Con una audiencia programada para las 9.30, comienza este jueves ante el Tribunal Oral Federal Nº 7 el juicio oral por la llamada “Causa Cuadernos”. El juicio, por el que estará en el banquillo de los acusados la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, 21 exfuncionarios y 65 empresarios, podría convertirse en el mayor proceso judicial por corrupción de la historia argentina.
Será virtual y se extenderá, por lo menos, hasta finales de 2027.
Se trata de una megacausa que investiga un presunto sistema de recaudación de coimas desde el Estado Nacional a empresas beneficiarias de contratos de obra pública y otros servicios, entre 2003 y 2015, cuando Cristina y Néstor Kirchner fueron presidentes.
La causa se originó en 2018, cuando gobernaba Mauricio Macri, a partir de los cuadernos escritos por Oscar Centeno, chofer de Roberto Baratta, exfuncionario del Ministerio de Planificación, por ese entonces bajo el comando de Julio De Vido.
En esos cuadernos, Centeno relataba supuestos traslados de bolsos con dinero. Su testimonio fue luego respaldado por la declaración de otros imputados que se acogieron a la figura del arrepentido.
Los detalles de estos cuadernos fueron revelados en agosto de 2018 por el periodista Diego Cabot, que aportó esos materiales a la Justicia antes de su publicación.
Centeno aseguró en su momento que presenció decenas de entregas de dinero en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires, muchas veces dirigidas hacia la residencia presidencial de Olivos, el departamento de los Kirchner en la calle Uruguay, o directamente a oficinas del Ministerio de Planificación. Entre sus anotaciones, incluso, figura un episodio en el que Cristina Fernández los habría instruido personalmente a De Vido y Baratta para continuar con la recaudación para las campañas.
De Bonadío a León
El expediente central (Nº 9608/2018), que fue instruido por el fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, dio lugar a otras seis causas conexas.
El volumen del expediente es monstruoso: a lo largo del juicio se prevé la declaración de 626 testigos, entre los que se cuentan exfuncionarios, empresarios, empleados administrativos, choferes y personas vinculadas al entorno más cercano de los acusados. La fiscalía estará encabezada por Fabiana León, acompañada por Paul Starc de la Unidad de Información Financiera (UIF).
La Corte Suprema de Justicia habilitó en octubre la realización del juicio, al rechazar más de 20 recursos presentados por las defensas de Cristina, De Vido y otros implicados, que cuestionaban la validez del expediente. El fallo permitió que el proceso oral y público, suspendido durante años, finalmente avance.
Entre los principales acusados figuran, además Ricardo Jaime, José López, Claudio Uberti, Carlos Wagner, Ernesto Clarens y mega empresarios del país como Ángelo Calcaterra, Aldo Roggio, Enrique Pescarmona y Cristóbal López. Algunos ya fueron condenados en causas conexas o paralelas por hechos similares.
Según la acusación, la expresidenta habría sido jefa de una asociación ilícita que recaudó sobornos en al menos 204 ocasiones. La figura penal de jefatura de asociación ilícita prevé una pena de entre 5 y 10 años de prisión. El cohecho pasivo (recibir coimas), entre 1 y 6 años. De Vido y Baratta aparecen como organizadores; otros como Jaime, Uberti o López, como miembros; y decenas de empresarios, como responsables de cohecho activo.
Durante la instrucción se firmaron 25 acuerdos de colaboración bajo la “ley del arrepentido”. Entre los que aceptaron declarar como arrepentidos figuran Centeno, López, Calcaterra, Wagner y Clarens. Si se retractan en el juicio, podrían enfrentar cargos por falso testimonio y perder los beneficios obtenidos. El propio López, recordado por el episodio de los bolsos en un convento, fue el primer exfuncionario en acogerse a esta figura.
En los últimos meses, varias defensas intentaron evitar el juicio presentando propuestas de “reparación integral” previstas en el artículo 59 del Código Penal. Empresarios como Calcaterra, Roggio y Pescarmona ofrecieron sumas millonarias. Clarens, incluso, ofreció un departamento y un yate en Miami como forma de compensación. La fiscal y la UIF rechazaron los pedidos y el Tribunal denegó los sobreseimientos. Para el Ministerio Público, “no se vende impunidad”.
La Fiscalía advirtió además sobre el bien jurídico afectado: el daño que se investiga excede lo patrimonial, ya que afecta bienes jurídicos supraindividuales como la probidad, la transparencia y la confianza institucional.
Cómo será el juicio de la Causa Cuadernos
El cronograma del juicio establece una audiencia semanal hasta marzo, cuando se agregarán reuniones también los martes. Hasta fin de año se leerán las acusaciones y requerimientos de elevación a juicio de las causas conexas. Luego vendrán las indagatorias. Las declaraciones de testigos se iniciarían en 2026, en un proceso que podría extenderse mucho más allá de 2027, dependiendo del ritmo del debate y de las estrategias de defensa.
En el kirchenerismo dicen que estos tiempos fueron orquestados cuidadosamente para llegar a las próximas elecciones presidenciales con Cristina nuevamente en un proceso por corrupción.
Por su volumen, el juicio se desarrollará de forma virtual mediante la plataforma Zoom y será transmitido por YouTube. La decisión responde a la imposibilidad logística de alojar físicamente a tantos imputados y testigos.
Cristina, que ya fue condenada en la causa Vialidad a seis años de prisión con inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, sigue cumpliendo esa condena bajo arresto domiciliario. Seguirá esta nueva instancia desde su departamento en la ciudad de Buenos Aires, acompañada por sus abogados. Para ella y su entorno, esta causa representa una continuidad del “lawfare” en su contra.
El término “lawfare” (guerra judicial) se convirtió en parte del discurso político del kirchnerismo tras la explosión de esta causa en 2018. Desde entonces, Fernández ha sostenido en múltiples oportunidades que las causas en su contra tienen un origen político y responden a intereses que buscan su proscripción. En este sentido, se espera que este juicio se convierta también en un nuevo escenario para esa disputa.
Acusación
La acusación afirma que se estableció un sistema de recaudación paralelo al funcionamiento institucional del Estado, con dos canales: uno directo entre funcionarios y empresarios, y otro mediado por operadores financieros como Clarens. El dinero, en su mayoría, era en efectivo y circulaba sin registros contables.
También se investigan delitos como cartelización de la obra pública, irregularidades en la adjudicación de corredores viales y contratos ferroviarios. El Ministerio Público sostiene que hubo una organización criminal con jerarquías definidas, estructuras de recaudación y distribución de fondos, y mecanismos para evitar los controles. En los expedientes aparecen referencias a “el club” que, según los testimonios, era una forma de nombrar al grupo de empresarios que pagaban para ser favorecidos.
El caso generó consecuencias políticas, institucionales y judiciales. Varias empresas sufrieron intervenciones, otras cambiaron de manos y algunos de los imputados fallecieron antes de llegar a esta etapa. Entre ellos, el financista Muñoz y el empresario Chediack. Otros, ya octogenarios, podrían pedir excusarse por razones de salud, lo que ralentizaría aún más el proceso.
El Tribunal está integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli. “Se trata de la investigación de hechos de corrupción más extensa que se ha realizado en la historia judicial argentina y sólo es comparable a unas pocas otras causas a nivel mundial”, dijo la fiscal León en un informe de casi 50 páginas que presentó la semana pasada.
“Vergüenza judicial”
El abogado Gregorio Dalbón, defensor de Cristina Fernández de Kirchner, sostiene que la Causa Cuadernos debe pasar “a la historia como la vergüenza judicial más grande que tuvo la democracia”. Según su interpretación, el proceso llegaría a juicio con la sentencia “ya escrita”, y lo que resta es la definición formal de cómo se expresará esa condena.
La defensa denuncia irregularidades que, a su juicio, afectan la validez misma del expediente. En particular, dijo que los cuadernos del chofer Oscar Centeno (pieza central de la acusación) habrían sido modificados en más de 1,500 oportunidades, con correcciones de nombres, fechas y direcciones. Ese elemento, argumenta Dalbón, “arrastra todo” el caso.
El abogado también afirma que empresarios involucrados declararon bajo presión, con amenazas de detención si no aceptaban acogerse a la figura del “arrepentido”. En esta lectura, el régimen de colaboración habría funcionado como un mecanismo de coacción: quien se declaraba inocente quedaba detenido; quien aportaba señalamientos contra funcionarios o empresarios obtenía beneficios procesales.
Desde esta perspectiva, la defensa insiste en la nulidad del proceso por presunta vulneración de garantías constitucionales. “Estamos trabajando en tribunales internacionales para que Argentina tome nota de que en algún momento quienes realizan estas maniobras tendrán consecuencias”, advirtió Dalbón, dejando ver una estrategia combinada entre planteos internos y reclamos ante organismos externos.
Otro punto cuestionado es la modalidad del juicio. La realización de audiencias por Zoom, en lugar de sesiones presenciales, sería, según Dalbón, una instancia que “disminuye derechos” y limita la posibilidad de control y transparencia.
