Después que los gobernadores le pidieron al presidente, Javier Milei, una reunión para tratar una reforma fiscal, el gobierno activó el Consejo de Mayo, que entre sus objetivos incluía cambios en la legislación tributaria.
Mediante el Decreto 382/2025 publicado en el Boletín Oficial designó a los integrantes de ese cuerpo que será el encargado de llevar adelante el debate y la elaboración de propuestas de los diez puntos establecidos.
Ahora resta conocer cuál será la respuesta de los gobernadores, cuya mayor preocupación está dada por el reparto de fondos, algo que consideran prioritario y podría diluirse en una discusión más amplia con otros temas sobre la mesa.
La presidencia del Consejo de Mayo estará a cargo del Jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, mientras que en representación del Poder Ejecutivo Nacional, ya había sido designado el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
La representación de las provincias será ejercida por el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo.
Por parte del Senado de la Nación estará sentada en la mesa, Carolina Losada, mientras que por la Cámara de Diputados participará Cristián Ritondo.
En tanto, por las organizaciones sindicales participará el secretario general de la Uocra, Gerardo Martínez; y por las entidades gremiales empresarias el presidente de la UIA, Martín Rappallini.
Este cuerpo desempeñará sus funciones sin percepción de honorarios ni remuneración alguna.
Así el gobierno le dio respuesta al reclamo de los gobernadores que el martes se reunieron en Buenos Aires.
“Con esta decisión, el Gobierno reafirma su compromiso con el diálogo institucional y la construcción de consensos intersectoriales, en pos de consolidar un camino de transformación estructural, estabilidad macroeconómica y desarrollo sostenible para todos los argentinos”, señaló la Jefatura de Gabinete en clara alusión al reclamo de los mandatarios provinciales.
El pacto de mayo se firmó el 9 de julio de 2024, tras no haberse podido suscribir el 25 de mayo tal como había sido propuesto originalmente.
Casi un año después se completó la designación de los miembros, pero aún resta diseñar el sistema de funcionamiento y la metodología de trabajo.
Todo lo pendiente supone la necesidad de tiempo hasta que el diálogo fluya y lo más importante que es la concreción de los proyectos.
Y justamente tiempo no es lo que les sobra a los gobernadores urgidos por las obligaciones de cada mes y el inicio de la campaña electoral.
La reunión del último martes en la sede del CFI en Puerto Madero tuvo especial significado dado que hubo asistencia casi perfecta con 23 gobernadores; solo se ausentó Gustavo Valdés de Corrientes.
De ese encuentro surgió la posición de común de pedirle a Milei una audiencia para “hablar de plata”.
A la salida de ese encuentro solo habló el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, quien marcó la posición del conjunto: “El Gobierno plantea la discusión de una reforma fiscal. Eso tiene una contraparte, que somos los Estados subsoberanos. Las provincias somos vinculantes en muchas de esas reformas. La idea es reflotar el espíritu de lo que fue el Pacto de Mayo y dar esa discusión en conjunto con el Gobierno nacional, solicitar una audiencia y que en esa audiencia veamos punto por punto hacia dónde queremos ir”.
En su manifestación los gobernadores dicen apoyar la continuidad del equilibrio fiscal, pero al mismo tiempo observan que día a día los recursos disponibles disminuyen por una actividad económica que no termina de reactivarse con la fuerza necesaria para elevar los giros coparticipables y al mismo tiempo apuntalar los ingresos locales.
A modo de compensación el gobierno también activó en los últimos días planes de infraestructura eléctrica y obras viales, que además de su necesidad estratégica para el desarrollo del país logran el objetivo secundario de dinamizar las economías locales.
Mientras tanto, Corrientes firmó la adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias y a la fecha ya son 15 los distritos que ingresaron al programa que les permite mantener la información fiscal sobre los contribuyentes de sus distritos.
