La puja por el acceso a dólares para importaciones se libra en todos los frentes y el nuevo campo de batalla es el programa “Precios Justos”, luego que los industriales condicionaran su apoyo a que el Banco Central le habilite el acceso al mercado de cambio.
Desde el Gobierno optaron por dejar pasar esa exigencia y el ministro de Economía, Sergio Massa, les respondió fijando las pautas que regirán para la adquisición de insumos en el exterior desde 2023.
Este miércoles, en declaraciones a Radio Rivadavia minutos antes de convertirse en el anfitrión de la 28° Convención Industrial, el presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, que ocupa el mismo cargo en COPAL –entidad que representa a empresas alimenticias– manifestó su rechazo a cualquier tipo de congelamiento de precios y pidió que el plan se base en acuerdos “voluntarios”.
Como contrapartida reclamó que “se resuelva” la falta de dólares porque “no se puede parar la industria” si se quiere reactivar la economía. Luego del almuerzo, el ministro de Economía, Sergio Massa, se sentó en el escenario y les acercó una propuesta para calmar los ánimos.
“Es un tema que sobrevuela el salón”, lanzó Massa al dirigirse al auditorio con la intención de calmar los ánimos antes de referirse al cuidado de las reservas que administra el Banco Central y que obligó al cambio de sistema de monitoreo.
Mejor Sira que Simi
Massa defendió la instrumentación del Sistema de Importaciones de la República Argentina (Sira) en lugar del Sistema de Monitoreo de Importaciones (Simi) y enumeró una serie de ventajas comparativas.
“Cuando llegamos al Ministerio teníamos demandas por importaciones pendientes por unos US$ 39.800 millones para el período septiembre/diciembre y sabemos que ese no es lo que necesita la producción. Se llegaba a ese monto, entre otras cosas, porque se duplicaban los pedidos y no había trazabilidad. Ahora desde que arranca el proceso está monitoreado por la Aduana, la Secretaría de Comercio y el Banco Central”, explicó el ministro.
Con el fin de darle una señal de previsibilidad al sector, Massa propuso la siguiente fórmula para balizar el año próximo: tomando como base el nivel de exportaciones de 2022, las empresas podrán acceder en 2023 a un cupo de divisas 20% superior al que aplicaron para alcanzar esa producción.
Massa también se mostró abierto a atender cuestiones puntuales de compañías que tengan planificadas inversiones en bienes de capital que mejoren su productividad. Como segunda señal al sector industrial, el titular de la cartera económica convocó al Director Ejecutivo de la UIA, Diego Coatz, a formar parte de la mesa de trabajo que monitorea el “Semáforo de Riesgo” para detectar situaciones críticas. Ese ámbito también está integrado por la Secretaría de Comercio, la Aduana y el Banco Central.
Massa insistió en tender puentes con el sector industrial al destacar la incorporación de un directivo al cuerpo que define las autorizaciones: “Queremos que se sienten a la mesa de discusiones porque no es un régimen de castigo a los sectores productivos, es un régimen de defensa de los dólares para los sectores productivos frente a aquellos que producen mecanismos de rulos o timbas sobre las reservas del Banco Central”.
En esa línea, reveló una serie de inconsistencias detectadas en el mercado de motos. Sin citar a la empresa involucrada, Massa reveló que entre mayo y julio hubo una compañía que había solicitado importaciones que suponían un aumento de la producción de 230%. Pese al anuncio formulado por el ministro, los industriales insistieron con el reclamo de mayor celeridad en las aprobaciones y menores plazos para formular los pagos.
Quejas al por mayor
Durante el mano a mano en el escenario, Miguel Angel Rodríguez, secretario de la UIA, le recordó a Massa que “hay un atraso en aprobaciones que está afectando la cadena productiva y ya hay empresas con problemas”. Puntualmente al Sira se le objetó los plazos de pago con los que salen las autorizaciones.
“Es muy bueno que tengamos una fecha de pago, pero para el 99% de las empresas esos plazos no son adecuados. Necesitamos plazos de mercado normales para poder trabajar con insumos importados”, fue el reclamo directo de Rodríguez.
Las empresas sostienen que los proveedores de insumos no quieren cerrar operaciones cuando se les pagará a los 180 días. Al respecto Massa evitó definiciones y sin dudas será uno de los puntos de discusión más fuerte en el pretendido proceso de ordenamiento de las importaciones.
