El debate por la reforma o modernización laboral volvió al centro de la agenda económica con la intención del gobierno de Javier Milei de avanzar en un nuevo marco normativo. La discusión ya divide posiciones aunque del proyecto oficial sólo se conocen trascendidos.
Mientras economistas y abogados destacan ante La Voz la necesidad de adecuar la legislación a los cambios tecnológicos y productivos, el sindicalismo advierte que la flexibilización propuesta puede debilitar derechos históricos y agravar la precarización, pero no generará más empleo si la economía no crece.
El economista Gastón Utrera sostiene que el desafío de fondo es lograr competitividad sin recurrir a la devaluación, apostando a la productividad y no a la reducción salarial. Afirma que el país debe aspirar a ser competitivo con salarios altos y eficiencia empresarial, lo cual requiere reformas precisas y no un desarme general de las normas laborales.
“Hay que reducir costos laborales, pero sin afectar los derechos de los trabajadores”, plantea, y subraya que el diálogo con el sector privado debe ser parte central del rediseño.
Utrera propone revisar artículos obsoletos de la Ley de Contrato de Trabajo, como el 212, que regula las indemnizaciones por incapacidad, y el 45 de la Ley 23.551, sobre la cantidad de delegados sindicales por establecimiento. A su juicio, una actualización permitiría equilibrar las relaciones laborales, reducir la litigiosidad y dar previsibilidad empresaria.
También plantea la necesidad de un comité técnico-científico que fije criterios objetivos para medir incapacidades laborales y así evitar juicios, además de incentivar la productividad mediante premios que no se conviertan automáticamente en remuneraciones permanentes.
“El problema no es la legislación, sino su falta de actualización. Hay que adaptarla a los tiempos actuales y mejorar los incentivos al empleo formal”, resume.
El proyecto oficial recoge parte de esas ideas. Entre sus ejes principales, prevé adaptar las normas a la era digital y tecnológica, simplificar la contratación y extender el período de prueba a seis meses.
También promueve la registración digital de trabajadores, incentivos a las pymes que formalicen empleo no registrado y la eliminación temporal de cargas sociales durante los primeros dos años de contratación.
Para el abogado laboralista Julián De Diego, de extensa trayectoria académica y jurídica, la legislación vigente fue redactada en los años setenta, en un contexto sin fax, internet ni inteligencia artificial. De cualquier manera critica que el actual proyecto es manejado por “un grupo hermético” del Gobierno, sin apertura a la participación sectorial.
Su diagnóstico es que las normas vigentes no contemplan el teletrabajo, la automatización ni los nuevos formatos productivos. Considera que una actualización integral permitiría crear empleo formal, reducir la informalidad y evitar la proliferación de conflictos judiciales.
“Flexibilizar la contratación no significa eliminar derechos, sino permitir que las empresas contraten con menos trabas y más previsibilidad”, explica. Su propuesta incluye un sistema de “cargas sociales cero” por dos años para las Pyme que incorporen empleados no registrados, reemplazando las moratorias laborales por incentivos. Pasado ese período, las contribuciones patronales volverían de forma gradual, con un 20% el tercer año hasta alcanzar el 100%.
Desde una perspectiva diferente, Héctor Morcillo, secretario General del Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación de Córdoba (Stia) y referente de la Confederación de Asociaciones Sindicales de Industrias Alimenticias (Casia), advierte que la reforma “por sí sola no genera empleo”.
Lo que falta es inversión
Considera que el problema de fondo es la falta de inversión y la orientación del modelo económico. “Al empleo lo genera el crecimiento, no la desregulación. Cuando hubo expansión nadie pidió flexibilizar nada”, sostiene el dirigente.
Morcillo rechaza que el costo laboral sea la causa principal del desempleo y afirma que en otros países las cargas sociales son similares, pero la sociedad, y el trabajador en particular, reciben a cambio transporte, vivienda y salud de calidad. “Acá el problema no son los aportes, sino los servicios que no vuelven”, señala.
El dirigente se muestra especialmente crítico con los cambios que afectarían la negociación colectiva. “Se intenta llevar la negociación al nivel más bajo, empleador y trabajador, y eso es una herramienta de extorsión”, advierte.
Según su análisis, si se permite que las empresas discutan condiciones con cada comisión interna, los convenios se transformarán en techos salariales y se eliminarán las horas extras, precarizando la jornada.
También cuestiona la creación de un fondo de cese laboral que reemplazaría las indemnizaciones tradicionales. Para Morcillo, se trata de un “negocio financiero similar a las viejas AFJP”, donde el salario y los aportes pasarían a ser administrados por fideicomisos.
“El sistema actual no es perfecto, pero es una barrera contra los despidos arbitrarios. Sin ella, el costo de echar a un trabajador sería nulo”, advierte, al sostener la necesidad de que el empleados pague el costo del despido. El sindicalista afirma que las reformas que se presentan como modernizadoras en realidad buscan maximizar la rentabilidad empresarial en un contexto de recesión y caída del consumo.
Morcillo consideró que la verdadera modernización pasa por fortalecer la negociación colectiva y la inversión productiva. “Nada de esto moderniza el mercado laboral, al contrario, lo precariza. En Europa no dio resultado y en los noventa terminamos con más desempleo”, remató.
De Diego, en cambio, defiende el fondo de cese como alternativa viable para las Pyme que no pueden afrontar despidos. Propone que se financie con parte del actual fondo de desempleo, que hoy representa el 2,5% de las contribuciones, de modo que los recursos no salgan del bolsillo del empleador.
En ese línea el jurista argumenta que el trabajador siempre cobraría su indemnización y la empresa evitaría crisis de liquidez. Morcillo lo considera un despropósito que dejaría al empleador sin penalización alguna por despedir empleados.
Tanto Utrera como De Diego coinciden en que cualquier reforma debe coordinarse con cambios fiscales y previsionales, en el sentido de que la actualización del sistema laboral no puede avanzar de manera aislada, ya que el equilibrio del sistema depende de la sostenibilidad impositiva y previsional.
Morcillo replica que mientras no exista una política económica que estimule la producción, las reformas serán estériles. “No hay demanda, no hay consumo, los salarios y jubilaciones están congelados. En ese contexto, no se genera empleo formal ni inversión productiva”, explicó.
Para el economista Utrera, el país “debe buscar competitividad con productividad y no con salarios bajos” sino con cambios hechos con precisión.
