El viernes pasado, y luego de un mar de especulaciones, Rodrigo de Loredo comunicó que no integrará la boleta de La Libertad Avanza para los próximos comicios. El presidente de la bancada de la UCR en Diputados y líder del radicalismo en Córdoba lo expresó a través de un video publicado en sus redes en el que dio una serie de explicaciones sobre los motivos de su corrimiento.
En ese mensaje, De Loredo habló de que el Gobierno pide “sumisión” a quienes integran listas oficialistas. Esa palabra, según comentaron libertarios con llegada a Karina Milei, le cayó “pésimo” a la hermana del presidente de la Nación y secretaria General de la Presidencia.
“El Gobierno nacional quiere en sus listas diputados que revistan tres condiciones. Uno, comportamiento automático. Dos, anulación de las identidades propias, y tres, la imposibilidad de marcar diferencias. Sea en temas educativos, de discapacidad, del marco institucional o en las formas, como personalmente lo he venido haciendo. No puedo cumplir esos requisitos. Dudo que la obsecuencia o la sumisión sean constructivas; incluso me parecen comportamientos débiles o tibios. Estaba dispuesto a acompañarlos en la lista, pero no a cualquier precio. No acepto la invitación”, planteó el radical.
Esa parte de su explicación molestó a la hermanísima del jefe del Estado.
“¿Si le daban el número 1 no era sumisión"?, preguntó con ironía un libertario cordobés que habla con la funcionaria nacional. El vínculo entre De Loredo y los libertarios quedó dañado. Será importante observar qué posicionamiento adopta desde la semana que viene en Diputados el cordobés, a quien el Gobierno consideraba un aliado en la Cámara Baja.
De Loredo venía negociando con los libertarios ser parte de la boleta del oficialismo nacional. Desde su entorno, manifestaban tener “asegurado” el lugar número 3 de la boleta.
Fue el ofrecimiento que le hizo Eduardo “Lule” Menem en las últimas semanas. Faltaba la contestación del radical, que finalmente fue negativa.
Somos se rompió a poco de nacer
Juan Schiaretti había logrado en la provincia de Buenos Aires una alianza que parecía imposible: peronistas no kirchneristas, radicales, socialistas, la Coalición Cívica y el GEN de Margarita Stolbizer compartiendo una campaña electoral. El exgobernador se presentó como el arquitecto de Somos, la alianza que competirá el 7 de septiembre en las elecciones bonaerenses.
La idea era clara: enfrentar tanto al kirchnerismo como a La Libertad Avanza en territorio bonaerense, con listas para senadores, diputados y concejales. Sin embargo, la armonía duró poco.
Para las elecciones legislativas nacionales en la provincia de Buenos Aires, la coalición se fragmentó. Florencio Randazzo y el radicalismo presentaron la alianza Provincias Unidas, mientras que Emilio Monzó –experonista y exmacrista– se unió a Stolbizer en el armado de Encuentro Federal.
El quiebre generó consecuencias. Los cinco gobernadores que impulsan Provincias Unidas —entre ellos, Martín Llaryora— aseguran que no apoyan a ningún espacio en Buenos Aires, a pesar de que Randazzo utilice el nombre en su boleta. La ruptura deja a Schiaretti en una posición incómoda y, al mismo tiempo, lo aleja del escenario bonaerense, dominado por la fuerte polarización entre libertarios y kirchneristas.
El cordobesismo nunca tuvo suerte en la provincia de Buenos Aires. No la tuvo José Manuel de la Sota, y tampoco la está teniendo ahora Schiaretti. El exgobernador concentrará su proyección nacional desde Córdoba y cuando hable en medios nacionales, lo hará con su tono característico: crítico, pero “constructivo” frente al gobierno de Javier Milei.
Embestida del PJ contra el radical Zanotti
Dardo Zanotti es el hombre fuerte de Santa María de Punilla. Referente radical, fue intendente durante varios períodos, hasta que la ley le impidió buscar una nueva reelección. En su lugar, impulsó la candidatura de su esposa, Silvia Rocchietti, quien ganó cómodamente.
Lejos de correrse del poder, Zanotti quedó a cargo de la Secretaría de Coordinación municipal. Desde allí sigue manejando los hilos de la gestión en una localidad clave del valle de Punilla, famosa por eventos como el Cosquín Rock.
En los últimos meses, la localidad se vio conmovida por varias denuncias que hizo el concejal opositor Javier Mateo, quien acusó a la familia de Zanotti de “nepotismo” y de cobrar “sueldos estrafalarios” en el municipio.
Según los datos del edil de Hacemos por Córdoba, el sueldo de la intendenta supera los siete millones de pesos. Y los del gabinete que integran su marido y varios familiares, van de los 4,5 a los 6 millones de pesos. Mateo también dijo que los funcionarios municipales tenían habilitados 244 millones para gastos de representación durante este año.
Zanotti, un dirigente que responde a Rodrigo de Loredo y es el presidente de la UCR en el departamento Punilla, se defendió y denunció una embestida del PJ. Aseguró que en junio pasado, la intendenta y sus funcionarios se redujeron un 20% los sueldos, por lo cual hoy la jefa del municipio percibe unos $ 4,5 millones. Y que se eliminaron los gastos de representación.
El dirigente radical denunció una “operación política del peronismo” para perjudicarlo, aunque si bien se modificaron muchas cuestiones en el municipio, las medidas corroboran que lo que denunció el concejal opositor era cierto.
$ 9.800 millones que calmaron los ánimos en el Palacio 6 de Julio
Las relaciones entre el Palacio 6 de Julio y el Panal lucen muy cordiales en público, pero puertas adentro de ambas administraciones del peronismo cordobés, suele haber frentes de tensión. Casi siempre los conflictos se resuelven entre el gobernador Martín Llaryora y el ingtendente Daniel Passerini y así fue en esta oportunidad. Pero antes de eso el cortocircuito fue potente.
Todo comenzó cuando desde el Panal cuestionaron severamente al municipio por la falta de avance en las obras de varias plazas que fueron cercadas y cerradas al uso público cuando Llaryora era intendente y que siguen en la misma situación.
La gota que rebalsó el vaso fue una nota de La Voz que daba cuenta de las quejas de los vecinos de esos espacios verdes.
A la queja provincial, desde el municipio se replicó con un duro cuestionamiento sobre los expedientes de las obras inconclusas del Coys, y también por el peso desmesurado la deuda externa municipal, que en 2020 fue renegociada por Llaryora y que debe afrontar íntegramente la gestión Passerini: ese pasivo consume todo el resto que el municipio podría destinar a obras.
Tan contundente fue la réplica de Passerini que la semana pasada la Provincia autorizó giros a la Municipalidad de Córdoba por $ 9.800 millones, lo que falta para terminar las obras en las plazas que están cerradas desde hace casi dos años.
