Dentro de la compleja trama por la cual la Justicia federal de Córdoba investiga millonarios hechos de corrupción vinculados al negocio de la recolección de la basura en la ciudad de Córdoba, se acaba de conocer una sentencia que viene a ampliar el procesamiento de un grupo de exfuncionarios municipales involucrados en una de las tres líneas que sigue la investigación.
En este caso, se trata de un grupo de exfuncionarios del intendente radical Ramón Mestre, quienes junto al sindicalista Pascual Catrambone, están sospechados de haber cometido graves delitos, con calificaciones penales que van del presunto lavado de activos, a la asociación ilícita y a la evasión.
Las otras dos grandes causas de esta investigación, son las que tienen como protagonistas a 19 personas vinculadas al gremio de recolectores Surrbac, entre ellos su secretario general Mauricio Saillén, y la que avanza sobre cinco empresarios de la firma recolectora Cotreco, procesados por apropiación indebida de recursos de la seguridad social y por apropiación indebida de tributos.
Surrbac: procesamientos confirmados y ampliados
La nueva sentencia fue emitida por la Cámara Federal de Apelaciones y decidió confirmar el procesamiento sin prisión preventiva de los exfuncionarios mestristas que había decidido el juez federal Ricardo Bustos Fierro, además de revocar las faltas de mérito que el magistrado había decidido en el caso de otros tres exintegrantes del plantel municipal.
Puntualmente, los camaristas federales decidieron confirmar el procesamiento de Cristian Eduardo Herrera, Ignacio Guillermo Herrera y Micaela Schornig, como supuestos organizadores de una asociación ilícita fiscal y también por el delito de lavado de activos de origen ilícito, en calidad de autor en el caso del primero de los nombrados y el resto como copartícipes.
También la Cámara confirmó el procesamiento, sin preventiva, de Gerardo Luis Cuevas Lescano, como partícipe en lavado de activos de origen ilícito, y del expresidente de Crese Alberto Castagno, el exdirectivo administrativo Enrique Imberti Figueroa y el también expresidente Norberto Romildo Bergami, como responsables del delito de defraudación por administración fraudulenta.
Por ese mismo delito fue confirmado el procesamiento del sindicalista del Surrbac Pascual Catrambone, que además está involucrado en por lo menos otras dos causas judiciales: la que investiga los supuestos hechos de corrupción en el sindicato y otra de carácter personal, por violencia de género contra una de sus parejas.
La resolución judicial decidió también revocar las resoluciones dictadas por Bustos Fierro que dispusieron la falta de mérito a favor de Oreste Godino y Aldo Walter Vargas, y procesarlos a ambos por administración fraudulenta, de Carlos César Bonaldi, sospechado de asociación ilícita fiscal y lavado de activos.
De esta manera, ascendió a 11 la cantidad de procesados, en su mayoría exfuncionarios mestristas, por su intervención en temas vinculados al negocio de la recolección de la basura.
Embargos
Al mismo tiempo la Cámara Federal decidió confirmar los embargos que había dispuesto sobre los bienes de los procesados, que van desde 500 mil pesos en el caso de Cuevas Lescano, a 2.500.000 en el caso de Catrambone y a cinco millones para Cristian e Ignacio Herrera y para Schornig.
La investigación comenzó en 2019 con la denuncia que realizó la dirección regional Córdoba de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) en el mes de octubre, debido a que los funcionarios de la gestión Mestre nucleados en Crese exigían se le devolvieran al ente 39 millones de pesos que supuestamente le correspondían.
Los funcionarios, cuyos domicilios fueron allanados en noviembre de aquel año, están sospechados de haber pedido la transferencia de saldos de libre disponibilidad de manera indebida. Según la acusación, las compras en las que respaldaron su pedido correspondían a comprobantes apócrifos. Así habrían generado un doble perjuicio fiscal, porque el dinero no ingresó al fisco y porque además pedían la devolución del crédito fiscal.
Al mismo tiempo la investigación dejó al descubierto una trama desplegada por el sindicalista Catrambone, quien desde su cargo como director obrero de Crese (organismo hoy reemplazado por Coys, el ente Córdoba y Servicios), habría desarrollado varios negocios paralelos con la venta de indumentaria y materiales al mismo organismo que integraba como funcionario.
Empresas vinculadas al gremialista, como Higyse SA y otras, aparecen en la trama que sigue investigando la Justicia federal.
