En las últimas horas, un conjunto de decisiones y de declaraciones de Alberto Fernández y de sus ministros están sumiendo al país en la incertidumbre y la inquietud. La primera de ellas proviene del ministro de Economía, Martín Guzmán, y del propio Presidente.
Hasta aquí no hay acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y el Gobierno no piensa en modificar su política de déficit fiscal, a pesar de la creciente inflación y de su impacto sobre el nivel de pobreza.
La falta de acuerdo con el FMI nos genera inquietud por dos razones.
La primera es que si no llegamos a un acuerdo, el país no sólo no podrá pagar los vencimientos de deuda que tiene por delante, sino que también se verá privado de los recursos provenientes del Banco Mundial y del BID, y quizás también de la CAF.
Además, se caerá el acuerdo provisorio con el Club de París y habrá que pagar el recargo de nueve por ciento de intereses punitivos aceptado por el exministro Axel Kicillof sobre esa deuda.
El país seguirá sin contar con financiamiento externo para sus importaciones de bienes de capital y equipos, porque los miembros de ese Club nos excluirán de sus sistemas de seguros de crédito.
Posiblemente, también caerán líneas de crédito bancarias y de proveedores que afectarán aún más a nuestras importaciones y, en algunos casos, a las exportaciones realizadas sobre la base de líneas de financiamiento de pre-exportaciones.
Todo ello incrementará la presión sobre los tipos de cambio “paralelos”, encarecerá las importaciones y aquellos productos que tengan insumos importados, y dificultará las exportaciones de los que contengan tales insumo o partes, como los de la industria automotriz o la maquinaria agrícola.
La segunda es que la falta de acuerdo quitará incentivos para que el Gobierno modifique las políticas económicas y monetarias que nos han llevado a la actual situación.
Cómo bajar el déficit fiscal
Respecto de cómo bajar el déficit fiscal, sólo hubo una vaga referencia del ministro Guzmán a “mejorar la focalización del uso de los recursos del Estado” y a los acuerdos de precios.
En cambio, el acento parece estar puesto en los aumentos de impuestos (el ministro de Economía elogió los recientes), en su mayor progresividad y en la necesidad de que la Afip sea más eficiente en la recaudación con los grandes contribuyentes, al tiempo que parece haber quedado descartada la posibilidad de ajustes tarifarios importantes, una de las mayores causas de aquel déficit fiscal.
Además, el Gobierno está dando indicaciones contradictorias en esa materia. Por una parte, aumenta las tasas de interés (con consecuencias insospechadas sobre el inmenso déficit cuasifiscal, que para el ministro Guzmán no es más que “una anomalía”) y deja entrever que aumentará el ritmo de devaluación de la moneda local, tal como recomienda el Fondo, pero al mismo tiempo adopta nuevas medidas que afectan a las exportaciones del sector agropecuario, lo contrario de lo que pide el Fondo.
Y esta es la segunda causa de nuestra inquietud: es incomprensible el daño que las políticas actuales están haciendo al sector productivo y exportador más dinámico y eficiente del país: el agropecuario.
La serie de medidas tomadas en las últimas semanas entran en el dominio de lo incomprensible.
La extensión por dos años de la prohibición de exportación de ciertos cortes y de las vacas “categoría C”; la posible creación de un “fideicomiso” para el trigo y el maíz que no se podrá instrumentar si no es a base de establecer cupos de exportación; la búsqueda de acuerdos de precios máximos para los alimentos sin tener en cuenta los intereses de los productores ni la necesidad primordial de aumentar la producción y sostener los precios internos para poder incrementar la oferta doméstica; o no contemplar la posibilidad de suspender o, al menos, reducir las retenciones para la soja y el maíz en momentos en que ambas producciones se encuentran afectadas por una severa sequía, son todas medidas de desaliento para un sector cargado de impuestos, tasas y gabelas de todo tipo para poder llevar adelante su producción.
Es hora de tomar seriamente en cuenta los reclamos del sector agropecuario si se espera que siga aportando el grueso de los recursos externos necesarios para poder pagar las importaciones de bienes y servicios, y atender el servicio de la deuda.
Por qué en la Celac
La tercera causa de inquietud es también de difícil comprensión.
En momentos en que el país está en medio de la negociación del vital acuerdo con el FMI y que tanto desde el staff como del directorio vienen voces que nos hablan de la necesidad de contar con el “apoyo de la comunidad internacional” para facilitar dicho acuerdo, el Presidente se embarca en una amplia y costosa acción diplomática para poder presidir por un año la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), creación del exdictador Hugo Chávez para tratar de restar importancia a la Organización de Estados Americanos (OEA).
Celac de la que se ha apartado Brasil, y en la que Uruguay y Colombia, que en la última reunión presidencial confrontaron duramente con las dictaduras de Nicaragua, Cuba y Venezuela a causa de sus violaciones a los derechos humanos, mantienen un muy bajo perfil.
¿Cuál es el beneficio para el Gobierno argentino de obtener en estos momentos la presidencia de un organismo creado para enfrentar los intereses de países como los Estados Unidos o Canadá, cuyos votos nos pueden resultar imprescindibles para alcanzar el acuerdo en el FMI?
¿Pensará el Gobierno que una declaración de la Celac sobre su postura actual en la negociación con el Fondo podrá modificar o influir positivamente en la posición de dichos países?
Muchas incoherencias y contradicciones, mucho daño a sectores y a actores importantes de la realidad nacional y a la imagen internacional del país. Este es un camino que no puede más que generar inquietud e inseguridad sobre nuestro futuro. ¡Es hora de rectificar el rumbo!
En estas condiciones, Juntos por el Cambio podría poner a disposición del Gobierno a sus mejores economistas para colaborar con el ministro Guzmán y su equipo en la búsqueda de soluciones alternativas que permitan la firma del acuerdo con el Fondo y contribuyan a detener el proceso inflacionario que tanto daño le está haciendo a la sociedad y, en particular, a sus sectores más débiles y vulnerables.
(*) Auditor General de la Nación
