El crecimiento de la pobreza y la mayor informalidad en el mundo del trabajo comenzaron a colocar la temática de la reforma laboral en la agenda de políticos, sindicalistas, empresarios e inclusive movimientos sociales.
Sindicatos como el mecánico (Smata) o de la construcción (Uocra) rescatan con frecuencia el valor de los acuerdos alcanzados en esas actividades, y otros observan con atención lo que sucede con el crecimiento de la “economía popular”, que congrega precisamente a desempleados.
La consultora Idesa explicó ese cuadro de situación con lo que ocurre en La Matanza. Con dos millones de habitantes, la mitad está en edad de trabajar. El empleo público congrega a 150 mil personas y el privado, a otras 100 mil.
El resto está en las siguientes categorías: 250 mil en economía popular, 130 mil son cuentapropistas, 120 mil corresponden a asalariados informales y 500 mil, a adultos inactivos.
Idesa propuso un esquema de “modernización laboral”, en tanto que la senadora cordobesa Carmen Álvarez Rivero (Juntos por el Cambio) se animó también a llevar a la Cámara Alta su propio proyecto, con cambios a las modalidades de trabajo, de contratación y de pasantías.
La consultora encabezada por Jorge Colina explicó que, en las actuales condiciones del mercado, un empleado genera un nuevo puesto de trabajo sólo cuando le da positiva la ecuación entre la mayor facturación que produce esa función, descontados costos de entrada, salarios y seguridad social, y el costo de salida (despido y riesgo de litigio).
También marcó Idesa que los convenios colectivos de trabajo “están pensados para ser aplicados solamente” en Caba, dado que allí los sueldos son más altos que en el interior. Ejemplo: el salario mínimo de convenio del sector comercial es de 61.800 pesos, cifra que en el interior cae a la mitad y es en negro.
En sus propuestas, el instituto plantea ponerles un límite a las contribuciones patronales sobre la masa salarial que pagan según el volumen de esta, con reintegro de impuestos. Asimismo, permitir la negociación de convenios por pyme, con el acuerdo de la mayoría de los trabajadores. Esto se cae si en algún momento los empleados dejan de convalidar el convenio por empresa.
Para la desvinculación, plantea eliminar la multiplicación de la indemnización, sacar el preaviso y proporcionar el pago a los meses trabajados, en lugar de un sueldo entero pasados los tres meses de actividad. También, usar el Fondo Nacional de Empleo para indemnizar por despidos con antigüedades superiores a los cuatro años.
Álvarez Rivero, con el asesoramiento de laboralistas y tributaristas cordobeses, impulsa modificar el artículo 90º de la Ley de Contrato de Trabajo, que regula los contratos a tiempo determinado, para que verifiquen una duración máxima de dos años y sean el resultado de un acuerdo entre el empleado y el empleador.
La modificación de este artículo favorece a ambos, sostiene la parlamentaria de origen empresarial, ya que el primero ingresa al sistema formal de con todas las garantías existentes en la actualidad y el empleados no se ve comprometido en un contrato a largo plazo, no paga indemnizaciones si cumple con los plazos establecidos en cada modalidad y se le reducen las cargas sociales que se compensan con lo que el Estado deja de dar como incentivos al empleo o subsidios de distinto origen. Se prohíbe la reiteración de contratos, salvo en actividades críticas.
“Los trabajadores que están inscriptos o involucrados en esos programas estatales pueden ser contratados a plazo fijo por dos años por los empleadores privados y así desarrollarse, capacitarse, conocer los beneficios del mercado formal y lograr estabilidad laboral”, recalca.
Abre, asimismo, una ventana para que las pasantías universitarias se conviertan en empleo formal por dos años, y genera condiciones para que los jubilados puedan ser contratados a plazo fijo. En todos los casos de finalización del vínculo con fechas acordadas, no habrá indemnización, pero sí cuando se interrumpe antes.
