El diputado cordobés de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño presentó este lunes un proyecto de resolución que busca interpelar al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con la mira puesta en activar una moción de censura, un mecanismo constitucional excepcional.
La iniciativa, que también lleva la firma de referentes opositores de peso como Miguel Ángel Pichetto, Nicolás Massot y Emilio Monzó, enumera causales graves: la nulidad del Decreto 681/2025, el incumplimiento de leyes vigentes, la violación de la división de poderes y la falta de asignación adecuada de partidas presupuestarias.
Cada punto, según el texto, deberá discutirse y votarse de forma independiente en el recinto.
La moción de censura fue incorporada a la Constitución en la Reforma de 1994, dentro del artículo 101. Permite que el Congreso no solo interpele, sino también remueva a un funcionario del Poder Ejecutivo.
Pero el proceso es complejo, ya que requiere mayoría absoluta en ambas etapas, primero para aprobar la interpelación y luego para la votación definitiva que habilitaría la sustitución del funcionario.
A diferencia de los regímenes parlamentarios, en Argentina la moción de censura no compromete la continuidad del Presidente ni del Jefe de Gabinete como figura institucional.
Sin embargo, su efecto es quirúrgico porque puede forzar la salida de un ministro o del propio jefe de Gabinete; pero la última palabra la conserva el Presidente, que tiene la potestad de nombrar a su reemplazo.
El mecanismo es, en la práctica, un control excepcional del Congreso sobre la gestión ejecutiva.
La ley en disputa: la Emergencia en Discapacidad
El origen del conflicto es la suspensión de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, aprobada por el Congreso en agosto tras imponerse sobre el veto presidencial con el respaldo de dos tercios de las cámaras.
La norma establecía medidas urgentes para garantizar prestaciones, subsidios y asistencia en un sector históricamente postergado.
El Ejecutivo anunció esta semana que postergaba su aplicación hasta contar con partidas presupuestarias específicas, alegando que no puede implementarse sin determinar primero las fuentes de financiamiento.
“Es en el marco del Presupuesto donde se debate cómo afrontar los gastos de cada política pública”, justificaron desde la Casa Rosada.
Casi en simultáneo, la Decisión Administrativa 24/2025 reasignó más de 121 mil millones de pesos dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) para actualizar pagos a prestadores del sistema.
El refuerzo salió de recortes a otras obligaciones del Tesoro, una movida técnica que no disipó las críticas.
Para la oposición, el problema no es contable sino político: la suspensión de la ley exhibe la tensión entre la lógica del ajuste fiscal y la obligación del Estado de proteger derechos básicos.
El riesgo político para Francos
Si prospera, el proyecto de Agost Carreño abriría un frente inédito contra Francos, pieza clave del engranaje presidencial. El jefe de Gabinete, hasta ahora presentado como el “bombero” capaz de negociar con todos, podría terminar convertido en la primera víctima de un Congreso que amenaza con usar su herramienta más filosa.
La pregunta de fondo es si la oposición tiene los votos para consumar la jugada. Y, sobre todo, si el oficialismo está dispuesto a ceder en su estrategia de posponer lo impostergable, que es cumplir una ley que ya fue votada y que hoy significa la diferencia entre derechos efectivos y promesas vacías para miles de argentinos con discapacidad.
