Mientras las piedras vuelan y las balas silban en las calles de Jujuy, mientras se multiplican las evidencias de un crimen macabro perpetrado desde la política en Chaco, el resto del país observa y comenta con sentido común: este es el país que nos espera desde el 11 de diciembre.
La frase es una conclusión de dos premisas que están implícitas: que el kirchnerismo tiene serias posibilidades de perder las elecciones, y que, en cuanto asuma un presidente de otro signo, le hará la vida imposible para impedirle gobernar.
Decir que lo que está ocurriendo en Jujuy y en Chaco es un presagio de lo que puede venir en diciembre es una previsión altamente probable. Pero es una afirmación que oculta lo más obvio: está ocurriendo hoy. Genera ahora un impacto sobre la política, la economía, la trama social. Incide ahora en el curso del año electoral. Influye desde ahora en la composición de la oferta partidaria; en el desarrollo de las tres campañas nacionales pendientes: primarias, generales y balotaje; impacta desde ahora en la demanda de nuevas legitimidades políticas.
Al crimen de Cecilia Strzyzowski y al estallido violento contra la asamblea constituyente de Jujuy los une con nitidez un contraste: todo lo que el kirchnerismo calla en Chaco lo dice a los gritos en Jujuy. En Chaco fue abrumador el silencio de los principales líderes del Gobierno nacional, de sus aliados en los organismos de derechos humanos, de las organizaciones que administran los fondos sociales. En Jujuy, recuperaron la voz.
Allí el estallido no fue espontáneo, sino oportuno. La discusión de la reforma constitucional venía precedida de un debate en el que el peronismo aportó sus votos para que el nuevo texto se aprobara con una sólida mayoría. Las cláusulas más controvertidas para los pueblos originarios fueron excluidas antes de que se produjeran los hechos más violentos, y el conflicto docente previo tenía más anclaje en un reclamo salarial que en la controversia por la regulación del derecho a la protesta. Faltaba que alguien le pusiera la firma a la maniobra: fue Cristina Kirchner, cuando vio que Alberto Fernández se le adelantaba en la narrativa oficial contra el gobernador Gerardo Morales.
La vicepresidenta viene describiendo el escenario económico y social como una reiteración de la crisis de 2001, descripción en la cual se excluye como responsable del actual gobierno. Para Cristina, decir que el país está como a principios de siglo es una coartada para situarse nuevamente en el momento fundacional del kirchnerismo. Es así como la inflación –según ella, no por su gobierno de hoy, sino por las secuelas de Mauricio Macri– es similar a la de los meses del corralito; que la economía bimonetaria está colapsando como en el derrumbe de la convertibilidad, y que muy probablemente todo concluya en un estallido social. No porque ella encienda la mecha, sino porque la proscriben para impedir que la apague.
Para ese razonamiento, generar en Jujuy una escalada violenta es totalmente funcional. Tanto como mirar para otro lado y exagerar en Chaco una cautela vaticana. Cristina puede aducir que la agresión en Jujuy fue liderada por la izquierda. Así como en Chaco el investigado es un personaje como Emerenciano Sena, que se autodenomina guevarista.
Trotsky, Cooke, Al Capone
En una de sus crónicas posteriores a la pedrea que se lanzó contra el Congreso Nacional en 2017, el escritor Jorge Fernández Díaz hizo una disección de esas coincidencias: “Estos progres absorben sin prejuicios a mafiosos y oportunistas de distinto pelaje. Trotsky y Cooke toman el té con Al Capone, y juntos urden la resistencia”.
Cristina sostiene que el pacto democrático está roto desde que un par de lúmpenes pergeñó un ataque alucinado contra su vida, sin que el aparato de inteligencia estatal lo detectara ni su custodia lo previniera. De esa construcción conceptual imaginaria, deduce además una proscripción electoral inexistente. Es la conclusión menos relevante. Porque si el pacto democrático está quebrado, como ella dice, ¿por qué no sería legítima una resistencia violenta al sistema político vigente?
Pero los hechos de Jujuy y de Chaco exceden a Cristina Kirchner. Hasta la erupción de esas dos provincias, el escenario electoral ya venía dando señales sistémicas preocupantes. La primera es el índice muy irregular de participación en los comicios locales, con algunas alarmas por el lado de la abstención. La segunda es la emergencia de expresiones antisistémicas. Primero desde el margen derecho, con Javier Milei; ahora desde el margen izquierdo, con los grupos violentos que actuaron en Jujuy.
La aceleración que esas manifestaciones adoptan contrasta con la morosidad del calendario electoral para definir alguna transición de salida a la crisis. Otra vez están las Paso en el ojo de la crítica. En 2019 provocaron una catástrofe anticipada, porque los partidos las eludieron con candidaturas no competitivas. Este año están generando el mismo problema, por la razón opuesta: la oferta electoral se fragmenta, mientras la crisis demanda respuestas de máxima consistencia política.
Hay otro efecto pernicioso de la línea de hechos simultáneos entre Chaco y Jujuy. Hay dos precandidatos del Gobierno que actúan en el medio. Eduardo de Pedro es ministro del Interior para todo el país. Ignora Chaco y agita Jujuy. Sergio Massa tenía que viajar a Washington para explicarle al FMI las últimas novedades políticas, mientras gestiona dólares frescos.
Cristina Kirchner le advierte a Gerardo Morales sobre las sombras de un nuevo 2001. ¿Massa vendría a ser el ministro de Economía de Fernando de la Rúa? En ese caso, ¿postulará Cristina como candidato al émulo actual del peor Domingo Cavallo? ¿Qué pasará con la economía si lo designa y Massa abandona el ministerio para hacer campaña? ¿Y si no lo designa y tiene que seguir con su aspiración devaluada?
