La bancada de Juntos UCR, conformada por nueve de los 10 legisladores radicales que integran la Unicameral, ya decidió que se opondrá a cualquier intento de modificar la ley provincial 10.460, que impide la re-reelección en aquellos municipios y comunas que no cuentan con carta orgánica.
“Es una barbaridad poner la institucionalidad al servicio de una estrategia electoral que le es funcional al peronismo. Estamos en contra de cambiar la ley y, si llega a surgir algún proyecto sobre el tema, vamos a votar en consecuencia”, aseguró Juan Jure, presidente del bloque radical en la Legislatura, consultado por La Voz.
Todo sobre la interna de la UCR
El cada vez más instalado debate sobre la inminente suspensión de la prohibición que rige desde 2016 para la re-reelección comienza a generar tensión hacia adentro del radicalismo.
Este medio informó la semana pasada que el gobernador Juan Schiaretti había tomado la decisión política de avanzar con la suspensión del cepo de la “re-re”, y que, paralelamente, el oficialismo había iniciado gestiones con intendentes de otras fuerzas políticas –especialmente del radicalismo– para compartir el costo político que representa cambiar las reglas de juego electorales por conveniencia política.
En el radicalismo, el tema preocupa. Hay un temor creciente de que, como sucedió con el controvertido proyecto de legalización del juego online –presentado por Juntos por el Cambio y aprobado en diciembre pasado con mayoría de votos del peronismo–, la discusión vuelva a generar una fuerte crisis interna.
Concretamente, inquieta sobremanera que la controversia impacte en Juntos por el Cambio justo en momentos en que el espacio opositor intenta mantenerse unido con vistas a los comicios de 2023.
“El peronismo nos quiere llevar a la misma trampa del año pasado. Son ellos los que tienen que dar la cara. Si pretenden realizar cambios a la ley, que lo digan con todas las letras. Nosotros vamos a exponer nuestra posición cuando haya un proyecto concreto; hoy son todos trascendidos”, afirmó el diputado nacional y presidente del radicalismo de Córdoba, Marcos Carasso.
En la conducción del radicalismo no hay fisuras sobre la oposición a reinstalar la “re-re”: Rodrigo de Loredo, Mario Negri y Ramón Mestre la rechazan.
En la Casa Radical hay consciencia de la incomodidad que genera abordar la problemática de la “re-re”. Es que la totalidad de los intendentes del partido pretende volver a presentarse. Ya lo hicieron saber.
Ante esa situación, la estrategia apunta a contener a los propios evitando criticar públicamente sus movimientos. “El peronismo los está presionando (a los intendentes) y nosotros tenemos que ser inteligentes para que esto no termine en una crisis”, comentó un dirigente con despacho en la histórica casona de los boina blanca.
De los 289 intendentes impedidos de volver a presentarse en 2023, 73 pertenecen a la UCR. La mayoría integra el Foro de Intendentes Radicales, pero hay un puñado que conforman el Mucora (Municipios y Comuna Radicales), cuyo líder es Daniel Salibi, intendente de Mendiolaza. Inhabilitado por la ley vigente para volver a postularse, en los últimos días, Salibi habló abiertamente a favor de suspender “por única vez” la prohibición que figura en la norma vigente.
Por su parte, Orlando Arduh, el único legislador radical en la Unicameral que no integra el bloque puro de la UCR, pero que preside la bancada de Juntos por el Cambio, dijo que no anticipará opinión.
“Espero que esta vez no se repita lo que sucedió con la ley de juego: cuando legisladores y dirigentes del partido sentaron una posición intransigente sin siquiera leer el proyecto”, afirmó quien fuera uno de los impulsores de aquella polémica iniciativa.
Días atrás, y luego de la publicación de La Voz, se multiplicaron los contactos de intendentes radicales con dirigentes y legisladores del partido para determinar qué posición iban a tomar al respecto.
“No nos vamos a pelear entre nosotros. Eso es lo que busca Hacemos por Córdoba. Vamos a ser inteligentes. Este es un debate que atrasa 20 años”, aportó el riocuartense Jure, quien dijo estar seguro que el resto de los integrantes de la bancada que lidera piensa igual que él.
Estrategia en marcha
El freno a la re-reelección está siendo abordado con cada vez más intensidad, aunque en el oficialismo buscan despegarse de la movida.
Como está totalmente descartado que un proyecto de suspensión de la ley surja del Poder Ejecutivo o de algunos de los bloques parlamentarios, el camino acordado es que sean los propios intendentes involucrados los que se expongan y afronten el costo político de impulsar la modificación.
Los involucrados acordaron que sean cada uno de los intendentes –independientemente del color político– y por departamentos los que planteen avanzar con el cambio.
Ese proceso ya está en marcha. Se espera que en las próximas semanas comiencen a recolectarse las firmas, las que estarán acompañadas por un planteo formal donde estará argumentado el pedido. El principal fundamento apuntará a la retroactividad, ya que la ley actual se aprobó en 2016, pero tienen impacto desde 2015.
Habrá 25 departamentos –Capital está exceptuada porque tiene carta orgánica– que cursarán notas a la Mesa Provincia-Municipios o directamente a la Legislatura con el planteo.
La idea es que las demandas de los intendentes lleguen a la comisión de Reforma Política, la misma que despachó en 2016 el proyecto que instauró la prohibición que ahora se quiere exceptuar. El siguiente paso será que llegue al recinto a mediados de julio, para su tratamiento final.
