Una condena a una líder política, dos veces presidenta y actual vice, está llamada a sacudir cualquier escenario, por más esperada y anunciada que haya sido la sentencia, incluso por la propia rea.
En Córdoba, el impacto parece difuso en términos de política provincial, pero termina teniendo secuelas en varios sentidos.
En principio, el oficialismo cordobés tiene una larga lista de conflictos acuciantes y una situación compleja generada por problemas propios de gestión, con lo cual lo que puede generar la condena por corrupción a Cristina Fernández de Kirchner no está entre los temas centrales.
Pero no deja de generar incomodidad y sumarse a un contexto nacional que Hacemos por Córdoba considera desfavorable.
No es casual que ninguna figura de la coalición gobernante provincial haya hecho el más mínimo comentario sobre la sentencia histórica en la causa Vialidad. Claro está que es parte de la política comunicacional del gobernador Juan Schiaretti y del intendente capitalino Martín Llaryora esquivarles a los pronunciamientos sobre cualquier situación que genere ruidos o tensiones.
Si se repasan los pronunciamientos públicos en redes de Schiaretti y de Llaryora, sólo se salen del libreto de ir publicando uno por uno sus actos oficiales de gobierno ante algo que suscite adhesiones mayoritarias, como, por caso, un resultado deportivo.
Así, saludaron y festejaron los ascensos de los equipos cordobeses y cada una de las victorias de Argentina en el Mundial de fútbol.
Pero no hay una palabra de hechos de amplia repercusión nacional como la condena a Cristina, o centrales en la agenda cordobesa, como todo lo que rodeó el siniestro fatal que protagonizó Oscar González, el largo conflicto en Salud, la causa del Neonatal o las turbulencias en Seguridad, por citar sólo algunos casos.
Con grieta y sin medio
La condena a Cristina impacta por varios lados. El primero ahonda la grieta, el clima de confrontación, los discursos por los extremos.
Todo eso quiere evitar el PJ provincial para el escenario electoral que se viene. Schiaretti y Llaryora se imaginan parados como siempre en la vereda anti-K, pero con la moderación suficiente como para recoger a dirigentes y votantes más afines al kirchnerismo bajo el amplio y siempre estirable paraguas del peronismo.
Además de complicar estrategias electorales provinciales, le cierra aún más la ya casi cerrada puerta que tenía el gobernador para intentar construir una candidatura nacional por el medio. Antes de la condena a Cristina, había muy poco medio; ahora queda prácticamente nada.
Justicias
Por otro lado, reflota el antiguo tema de las diferencias entre las justicias nacional y provincial. Aun con todas las sospechas, acusaciones, extrañas maniobras y cosas pocas claras que se advierten en el fuero federal, hay una larga lista de procesados y condenados al más alto nivel, incluida una expresidenta y actual figura central de la política nacional.
En Córdoba eso no se consigue, y es poco probable que se consiga, más allá de que haya o no un comportamiento más transparente en las gestiones locales.
El único condenado cordobés que tuvo poder es el exintendente capitalino Germán Kammerath, cuyas causas judiciales se activaron después de romper relaciones con el actual oficialismo provincial.
De hecho, la figura de Kammerath impacta más hoy en Juntos por el Cambio que en Hacemos por Córdoba, que fue la fuerza que lo llevó como candidato a vicegobernador y a jefe municipal.
De hecho, el motivo de más peso en la tensión y disputa personal entre Mauricio Macri y Luis Juez tiene que ver con que el senador nacional fogoneó la denuncia y el proceso que llevó al amigo del expresidente a la cárcel.
Pero como para dejar claro que hay una vara especial para el poder, las rejas de la granja especial en la que se encuentra alojado se abrirán para Kammerath con apenas un tercio de la condena cumplida, mientras que Bouwer está colmado de presos que llevan más de dos años sin sentencia.
