El fuerte rebote de la inflación general en marzo hacía pensar que también podrían haber disparado los costos vinculados a los trabajos públicos. Para alivio del Centro Cívico, si bien se produjo un aumento promedio superior a los dos primeros meses del año, lo cierto es que estuvieron muy por debajo de lo imaginado.
En efecto, de acuerdo con lo publicado por la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba, el índice de obra pública registró incrementos que promediaron el 1,1%. El mes pasado, el nivel general del IPC (índice de precios al consumidor) de Córdoba marcó 2,8% y, el nacional, 3,7%, más del triple.
La información no es un dato menor para el Gobierno provincial que en el Presupuesto 2025 estructuró un pormenorizado plan de obras para los meses que quedan antes de las elecciones.
Del total de 46 productos y servicios que releva el organismo oficial, 25 aumentaron por encima del 1% y el resto lo hizo por debajo de ese porcentaje. La mediana, por su parte, que es el valor que se encuentra equidistante entre los que más y menos subieron, y que refleja mejor la realidad en un escenario de disparidad, también fue del 1,1%.
El aumento promedio de los indicadores no es un índice general, ya que no hay ponderación y cada ítem tiene una incidencia muy variable según el tipo de obra. Sin embargo, sirve como parámetro para monitorear la evolución de los precios.
Un dato: cuatro productos o servicios bajaron de precio en marzo: los aceros (-0,42), la carpintería (-0,43%), la amortización de los equipos (-2,66%) y los químicos (-1,34%).
Entre los productos clave, el hormigón subió en marzo 0,88%; el cemento, 1,61%; los asfaltos, 0,41%; los áridos, 1,81%; y los conductores, entre 0,31% y 0,88%.
La tarifa eléctrica estuvo entre lo que más se ajustó: 2,16%. Lo mismos que los gastos en transporte (1,21%), las válvulas (3,21%), los aisladores (1,71%) y los equipos para preensamblados (4,78%).
La mano de obra se encareció en un 0,56%.
El IOP que mensualmente publica la Provincia tiene su base en un relevamiento propio de 46 indicadores. Es importante para las cuentas de la administración que conduce Llaryora porque es el indicador que utilizan las empresas constructoras que llevan adelante trabajos públicos provinciales para recalcular sus contratos.
El sistema funciona así: Estadística y Censos releva los precios del conjunto de productos y servicios comúnmente utilizados en las obras públicas. A final del mes siguiente, publica el listado actualizado y, con esos datos, las empresas constructoras calculan si su obra superó el 10% y, de ser así, piden un ajuste.
La queja histórica de la Cámara de la Construcción es que por la demora de todo el trámite pierden ingresos derivados de la brecha entre que sus costos subieron y reciben la recomposición. Para peor, en 2022, cuando la inflación se acentuó aún más, la Provincia elevó el porcentaje que dispara los pedidos del 5% al 10%, agravando el retardo.
En enero, el promedio (no ponderado) de los indicadores había subido un 0,6% y, en febrero, 0,5%.
