“Como siempre, lo urgente no deja tiempo para lo importante”, decía el personaje de Mafalda en una de las tiras de Quino. La frase puede aplicarse a lo que sucede en los últimos tiempos en el Congreso: los debates más apremiantes, vinculados a la coyuntura económica y el ámbito presupuestario, dejan en un segundo plano leyes de impacto social que, aunque no tienen costo fiscal, son cajoneadas por el oficialismo y quedan a medio camino.
La lista de proyectos que están listos para ser aprobados (algunos con dictamen favorable y otros ya con media sanción) se engrosa cada vez más. Van desde la regulación del juego online y la llamada “Ley Nicolás” para prevenir casos de mala praxis médica, hasta un programa para el tratamiento del Alzheimer, la “Ley Blas” contra la violencia institucional y el sistema “Alerta Sofía” para la localización de niños y adolescentes extraviados, entre otros.
“Venimos de sesión especial tras sesión especial. Los temarios son cerrados, y únicamente estamos respondiendo a aquellas cuestiones que son urgentes para el Gobierno nacional, que ameritan tratamientos urgentes porque se trata de la macroeconomía y la gobernabilidad”, se quejó en el recinto meses atrás la senadora chubutense Edith Terenzi, que le puso palabras al malestar general de la oposición.
Terenzi, senadora que responde al gobernador Ignacio Torres, hizo dos pedidos de sesión en la Cámara alta y contó con acompañamiento de otros bloques, pero no obtuvo ninguna respuesta. En el Senado, el clima no puede ser peor: entre la polémica de la última sesión, que el oficialismo considera inválida, y la crisis entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y el presidente Javier Milei, no parece haber margen para abrir ningún debate.
Entre los principales proyectos pendientes figura el de prevención de la ludopatía, que busca prohibir la publicidad del juego online y regular las plataformas. La iniciativa fue aprobada el 27 de noviembre en Diputados con apoyo transversal de la oposición, pero en el Senado no avanzó. La Libertad Avanza se opone desde su ideología contra la intervención estatal, a lo que se suma el lobby en contra por parte de las empresas de “ciberapuestas”.
Otro tema en carpeta es la Ley Nicolás, que apunta a mejorar la atención de los pacientes y las condiciones de trabajo de los profesionales de la salud, y reducir los eventos médicos inesperados. Lleva ese nombre por Nicolás Deanna, un joven de 24 años que murió en 2021 por un diagnóstico médico errado.
“Es un reclamo de muchas familias que cambiaron su dolor por una actitud propositiva y empezaron a recorrer los pasillos legislativos para pedir un poco más de seguridad en la atención médica primaria”, advirtió Terenzi. El proyecto, presentado originalmente por el diputado radical Fabio Quetglas, cuenta con aprobación de Diputados desde fines de 2023 y está en zona de peligro: si no se trata antes del 28 de febrero de 2026, perderá estado parlamentario.
También hay otros proyectos con dictamen favorable que no llegan al recinto del Senado: uno de Terenzi para la detección temprana de la Atrofia Muscular Espinal (AME), una enfermedad de origen genético que debilita el movimiento; y otros dos del salteño Juan Carlos Romero, aliado del Gobierno, para crear un registro nacional de búsqueda de personas extraviadas y desaparecidas, y darle rango de ley al protocolo “Alerta Sofía”.
La lista de debates inconclusos sigue con dos proyectos sociales impulsados por Carolina Losada (UCR). Uno, ya aprobado en el Senado, tiene que ver con la tipificación de la compraventa de menores, y fue motivado por el caso de Loan Peña en Corrientes. Otro, que ya tiene dictamen pero es rechazado por especialistas, penaliza las “falsas denuncias” en casos de violencia de género.
Por otra parte, está pendiente de votación en Diputados la “Ley Blas”, basada en el asesinato del joven de 17 años Valentino Blas Correa, ocurrido en agosto de 2020 durante un control policial en Córdoba. El proyecto fue presentado por Gabriela Brouwer de Koning (UCR): por un lado, incorpora un delito con penas más altas para los funcionarios públicos que alteren la escena del crimen; y por otro, contempla la figura del arrepentido.
La Ley Blas quedó incorporada dentro de un dictamen más amplio firmado en noviembre, que modifica los Códigos Penal y Procesal Penal en materia de legítima defensa, un tema que forma parte de la agenda legislativa de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Pero el proyecto, ya sea por falta de votos o de voluntad del oficialismo, no logra llegar al recinto.
En otro orden, el radical Facundo Manes (Democracia para Siempre) empuja un proyecto suyo para prevenir e investigar la detección temprana, el tratamiento y los cuidados adecuados de los pacientes con Alzheimer. Según el neurocientífico, en Argentina hay medio millón de personas que padecen ese trastorno.
El proyecto ya tiene dictamen de la Comisión Salud, pero a diferencia de los anteriores fue girado a Presupuesto y Hacienda porque, como crea un programa, la Presidencia de la Cámara supuso que tiene un costo fiscal. En la última y escandalosa sesión, Manes buscaba aprobar un emplazamiento para obligar al libertario José Luis Espert a abrir el debate en Presupuesto, pero no se llegó a votar.
