El fiscal federal Guillermo Marijuan pudo acreditar la identidad de al menos 8.535 empleados de 10 provincias que son beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, algo incompatible.
Lo hizo luego de solicitar, en noviembre, las bases de datos de los trabajadores estatales de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para cruzarlas con el padrón del plan social.
La información, publicada por Infobae, dice que hasta este lunes 25 de diciembre solo diez distritos respondieron (los otros fueron intimados por segunda vez), entre ellos la provincia de Córdoba.
Marijuan, titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISES), pudo establecer hasta ahora que en Córdoba existían 194 personas empleados en la Provincia y que, además, percibían el plan nacional.
El “ranking” lo encabeza Tucumán con 1.145 empleados; y le siguen La Rioja, con 1.060 (divididos en 303 de planta permanente y 757 contratados); Jujuy, con 652; Corrientes, 518; Salta, 434; Río Negro, 198; Córdoba, 194; Formosa, 180; y Santa Cruz, con 128.
La agencia Noticias Argentinas agrega que el monto total para pagarle a estas personas ascendía a unos $7.5 mil millones anuales.
En el caso de la provincia de Buenos Aires, la decisión fue que cada uno de los ministros de Axel Kicillof cumpla con el pedido del fiscal. Hasta ahora, se sabe que el Ministerio de Seguridad tenía 809 empleados que cobraban un plan; seguido por Cultura y Educación, 858 y Jefatura de Gabinete, 576.
Marijuán ya envió su investigación preliminar a los fiscales federales de turno de esas las 10 provincias que informaron sobre sus empleados, y les solicitó la “suspensión y/o baja de planes sociales”, en el marco de la investigación preliminar que instruye caratulada como “Caso Coirón Nro. 234746/2023″.
Les pidió “hacer cesar los efectos del delito”, mediante la suspensión o baja, y una vez impulsada la acción penal, dictará la orden al área que gestiona el Programa Potenciar Trabajo, bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, para que suspenda los planes involucrados, sin perjuicio de un reempadronamiento con previa citación y acreditación de los extremos legales del programa.
Lo fundamenta en que vienen siendo percibidos “en clara transgresión a la normativa y al espíritu perseguido por el Estado Nacional al momento de su creación”.
La acusación que pesa sobre los involucrados es “la realización de presuntas maniobras ilícitas que podrían encontrar adecuación típica en el delito de defraudación contra la Administración Pública; así como también contra los funcionarios públicos nacionales y provinciales que por sus acciones u omisiones han permitido o facilitado la comisión de estos fraudes contra el Estado Nacional, conductas que, en principio, encuadrarían en el delito de violación de los deberes de funcionario público”.
Los que no
Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tierra del Fuego son los 14 distritos que no presentaron hasta el informe requerido por la Justicia.
Según Noticias Argentinas, en las oficinas del fiscal interpretan que cabe la posibilidad de que no quieran dar los datos porque por tratarse de un hecho escandaloso y que viola la normativa del Potenciar Trabajo según la cual la persona que consigue trabajo mientras lo está cobrando queda automáticamente suspendido en su cobro. También puede suceder que haya demoras de gestión por el recambio de gobernadores.
Vale recordar que en el informe efectuado a priori por Marijuan se detectó que, en los últimos 14 años, más de 200 mil beneficiarios de estos planes sociales viajaron al exterior, a pesar de recibir subsidios estatales destinados a personas en situación de vulnerabilidad.
