La Unidad de Información Financiera (UIF), un organismo oficial y única querella en las causas Los Sauces y Hotesur, decidió no apelar el sobreseimiento que dos jueces del Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) dictaron a favor de Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia Kirchner y los demás imputados.
De esta forma, el Gobierno volvió a beneficiar a la vicepresidenta en un caso de corrupción.
Causas Hotesur y Los Sauces: cómo sigue
La Cámara de Casación Penal ahora sólo deberá analizar el planteo del fiscal Diego Velasco quien insistió en la realización en la anulación del sobreseimiento y la realización del juicio oral.
El organismo estatal, la UIF, había pedido la semana pasada una prórroga para expedirse sobre el sobreseimiento de la vicepresidenta y sus hijos.
El TOF 5 le concedió unos días más y finalmente, vencido los plazos, la UIF decidió no apelar la decisión que anuló el juicio por lavado de dinero.
Así, el Gobierno convalidó la decisión de los jueces Daniel Obligado y Adrián Grunberg que determinaron la inexistencia de delito en las causas Hotesur y Los Sauces, y por ese motivo dictaron el sobreseimiento sin la realización del juicio oral, publicó Clarín.
Una vez concedida la apelación de la fiscalía a cargo de Diego Velasco, será la Sala I de la Cámara de Casación, integrada por los jueces Daniel Petrone, Gustavo Barrotaveña y la magistrada Ana María Figueroa la que deberá resolver si confirman el sobreseimiento o si por el contrario, ordenan que Cristina Kirchner, sus hijos y otros trece imputados, afronten el debate oral.
En su dictamen, Velasco se ocupó de refutar los principales argumentos de la defensa de Cristina Kirchner a cargo de Carlos Beraldi, que había sostenido que al estar bancarizados los pagos de las empresas que Lázaro Báez y Cristóbal López realizaron a las firmas de los Kirchner, se podía realizar la trazabilidad de dichos fondos y que entonces no había ocultamiento ni dinero de origen espurio. Beraldi también había dicho que en el movimiento de dichos fondos intervinieron el fisco y entidades bancarias.
Hotesur SA y Los Sauces SA son las empresas de la familia Kirchner utilizadas -según la Justicia- para lavar dinero por un total de $120 millones desde 2009 a 2015. La investigación sostuvo que esas firmas no tenían fines comerciales, muy por el contrario eran inviables, sino que sólo se montaron con el fin de canalizar fondos de origen ilícito, agrega Clarín.
Estas dos compañías no cuentan con sedes comerciales, nunca las tuvieron. En ambos casos un común denominador fue Lázaro Báez como inquilino en la inmobiliaria y como responsable de administrar y explotar los hoteles. Para los jueces Obligado y Grunberg nada configuró un delito, por el contrario, dijeron que había inexistencia del mismo.
Qué pedía la fiscalía en la causa contra Cristina Kirchner
El fiscal ante el Tribunal Oral Federal 5, Diego Velasco, pidió rechazar el reclamo de sobreseimiento en las causas Hotesur y Los Sauces.
Con la entrega del dictamen por parte de la fiscalía, los jueces del TOF5 Adriana Pallioti, Daniel Obligado y Adrián Grunberg quedaron en condiciones de resolver sobre el planteo del abogado defensor de la familia Kirchner, Carlos Beraldi, quien reclamó el cierre de las causas sin juicio oral y el dictado de los sobreseimientos por inexistencia de delito, informaron fuentes judiciales.
El Tribunal ya recibió las posturas al respecto de todas las partes del caso, incluidas otras defensas de procesados que se sumaron al planteo y reclamaron los sobreseimientos, por lo cual quedó en condiciones de resolver.
El fiscal Velasco pidió que se siga adelante con los preparativos para el juicio oral y que se le ponga fecha de inicio una vez que concluyan medidas de prueba pendientes, como un peritaje encomendado a especialistas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Velasco sostuvo que debe hacerse el juicio por los delitos de “asociación ilícita y lavado de activos”.
Por el contrario, la defensa de la expresidenta y actual vicepresidenta, de sus hijos Máximo y Florencia Kirchner y de los también procesados Romina Mercado y Patricio Pereyra Arandia reclamó los sobreseimientos y el cierre del caso por tratarse de una acusación “injusta”.
En ambas causas, que se unificaron cuando llegaron a la etapa dejuicio oral, se investigaron presuntos hechos de lavado de dinero a través del alquiler de plazas hoteleras y propiedades pertenecientes a esas sociedades.
