La Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA) denunció este jueves “persecución política e intento de intimidación a la clase trabajadora”, luego de que el Gobierno de Javier decidió multar a organizaciones gremiales y sociales con un supuesto “pago solidario” de millones de pesos por participar en la protesta del 27 de diciembre último.
“A través del Ministerio de Seguridad, el Gobierno intimó a la CTAA, a la Federación Nacional Territorial, a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), a la Conadu Histórica y a organizaciones de otras centrales y movimientos sociales a pagar multas de 56.760.282 y 40.419.227 pesos por participar en las marchas del 22 y 27 de diciembre”, afirmó.
Un documento gremial sostuvo que “esas penas o supuestos ‘pagos solidarios’ son actos de persecución e intimidación del Gobierno de Javier Milei, que procura sostener una norma inconstitucional, además de pretender atribuir a los trabajadores un delito no cometido, porque solo ejercen su derecho constitucional a la protesta”, puntualizó.
La CTAA, que colideran el estatal Hugo Godoy y los adjuntos Ricardo Peidro (visitadores médicos) y Mariana Mandakovic (universitarios), realizó presentaciones judiciales en rechazo de esas intimaciones, y presentó denuncias en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a partir de “la inconstitucionalidad del protocolo antipiquetes, que crea y determina castigos a supuestos delitos no encuadrados en el Código Penal”.
“El Ministerio de Seguridad no tiene autoridad per se para modificarlo y establecer esas penas. La CTAA rechaza y repudia esa acción persecutoria, discriminatoria y de abuso de poder y avanzará en nuevas denuncias en los organismos internacionales como la OIT, ya que el protocolo es una norma que viola el derecho constitucional a la acción sindical, a organizarse y al reclamo de los trabajadores”, puntualizó el documento del sector.
La central obrera también ratificó el paro y movilización hacia el Congreso del 24 de este mes en rechazo del decreto de necesidad y urgencia 70/23 y la ley ómnibus, a través de los cuales “el presidente Milei pretende gobernar por decreto, ejercer abuso de poder, avasallar al Congreso y arrasar con derechos laborales y sociales del pueblo argentino con el único objetivo de establecer un Estado de sitio de hecho”, concluyó.
La respuesta de la CGT
Por su parte, la CGT advirtió que la medida tomada por el Gobierno nacinal “no condicionará al movimiento obrero organizado”.
“La CGT no representa los intereses de una ‘casta’ sino los de trabajadores de nuestro país que, en una sociedad democrática y conforme la Constitución Nacional, tienen el derecho a gozar de la protección de las normas, a la organización sindical, a negociar convenios colectivos y a ejercer el dderecho a la manifestación y huelga”, sostuvo la central obrera en un comunicado.
La central obrera, que conducen Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano, consideró esa acción del Ministerio de Seguridad como una “afrenta ilegítima y contraria a la Constitución” que “expone la vocación gubernamental de desconocer la libertad sindical y el derecho a huelga y de protesta ante todo intento de manifestar el rechazo y el descontento”.
Pero advirtió que esa intervención oficial “no condicionará al movimiento obrero organizado”.
La CGT consideró las intimaciones como una “nueva provocación” del Gobierno y un “nuevo intento” de “acallar toda manifestación de protesta de los trabajadores organizados en expresión de sus legítimos reclamos ante la reforma laboral más regresiva en toda la historia democrática de nuestro país”.
Los telegramas oficiales fueron enviados por el Ministerio de Seguridad a gremios como Camioneros, Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Unión Obrera de la Construcción (Uocra), Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y Asociación de Trabajadores del Estado, la unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), entre otros.
