Javier Milei, las internas en la cúpula de La Libertad Avanza y la delicada línea por la que transita la gobernabilidad del país debido a la tensión creciente entre el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional monopolizan la agenda política. Casi nada de lo que ocurre en las provincias parece tener existencia en la constelación libertaria.
Hay que retroceder muchos años, a los momentos institucionalmente más delicados de estas cuatro décadas de democracia, para encontrar otros períodos en los que la agenda nacional se haya impuesto de manera tan determinante desde Ushuaia a La Quiaca: como si a nivel político no pasara nada por fuera del triángulo que forman la Casa Rosada, el Congreso de la Nación y la Residencia de Olivos. En nueve meses, la mirada nacional sólo salió de ese espacio dos veces: en los días iniciales de la desaparición de Loan Peña en Corrientes y en la sostenida intervención nacional que logró una disminución de los homicidios narco en Rosario.
La dinámica del Gobierno libertario establece que lo que pasa en las provincias, pasa en otro país. Parece insostenible, pero la fórmula de Milei hasta ahora ha sido exitosa para su objetivo: aplicó un ajuste férreo a las provincias y se desentendió del territorio sin costos a la vista, pese al agravamiento de la situación social en todo el país.
El ajuste federal se sigue profundizando, pese a que ya incluyó la casi total paralización de las obras públicas, la eliminación de los subsidios al transporte del interior y del Fondo de Incentivo Docente y la virtual anulación de cualquier otro envío por fuera de la coparticipación, incluyendo los recursos que por ley debe mandar a las cajas previsionales provinciales. Lo que ocurre con la coparticipación también es sintomático: la caída real acumulada en lo que va del año es del 14% y, lejos de mejorar, cae todavía más: en agosto, descontada la inflación, la Provincia de Córdoba recibió 18,2% menos que en igual mes del año pasado.
Con pocos recursos y todavía sin terminar de hacer pie en el nuevo escenario, la política local se mueve con inusitado sigilo. Esto es muy notorio en el peronismo cordobés: Juan Schiaretti lleva nueve meses de un mutismo autoimpuesto y Martín Llaryora cada vez habla menos de política: desarrolla la agenda de la cautela extrema para diferenciarse de Milei sin que los cordobeses lo perciban jamás como un opositor.
Luis Juez, en cambio, se mueve como si ya integrara La Libertad Avanza, pero tratando de que esa cercanía con Milei no lesione la provechosa sociedad que mantiene con el radicalismo cordobés. Aunque la nueva conducción de la UCR, liderada por Rodrigo de Loredo a través de Marcos Ferrer, parece mucho más propensa a ese acercamiento, el radicalismo nacional todavía está muy lejos de esa decisión.
A la pesca
El desconcierto que prima hacia lo nacional hizo que la política provincial se dedique a pensar en la estructura territorial fronteras adentro: tanto el oficialismo cordobés como la oposición pusieron el radar sobre los intendentes. La semana pasada también empezó a hacerlo la Nación, y una vez más se pusieron en marcha los tours por los despachos de la Casa Rosada. Unos 30 intendentes radicales y del PRO de los departamentos Unión, Marcos Juárez y Juárez Celman fueron recibidos por Guillermo Francos y por funcionarios de Interior, en una cita concertada por Juez, en obvia demostración de su poder de incidencia en el Gobierno nacional.
Las excursiones a la Rosada fueron tradicionales en los tiempos de Cristina Fernández y Julio De Vido, cuando los intendentes solían ser la prenda en la pelea con José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti.
Alberto Fernández también fue un gran recibidor de intendentes cuando Martín Gill era secretario nacional de Obras Públicas. La gran diferencia es que antes volvían con obras o con promesas de recursos, o viviendas o al menos con un turno para la visita de los camiones que llevaban pescado barato, mercadería gratis o garrafas sociales. Ahora les dijeron que plata no hay, ni habrá. Tampoco obras: ni siquiera existió el compromiso de finalizar las que quedaron paralizadas en los pueblos.
Llaryora también hizo su apuesta. Dejó atrás la Mesa Provincia-Municipios, que organizaba partidariamente la relación con los intendentes, para pasar a un esquema cordobesista por regiones. Al mando de Manuel Calvo, se constituyeron 25 comunidades regionales que definirán prioridades de inversión, y el Gobierno provincial sí promete recursos para esos proyectos. Del mismo modo que asiste a cada uno de los intendentes que piden anticipos de coparticipación porque no llegan a pagar los sueldos.
La situación de los municipios pasó de preocupante a desesperada tras el medio aguinaldo. La caída de la coparticipación es un problema insalvable para administraciones que apenas logran cobrarles las tasas municipales a entre el 30 y 50% de los frentistas.
La Provincia también avanza ahí. Más de 200 municipios se sumaron a la plataforma Ciudadano Digital (Cidi), primer paso para que Rentas y Kolektor les cobren los impuestos y les garanticen ingresos mínimos.
Sobre esa realidad se construye la política territorial en Córdoba. Está claro que los intendentes tienen preocupaciones más urgentes que la próxima elección. También está claro que se sientan a todas las mesas que prometan soluciones.
Passerini levanta el perfil
El que empieza a dejar atrás el bajo perfil es el intendente capitalino, Daniel Passerini. No sólo porque gobierna la ciudad donde vive casi el 40 por ciento de los habitantes de la provincia, sino porque es el peronista más distante del Gobierno nacional y de modo cada vez más notorio acompaña los fuertes cuestionamientos de la Iglesia de Córdoba, que bajo la conducción del arzobispo Ángel Rossi es, por lejos, el actor local más crítico del modelo económico libertario.
El intendente también se presenta como el gran componedor de los viejos temas irresueltos de la ciudad. En simultáneo, destrabó la negociación con Eduardo Eurnekian por el predio del ex-batallón 141 –la ciudad cobrará 11.000 millones en 10 años y el empresario hará un proyecto mucho más humilde que el que le aprobó Ramón Mestre– y cerró un acuerdo con Euclides Bugliotti, quien tras la autorización del Concejo Deliberante podrá transformar el Orfeo en un centro comercial vinculado al mercado de la salud.
Con todo, Passerini tal vez sea el más preocupado de los intendentes. Por la situación social de la Capital y por la situación financiera del municipio. Esta semana volverá al mercado en busca de 40 mil millones de pesos para cumplir con el segundo vencimiento de la deuda en dólares que amenaza con asfixiar a la Capital en 2025 si no logra reestructurar el cronograma que le exige el pago de 50 millones de dólares anuales durante los cuatro años de su gestión.
También volverá a Buenos Aires a protestar por la eliminación de los subsidios al transporte, pero antes anunciará junto a Llaryora que antes de fin de año estará en marcha el transporte metropolitano. El peronismo también espera ansioso alguna señal concreta del trabajo en equipo prometido por el intendente y el gobernador.
