Organizaciones sindicales, sociales, dirigentes y funcionarios del Poder Judicial marcharán el próximo 2 de febrero a la sede de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en modo de protesta. Según informó el diario Clarín, al menos 10 de los referentes que convocaron a la manifestación están condenados o procesados.
Para empezar, está Luis D’Elía, condenado a cuatro años de cárcel y ocho años de inhabilitación para ejercer cargos públicos por la toma de una comisaría en el barrio porteño de La Boca, en 2004. El año pasado la Corte Suprema confirmó la condena y ahora está en libertad condicional.
Otro de los que llamaron a marchar fue el Juez Juan Ramos Padilla cuyo hijo, el juez Alejo Ramos Padilla, está imputado en el caso del Operativo Puf contra la causa de los Cuadernos de las Coimas.
También se unió a la convocatoria el Ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, fue procesado por el juez Bonadío en la causa que investiga irregularidades en los Programas Municipales para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos
A estos de suma Hugo Moyano, quien fue denunciado por la diputada Graciela Ocaña por supuesto enriquecimiento ilícito hace tres años, pero la causa sigue sin definición.
Otros que forman parte del listado son cinco dirigentes de Camioneros también están procesados por coacción a empresarios, a directivos de su obra social y en la causa de la Mafia de los Medicamentos.
En tanto, el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, también sumó a la protesta. El funcionario fue sobreseído en la causa por el supuesto encubrimiento de cinco iraníes acusados como autores intelectuales del atentado a la AMIA. El sobreseimiento aún no está firme.
Milagro Sala, quien se encuentra detenida hace seis años en Jujuy, es otra de las convocantes a la marcha contra la Justicia. El Tribunal Superior de Justicia de Jujuy ratificó la condena a 13 años de cárcel para la líder de la agrupación Tupac Amaru.
La lista se completa con Cristina Caamaño, la interventora de la AFI y presidenta de Justicia Legítima, a quien la jueza María Servini le dictó la falta de mérito en la causa en que se investiga la filtración de un informe secreto con los nombres de más de dos mil espías y analistas. También está Hebe de Bonafini, procesada en la causa en que se investiga a Sergio Schoklender por el desvío de 46 millones de pesos en el Plan Sueños Compartidos.
Otra de las que apoyó la manifestación fue Alessandra Minnicelli, la esposa de Julio De Vido, quien fue condenado en la causa de la Tragedia de Once por no haber controlado la entrega de subsidios y procesado en una causa por el supuesto desvío de fondos para la mina de Río Turbio e imputado en otras nueve causas.
Juntos por el Cambio
El viernes pasado, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio difundió un comunicado criticando la marcha contra la Corte y señaló que suma “gravedad institucional” a la escena política.
Luego de señalar que la Constitución consigna un mecanismo para la remoción de los jueces, estimaron que “este procedimiento no puede ser sustituido por reclamos facciosos como los que alienta el Gobierno”.
No obstante la postura de la oposición, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerrutti, dijo en su habitual contacto con los periodistas de Casa Rosada el jueves que el Gobierno “no toma postura” respecto a la marcha.
*Este texto fue publicado originalmente por Los Andes. Se reproduce aquí con autorización correspondiente.
