Néstor Kirchner.
Causa Vialidad: qué pasó el lunes
Los alegatos comenzaron el 11 de julio y fueron retomados después de la feria judicial de invierno. Los jueces del TOF 2, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, esperan llegar a un veredicto antes de fin de año.
En su alegato, el fiscal Luciano mostró mensajes de Whatsapp de José López, en los que figura una coordinación de pagos de obras a Lázaro Báez.
“José atendeme un minuto. Gracias. Es para coordinar con lo que me dijo la señora. Gracias!”, dice uno de los mensajes de Lázaro Báez a López.
Esta prueba, dijo el fiscal, era desconocida hasta ahora. “Plan limpiar todo”, dijo Luciani, que también involucró a Máximo Kirchner y a Axel Kicillof, último ministro de Economía de la segunda presidencia de Cristina Kirchner.
Los mensajes que ahora se suman a la prueba fueron extraidos del teléfono móvil de López, después de que fuera detenido en junio de 2016, al procurar esconder nueve millones de dólares en un convento de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires.
“Las comunicaciones nos permiten reconstruir en detalle cómo se coordinaron los pagos y los despidos de los empleados de Lázaro Báez. Lázaro Báez era Néstor Kirchner, era Cristina Kirchner. Nos sorprendió que esta nunca hubiera salido a la luz. Analizamos 26 mil mensajes”, apuntó el fiscal.
Qué se investiga en la causa de la obra pública
En la causa se debate si el empresario Lázaro Báez resultó beneficiado con la adjudicación de 51 obras públicas viales en Santa Cruz durante las gestiones kirchneristas y si hubo sobreprecios, demoras injustificadas o trabajos inconclusos.
Además de la vicepresidenta, son juzgados el propio Báez, dueño de “Austral Construcciones”; el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el exsecretario de Obra Pública José López.
También son juzgados exfuncionarios de Vialidad Nacional y de la delegación de Santa Cruz de ese organismo, entre ellos Carlos Kirchner, Mauricio Collareda y Abel Fatala.
Según la acusación fiscal, empresas pertenecientes al grupo “Austral Construcciones” de Báez resultaron adjudicatarias de 51 obras públicas viales en esa provincia del sur del país con supuestos sobreprecios y falta de capacidad para llevarlas adelante.
La Oficina Anticorrupción (OA) era querellante en la causa pero desistió de ese rol y de presentar acusación, por lo cual tras la presentación de la fiscalía llegará el turno de las defensas.
El juicio comenzó el 21 de mayo de 2019: declararon 114 testigos en 117 audiencias y tuvo una suspensión de casi medio año en 2020 por la pandemia de Covid-19.
Al prestar declaración indagatoria al inicio del debate, y cuando todavía era presencial, Cristina Fernández de Kirchner negó su responsabilidad en el caso, sostuvo que “fue un plan ideado por el Gobierno saliente” de Mauricio Macri y que la causa “forma parte del lawfare”.
La estructura de la maniobra se basó en una presunta “operatoria criminal”. La misma se conformó desde diversos “organismos estatales vinculados a la obra pública” que tuvo como finalidad “la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional (casi el 80%) de las obras viales adjudicadas en Santa Cruz”.
Ese conjunto de obras, el 11% del presupuesto general de Vialidad Nacional, terminó en manos del holding de Báez gracias a un esquema “de beneficios exclusivos”. La imputación sostiene que el dueño del Grupo Austral se convirtió en el “empresario de obra pública vial más beneficiado” por las “gestiones kirchneristas”. Hay dos números que sustentan esto: su patrimonio creció un 12.000% y el de su empresa, un 46.000%, según los informes tributarios.
