El Tribunal Oral Federal Nº 1 de Córdoba dictó este jueves una nueva sentencia en una causa central para la búsqueda de memoria, verdad y justicia.
Los jueces Facundo Zapiola, Cristina Giordano y Mario Martínez resolvieron condenar a prisión perpetua al exmilitar Osvaldo César Quiroga y a diez años de prisión al exagente policial Gustavo Rodolfo Salgado por delitos cometidos durante la última dictadura en la Unidad Penitenciaria N.º 1.
El tribunal consideró probada la responsabilidad de Quiroga como coautor de homicidios agravados por alevosía y pluralidad de partícipes en perjuicio de Miguel Hugo Vaca Narvaja, Gustavo Adolfo De Breuil y Arnaldo Higinio Toranzo.
Salgado fue hallado responsable de privación ilegítima de la libertad y torturas agravadas contra Luis Alberto Urquiza, detenido político alojado en la misma unidad.
Los crímenes ocurrieron entre abril y octubre de 1976, en uno de los capítulos más violentos del accionar represivo en Córdoba.
Ambos imputados permanecerán en libertad hasta que la sentencia quede firme. La decisión generó rechazo entre familiares de las víctimas y organismos de derechos humanos que asistieron a la lectura del veredicto.
Sobre este punto, el fiscal Facundo Trotta señaló que, debido a la gravedad de los delitos y a la magnitud de las penas solicitadas, correspondía ordenar el encierro preventivo. Pero confirmó que analizarán los fundamentos del tribunal, que se conocerán el 16 de diciembre.
El juicio revisó parte de los hechos ya abordados en el proceso “Videla/Menéndez” de 2010. En aquella instancia, tanto Quiroga como Salgado habían sido absueltos, pero la Corte Suprema de Justicia y la Cámara Federal de Casación Penal ordenaron realizar un nuevo debate al considerar que la valoración de la prueba no había sido adecuada. La nueva sentencia retoma aquellos expedientes y redefine responsabilidades.
Según la investigación, las víctimas fueron trasladadas desde la UP1 al centro clandestino de detención D2, ubicado en dependencias del Cabildo Histórico, donde fueron sometidas a torturas y posteriormente ejecutadas.
Los hechos fueron presentados entonces por el Ejército Argentino como “intentos de fuga” o “enfrentamientos armados”, bajo los lineamientos de la denominada “ley de fugas”.
A quince años del histórico juicio que condenó a Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez, esta sentencia suma un nuevo capítulo al camino judicial recorrido en Córdoba.
Con este fallo, la provincia acumula 19 juicios finalizados por delitos de lesa humanidad desde la reapertura de los procesos en 2008, en los que se condenó a más de un centenar de represores por secuestros, torturas, homicidios y desapariciones forzadas ocurridas entre 1975 y 1983.
La causa por los crímenes de la UP1 vuelve así a ocupar un lugar central en el registro de la justicia federal, en un proceso que continúa reconstruyendo responsabilidades y hechos ocurridos en el circuito represivo cordobés.
Los fundamentos del fallo serán difundidos en diciembre, conforme lo dispuso el tribunal.
