Martín Llaryora dio un discurso atípicamente largo ante la Legislatura de Córdoba. Lo central de ese mensaje fue la ambivalencia que domina la posición del peronismo cordobés ante el Gobierno de Javier Milei: reiteró que el Presidente sabe que cuenta con el apoyo de Córdoba, pero dedicó la mayor parte del mensaje a marcar diferencias políticas y económicas con el modelo libertario de la Nación.
El gobernador hizo una declaración de los principios cordobesistas que hoy lo distancian de Milei: defensa irrestricta del sector productivo y las economías regionales; de la actividad industrial, de las universidades y de la cultura, así como del Fondo de Incentivo Docente. No cuestionó en su discurso las privatizaciones previstas por la Nación, pero en cambio advirtió que en 2001 los argentinos ya vimos “un plan macroeconómico que parecía que cerraba, cuando en realidad cerraban las pymes y crecía el desempleo”.
Dejó en claro que hasta el momento sólo hubo trabajo conjunto con Patricia Bullrich en materia de Seguridad, y señaló una larga serie de diferencias políticas y económicas con el esquema nacional y también con la “ley ómnibus” que trata el Congreso. A renglón seguido, recalcó que sus legisladores fueron clave para que el Gobierno logre el cuórum y el Congreso pueda debatir.
Llaryora: apoyo con cada vez más condiciones
La ambigüedad llegó a su punto máximo cuando advirtió el riesgo de que la Nación imponga “la paz de los cementerios” si el plan fiscal no contempla también un plan productivo. Pese a eso, ordenó a sus legisladores votar en general esa ley. Natalia de la Sota es la única que no obedecerá esa instrucción.
Llaryora reprochó reiteradamente en la Unicameral la paralización de la obra pública nacional y recalcó que la Provincia invertirá 700 mil millones de pesos en obras de infraestructura. Pero no explicó en ningún momento cómo financiará esas inversiones y tampoco mencionó siquiera el complicado frente financiero que supone una deuda en dólares cuyo peso acaba de duplicarse para la Provincia por la devaluación.
Tampoco mencionó el conflicto creciente por el déficit de la Caja de Jubilaciones: todo está pendiente con ese Gobierno nacional que despierta sentimientos y posturas cada vez más contradictorias en el Panal.
Habló de graves consecuencias económicas, productivas y sociales vinculadas a la crisis nacional, y dejó en claro que el modelo de gestión que está empezando a implementar en la Provincia apunta a fortalecer la presencia del Estado “con un rostro cada vez más humano”.
Prometió un Estado que no abandona a su gente y a renglón seguido apuntó –sin nombrarlo– al gremio docente que protestó en las puertas de la Legislatura. Recalcó que 9 de 10 gremios estatales aceptaron los “convenios colaborativos” que reemplazan la cláusula gatillo de actualización por inflación, y llamó a la reflexión a los empleados públicos: les pidió que bajen la conflictividad y les advirtió que lo que pase en el sector privado pasará en el sector público. También les recordó que son los únicos trabajadores que tienen garantía de estabilidad y les dijo que “el compromiso de los servidores públicos debe ser mayor”.
El plan que describió para establecer un nuevo paradigma en el modo de enseñar no es compatible con el nivel de conflicto que está planteando la UEPC. También insistió en que debe mejorar la calidad de la atención en los hospitales públicos: comprometió inversiones, ratificó el proyecto de integración público-privada y empoderó a los directores.
Mucho para los intendentes
El otro dato saliente del discurso de Llaryora es lo mucho que espera de los intendentes. Buena parte de las acciones en materia de seguridad, salud y educación parten de una mayor descentralización de funciones. Alentó con insistencia la adhesión a la Ley de Seguridad y la implementación de guardias urbanas municipales en pueblos y ciudades, pero además les aclaró a los intendentes que deberán salir a buscar a los chicos que dejaron la escuela, encargarse de monitorear el estado de los colegios y ser más activos en la atención primaria de la salud, ya que habrá un aluvión de gente que se quedará sin obra social.
Ante la evidente alarma de los intendentes por las nuevas funciones que ven venir, Llaryora aclaró: “En Córdoba no pensamos que para que nos cierren las cuentas en la Provincia debe crecer el déficit en los municipios”. Prometió el giro puntual de la coparticipación y recursos para financiar la descentralización propuesta a quienes adhieran a esos planes. “No es obligatorio: es una oportunidad”, les aclaró a los intendentes y jefes comunales.
Quedó claro en el discurso de Llaryora que todo está pendiente en materia fiscal. En primer lugar, un nuevo acuerdo con la Nación cuando ya estén definidas las atribuciones que el Congreso le dará a Milei. Luego, un nuevo acuerdo con municipios y comunas para los tiempos que vienen en la Provincia.
A la hora de trazar planes, Llaryora no midió todavía los costos. Ratificó la continuidad de los programas sociales de la Provincia, comenzando por el PPP, el boleto educativo y el Paicor. Prometió un plan de fomento para el norte cordobés. Describió inversiones en materia de salud, educación, seguridad y justicia que suponen fuertes incrementos en el gasto, pese a que todo es incierto todavía en materia de ingresos y la pulseada por recursos con la Nación recién está comenzando.
