“No mandé a espiar a los familiares del Ara San Juan ni a nadie en mi Gobierno”, aseguró este lunes Mauricio Macri, que el próximo jueves deberá concurrir a los tribunales de Dolores. El expresidente prestará declaración indagatoria ante el juez interino, Martín Bava, que lo investiga por las supuestas maniobras de espionaje contra los familiares de las 44 víctimas del submarino que se hundió a fines de 2017.
Macri se mostró tranquilo frente a su exposición ante Bava, a quien volvió a cuestionar al considerar que lleva adelante una causa que es “un disparate más”. “Estoy muy tranquilo porque entiendo que hay gente a la que no le puede haber gustado nuestro gobierno, pero nadie puede dudar de nuestra intencionalidad, un gobierno sano, con una cultura de poder respetuosa, nadie abusó del poder, para nadie el objetivo era enriquecersesino construir una mejor sociedad”, dijo.
“Claramente este es un disparate más: un juez subrogante, que está queriendo investigar hechos que no sucedieron en Dolores y de gente que no trabaja en Dolores. Por eso le dijimos ‘señor, no puede intervenir’. Y rechazó la recusación y siguió adelante, de vuelta, ni siquiera sin consultar a los camaristas. Porque todos los jueces hoy, si vos los recusás, consultan a los camaristas. Allí los camaristas dicen ‘está bien, si puede seguir que siga’. Pero no lo decide sólo el juez. Este juez decidió todo así, de forma muy particular”, se quejó.
Al respecto, consideró que el magistrado procede con “un método, una forma de hacer política que tiene el kirchnerismo. Recordemos que a (Enrique) Olivera, en una de las primeras campañas, lo acusaron de tener cuentas en no sé dónde y era todo mentira. Todo el mundo hizo cargo de eso a Alberto Fernández. Se repite la historia”, comparó.
Macri está citado a declaración indagatoria en la causa para el próximo 28 de octubre a las 12 en el juzgado federal de Dolores, luego de dos postergaciones: la primera citación fue para el día 7, cuando el exmandatario se encontraba fuera del país; la segunda fue para el miércoles pasado, oportunidad en la que el imputado no se presentó y envió un escrito con el que recusó al juez.
En rigor, Macri se encuentra imputado desde septiembre del año pasado, cuando el primer fiscal que intervino en la causa, Daniel Adler, impulsó la investigación tras la denuncia de la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño, que ubicó al expresidente como el “responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de inteligencia nacional”.
Finalmente, Macri sostuvo que acusarlo por supuestas maniobras de espionaje ilegal “es desconocer como funciona la Casa Militar y la custodia del Presidente, que a cada lugar que va tiene que naturalmente saber con quién se va a reunir”.
Los documentos que dieron origen a la denuncia contra Macri no habrían sido elaborados por la Casa Militar ni encontrados en sus oficinas, sino que, según surge de la investigación, estarían en poder de la base Mar del Plata de la AFI, algo que está prohibido por la propia Ley de Inteligencia.
“Todas estas tareas de inteligencia ilegal no contaron con autorización judicial alguna, ni fueron justificadas por órdenes de servicio fundadas en razones de seguridad interior o defensa nacional y se realizaron, además, con el objeto de influir en la opinión pública, en la opinión en esas personas y en el normal desenvolvimiento de las actividades de la agenda política de ese año, que según los criterios preestablecidos podían afectar a la gestión del entonces gobierno”, sostuvo el juez en la imputación de Macri.
