El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ), Luis Angulo, se declaró sorprendido por el proyecto de ley presentado por el legislador libertario Agustín Spaccesi para la creación de un Tribunal de Casación como instancia previa al máximo tribunal. No se manifestó sobre esa propuesta, pero fue enfático al señalar que una reforma judicial de este tipo requiere “diálogo interinstitucional” y un profundo estudio sobre las implicancias procesales.
“Modificar una estructura judicial, sobre todo cuando el cambio tiene una profundidad tal como la que plantea esta propuesta de un legislador, requiere un estudio muy serio y profundo, además de consultas institucionales y académicas”, indicó Angulo, que acaba de ser ratificado como presidente del TSJ y máxima autoridad del Poder Judicial cordobés.
Recalcó que la Justicia de Córdoba tiene una larga tradición institucional y que, como mínimo, deben participar en la discusión la Academia Nacional de Derecho, la Asociación de Magistrados, las universidades, el Colegio de Abogados y el gremio de empleados judiciales. “Crear una nueva instancia judicial es un tema de enorme trascendencia institucional y no puede ser tratado a las apuradas y sin el debate necesario”, indicó.
“En el marco de la democracia es indispensable el diálogo interinstitucional, en particular, si nos referimos a temas de trascendencia institucional, como es este proyecto de creación del Tribunal de Casación. Esto implica necesariamente, consulta y participación de todas las entidades del quehacer judicial capaces de garantizar un serio y profundo”, repitió el Presidente del TSJ, que además consideró que “no se puede pretender debatir semejante temática de un día para otro”.
La propuesta de Spaccesi ingresó a la Legislatura en la madrugada del jueves pasado. Propone la creación de un Tribunal de Casación de siete miembros y cuatro salas, a imagen y semejanza del TSJ. También propone la creación de cuatro Fiscalías de Casación y una reforma procesal, ya que supone una nueva instancia judicial. Uno de sus puntos más polémicos es que no prevé la intervención del Consejo de la Magistratura: todos las designaciones serían a propuesta del Ejecutivo.
Pese a que tanto el Panal como la bancada legislativa de Hacemos Unidos por Córdoba afirman no tener nada que ver con el proyecto de Spaccesi, la oposición descuenta que la iniciativa provino del peronismo. Spaccesi integra una bancada uninominal pero es uno de los habituales aliados del oficialismo.
Doble instancia
Angulo insistió en la complejidad procesal que supone la propuesta, y además recalcó en en la Justicia de Córdoba existe la segunda instancia. Señaló que en varios fueros existen cámaras de apelación y que desde hace más de una década, siguiendo la recomendación de la Corte Suprema, la Justicia provincial realizó una reforma del procedimiento penal a los fines de garantizar la segunda instancia penal. La Sala Penal del TSJ es la que cumple esa función.
Señaló que a los efectos de mejorar el fuero penal, se están creando nuevas fiscalías en el interior y en Capital, además de fiscalías específicas antinarcotráfico, y que en simultáneo se avanza en el plan territorial que diseñaron la Sala Penal del TSJ y el Ministerio Público Fiscal con la asesoría del exministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, y el especialista Héctor Chayep. También se lleva adelante el plan piloto para la implementación de cambios en la tramitación de causas que incluyen delitos en flagrancia.
Respecto del artículo del proyecto de Spaccesi que incluye la designación de jueces a propuesta del Ejecutivo, Angulo indicó que desde el año 2000 existe en Córdoba el Consejo de la Magistratura y el concurso obligatorio. Y que además es ley que el Ejecutivo no puede realizar esas designaciones. “Si se realizaran designaciones en los términos en que propone ese proyecto, se afectaría la independencia del poder judicial, y en consecuencia el sistema republicano”, indicó Angulo.
El presidente del TSJ brindó la respuesta institucional del Alto Cuerpo. Otras voces del mismo Tribunal son mucho menos protocolares: el rechazo es contundente y la lectura más compartida es que esa propuesta apunta a minimizar las competencias del máximo organismo judicial. Las interpretaciones sobre la jugada política son diversas, pero el clima en el que termina el año judicial en Córdoba es tormentoso.
