El Poder Ejecutivo Nacional envió antes de finalizar este martes al Congreso Nacional un proyecto de ley para reponer el impuesto a las Ganancias, nombrado ahora “Impuesto a los ingresos personales”, para asalariados que lo pagarán trabajadores con sueldos brutos de $ 1.250.000, que equivale a un salario de bolsillo de $ 1.140.000.
Conocida la intención del Gobierno, el ex ministro de Economía, Sergio Massa, criticó la medida y la calificó como “Rarezas de la libertad”.
La iniciativa propone que el impuesto sea retroactivo al 1° de enero y la actualización del mínimo no imponible y las escalas se realicen en forma trimestral a través del Indice de Precios al Consumidor (IPC) que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
Asimismo, se le pide al Congreso que delegue en el Poder Ejecutivo las facultades para modificar los montos de las escalas.
La norma también establece que las condiciones del impuesto se retrotraen a las vigentes en septiembre del año pasado.
Asimismo, incorpora modificaciones a las escalas del monotributo estableciendo un monto máximo para servicios de $ 35 millones anuales y de $ 68 millones para bienes.
La propuesta es consecuencia del reclamo de los gobernadores por la pérdida de recursos que sufrieron tras la eliminación del impuesto en octubre del año pasado.
“Los que les votaron la baja a Sergio Massa que ahora se hagan cargo de reponer el impuesto”, señalan desde el Ejecutivo culpando a los mandatarios provinciales de la situación actual.
Los gobernadores pretendían que se mantenga la eliminación del gravamen sobre los trabajadores y reclamaban que se coparticipe el impuesto al cheque. Pero dado que esta posibilidad resulta una sangría superior para los ingresos nacionales, el presidente Javier Milei rechazó de plano esta opción. De acuerdo al esquema de rebalanceo presupuestario presentado por el ministro de Economía, Luis Caputo, a mediados de diciembre, la reposición de este impuesto le aportaría a las arcas nacionales cerca de U$S 2.000 millones, mientras que se repartirían entre las provincias U$S 800 millones.
A raíz de algunas interpretaciones sobre desde cuándo regiría la nueva ley, el tributarista Sebastián Domínguez, explicó que la norma no puede ser retroactiva a 2023 porque eso afectaría “derechos adquiridos” y aclaró que la “retroactividad” corresponde a que se vuelve al régimen que había en ese momento pero no se le puede descontar nada correspondiente a ese período.
En diálogo con este medio señaló que la vigencia debe ser a partir del 1° de enero dado que Ganancias es un impuesto anual y cualquier modificación debe corresponder al período en curso.
No obstante, señaló que una opción es que comience a regir desde la sanción de la ley: “Si por ejemplo comienza en marzo, los dos primeros meses se liquidarían con el régimen actual y los 10 restantes con el que disponga la nueva ley sancione”. Esto dependerá de cómo se desarrolle la negociación en el Congreso. Si se hace con vigencia desde el 1° de enero, los adelantos correspondientes a enero y febrero podrían realizarse en cuotas en lo que resta del año.
Al trascender la decisión del Gobierno, Massa salió al cruce y defendió la ley que había impulsado con un comunicado bajo el slogan “el salario no es ganancia”.
“Mientras se llevan al Tesoro Nacional 0,76 puntos del PIB aumentando el impuesto PAIS y trasladando el costo a precios; le sacan a la gente la devolución del IVA del 0,25 puntos del PIB”, remarcó Massa.
En la misma línea, afirmó que “mientras se llevan la super cosecha, devaluación y aumento de retenciones al Tesoro 1,3 del PIB, le devuelven a los más ricos del país en bienes personales 0,23 del PIB”.
Finalmente subrayó que “mientras regalan en el blanqueo 1,4 del PIB en impuestos a los que evadieron, restituyen ganancias para darle una limosna a los gobernadores (0,17 del PIB), perjudican a 832 mil trabajadores”.
“Rarezas de la libertad”, remató Massa.
En el caso del impuesto a los Bienes Personales por los cambios introducidos en la Ley Omnibus quedarían alcanzados quienes al 31 de diciembre último tuvieron activos gravados por un valor de, al menos, $ 100 millones. Se mantiene la condición de que la vivienda única como residencia queda exenta hasta un monto de $ 350 millones.
La norma original no preveía cambios y mantenía una excepción para patrimonios de hasta $ 27.377.408 millones con una exención de $ 132 millones para la vivienda.
La actualización de estos valores se realiza en forma anual por el IPC que elabora el INDEC para el mes de octubre.
La nueva versión incluye un beneficio para contribuyentes cumplidores que consiste en que por los ejercicios 2024, 2025 y 2026, las alícuotas serán de 1% y 1,25% (en lugar de 1,25% y 1,5%) para quienes hayan cumplido “en tiempo y forma” con el impuesto entre 2020 y 2022.
