En la Argentina, hay 9,13 millones de trabajadores en alguna de las versiones de formalidad privada y 3,33 millones de empleados públicos.
Esto supone que, sin considerar las personas que se desempeñan en la informalidad, más de uno de cada cuatro de los que trabajan en el país (para ser exactos, el 26,7%) lo hace de forma directa para alguno de los niveles del Estado, ya sea nacional, provincial o municipal.
Los datos, que provienen de un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) actualizados a febrero de este año, también indican que en el país hay 55 trabajadores públicos cada 100 asalariados privados. En 2012, la misma cuenta daba 42.
Es decir, en 10 años, la relación entre públicos y privados creció un 31% en favor de los primeros.
El estudio se basa en información del sistema de seguridad social, que incluye datos, por un lado, del Sistema Integrado Previsional Argentino (Sipa), que registra al total de asalariados del sector privado, de la Administración Pública Nacional y de los estados provinciales que transfirieron sus cajas previsionales al sistema nacional. También están incluidos los trabajadores autónomos, de casas de familia y los monotributistas.
Por otro lado, el estudio del Iaraf suma los datos de las cajas previsionales no transferidas (como la de Córdoba), que abarcan a trabajadores del sector público de las provincias y los aportantes a sistemas jubilatorios no incorporados al sistema nacional, como las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad, entre otros.
Del total de 9,13 millones de privados registrados, la gran mayoría son asalariados que trabajan en relación de dependencia en empresas y comercios de todos los tamaños y rubros (6,04 millones).
El resto son asalariados de casas particulares (475 mil), independientes autónomos (385 mil), independientes monotributo (1,8 millones) e independientes monotributo social (441 mil).
Evolución
En su conjunto, el empleo registrado creció en la Argentina de forma casi ininterrumpida desde el 2012 hasta la crisis del 2018. Fue cuando explotó la cotización del dólar en el comienzo de la segunda mitad del Gobierno de Mauricio Macri y se produjo el punto de inflexión que dio inicio al último periodo de destrucción de puestos de trabajo.
El país había tocado un máximo de 12,3 millones de trabajadores registrados (públicos y privados), pero “a partir de septiembre de 2018 se hilvanaron 31 registros con variaciones interanuales negativas, tocándose un piso de 11,8 millones en el peor momento de la pandemia del coronavirus: mayo de 2020″, dice el informe.
Con la salida de la crisis sanitaria volvieron a recuperarse puestos totales mes a mes, hasta el dato de febrero último que indica que en la Argentina hay un pico de 12.483.648 personas registradas en algún trabajo, 701.105 más que el mínimo de mayo de 2020 (en el contexto de la pandemia y el aislamiento) y apenas por encima de los 12.346.755 de mayo de 2018, justo antes del comienzo de la crisis económica.
El informe advierte que para el análisis sólo se consideraron los empleos registrados que contabiliza el Ministerio de Trabajo. No es un dato menor en la ecuación, ya que los argentinos con actividades principales no registradas (en negro) son unas cinco millones de personas, más del 30% del empleo total.
El empleo público en pandemia
En cuanto al empleo público, desde 2013 hasta 2017 observó una variación interanual positiva mayor a la del trabajo en su conjunto.
El informe del Iaraf explica que “en contexto de la Ley de Responsabilidad Fiscal de 2017, el empleo público mantuvo su crecimiento, pero al mismo ritmo que el empleo privado y en línea con el crecimiento poblacional del país”. Pero aclara, “con la crisis de 2018 y ya en 2019, retomó una tendencia alcista mayor y volvió a mostrar un crecimiento sostenido, aun cuando las demás categorías destruían puestos de trabajo”.
Explicado de otra forma: durante la pandemia, todas las categorías de ocupación, a excepción del empleo público, cayeron.
Si bien el crecimiento del empleo público disminuyó a partir de 2016, nunca dejó de crecer, salvo un corto lapso en 2018 y un mes en 2020 (octubre). Así, se pasó de 2.548.396 puestos en enero del 2012 a 3.334.176 en el segundo mes de 2022. Esto equivale a un crecimiento del 31% de la planta pública de todos los niveles de gobierno en los últimos 10 años, dice el informe del Iaraf. En números, se traduce en la incorporación de 785.780 nuevos empleos en la esfera estatal.
Volviendo al comienzo, en la última década, aún con distintos gobiernos, los asalariados públicos aumentaron su importancia relativa en el empleo registrado total, pasando de un 23,4% en enero de 2012 a representar un 26,7% en febrero pasado.
Salario real y gasto público
Nadin Argañaraz, responsable del Iaraf, explicó que “este cambio de relación se dio en un contexto de pérdida del poder adquisitivo del salario”.
“Tanto el sector privado como el público vienen perdiendo con la inflación, unos seis salarios en el sector privado formal, ocho salarios en el sector público y 12 en el sector informal. En ese contexto de mayor relación de empleados públicos respecto de los dependientes privados y de pérdida de poder adquisitivo del salario, el Estado ha más que financiado el aumento de la planta de empleados públicos con esa caída del salario real”, agregó el economista.
Argañaraz le pone un número al problema: “Si se contabiliza cuánto sería el mayor gasto que tendría que realizar el Estado si pagase los mismos salarios que hace cuatro años, estamos hablando del orden de dos puntos del PIB. Es decir que el aumento de la planta se financió con la caída del salario, tanto para esa planta incremental, como para la que existía previamente”.
