La Justicia argentina atraviesa una situación crítica. A dos años del inicio del gobierno de Javier Milei, no se concretó ninguna designación efectiva de jueces, fiscales ni defensores. En cambio, desde diciembre de 2023 ya se acumulan 83 renuncias. La cifra de vacantes asciende a 609, lo que representa el 37% de los cargos del sistema judicial nacional y federal.
Durante su gestión, Milei sólo promovió dos nombramientos para la Corte Suprema: Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. Ninguno asumió. También se firmaron dos decretos para renovar cargos de magistrados ya jubilados.
El saldo negativo convierte a Milei en el presidente con peor relación entre renuncias y designaciones desde 1983.
El Consejo de la Magistratura ya envió ternas para cubrir muchos de esos puestos, pero el Poder Ejecutivo no remitió los pliegos al Senado. Según fuentes oficiales le dijeron a La Nación, recién en marzo de 2026 se enviaría un paquete de 150 propuestas, que en su mayoría habían sido negociadas con el peronismo.
En lo que va de 2025 se registraron 54 renuncias, la cifra más alta en cinco años.
La mayoría fueron jueces (43), seguidos por fiscales (8) y defensores (3). La salida de magistrados se relaciona, en parte, con el temor a cambios en el régimen jubilatorio especial del Poder Judicial.
Los fueros con más renuncias son el del Trabajo, el Penal de la Capital y el Comercial. Además, por primera vez desde que hay registros, hubo más renuncias de mujeres magistradas que de varones.
La falta de cobertura afecta el funcionamiento normal de tribunales en todo el país. Hay juzgados sin titulares desde hace años, lo que retrasa causas penales, civiles y laborales. A su vez, persiste la interinidad en la Procuración General: Eduardo Casal ocupa el cargo desde 2017 sin aprobación del Senado.
La situación expone un serio deterioro institucional. Aún con la promesa oficial de impulsar los nombramientos, la falta de consensos en el Congreso y la parálisis política impiden cubrir las vacantes que arrastra el sistema
