“Tenemos que cuidar a ‘los de azul’; si no, no podemos cuidar a la sociedad. No tenemos que tener miedo en decirlo públicamente”, afirmó con contundencia el gobernador Martín Llaryora el 5 de mayo pasado, mientras entregaba 600 motocicletas a la Policía provincial.
En medio del nuevo escándalo que conmueve a la Policía de Córdoba, la frase resuena hoy con un eco incómodo.
No fue hace tanto, pero parece una eternidad para los tiempos políticos. Sus voceros aseguran que el gobernador no está arrepentido de aquellas palabras. Una aclaración llegó desde el Centro Cívico, en procura de matizar lo que fue una declaración fuerte.
“Se refirió a los buenos policías, que son la inmensa mayoría; no a los delincuentes con uniforme”, explicaron las fuentes oficiales, en un intento por controlar el daño.
Sin embargo, el hecho no deja de ser una gran preocupación para el Gobierno. Lo concreto es que “los de azul” –ese cuerpo policial que Llaryora había pedido cuidar como escudo de la sociedad– se han convertido, en lo que va de su gestión, en fuente de sus mayores dolores de cabeza.
La detención del director de la Policía Caminera, Maximiliano Ochoa Roldán, sacudió no sólo a la fuerza. También es un cimbrón político inesperado para el Gobierno. El golpe impactó asimismo en Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad, el funcionario llaryorista de más alto perfil.
La oposición no tardó en tratar de aprovechar este tropiezo. En el oficialismo mismo, sobre todo en sectores del peronismo tradicional, hay quienes observan con cierta indiferencia –cuando no con algo de revancha– las dificultades de la gestión de Quinteros.
No pocos peronistas memoriosos recuerdan que, cuando el ahora ministro de Seguridad estaba en la vereda opositora, fue un tenaz denunciante de las gestiones de José Manuel de la Sota y de Juan Schiaretti.
Pero en el oficialismo no hay espacio para la celebración interna. Los escándalos que impactan a la gestión de Quinteros también salpican al Gobierno provincial.
Contactos en madrugada
Fue en la madrugada del viernes cuando el ministro Quinteros informó al gobernador de la noticia: el fiscal Guillermo González había ejecutado las detenciones.
En minutos, se activó la mesa chica del poder provincial. Llamadas urgentes, reuniones improvisadas, líneas de comunicación afinadas para enfrentar la tormenta que se aproximaba.
Como ocurrió con la detención del exjefe policial Alejandro Eduardo Mercado, el argumento oficial fue calcado.
“Se está depurando a la Policía, sin intentar influir en el funcionamiento de la Justicia. Son hechos que nos preocupan, pero lo importante es que no hay impunidad”, declaró a La Voz Daniel Pastore, ministro de Comunicación.
Quinteros, siempre dispuesto a atender a los medios con cifras y novedades sobre operativos contra el delito, esta vez apareció en escena rodeado de micrófonos, pero con el semblante de quien debe explicar lo inesperado.
“Este hecho, como otros que han ocurrido, demuestra que en Córdoba las instituciones funcionan”, dijo, aferrado al argumento institucional, evitando hablar del tembladeral político.
Con más resignación que entusiasmo, otro alto funcionario del llaryorismo, que pidió mantenerse en el anonimato, fue más crudo en su diagnóstico.
“Hay que aguantar hasta que pase el temporal. No esperen ninguna decisión de Martín (Llaryora) sobre Quinteros. Su continuidad no está bajo análisis. Aunque también es cierto que no se pueden repetir estos escándalos con jefes policiales”, expresó, reflejando una preocupación compartida en los pasillos del poder provincial.
La línea de defensa oficial, sin embargo, tiene un flanco débil que la oposición machaca: tanto Mercado como Ochoa Roldán –los dos últimos jefes policiales en caer por causas de corrupción– fueron ascendidos bajo esta gestión de Quinteros.
La figura de Quinteros, al mando del Ministerio de Seguridad, queda naturalmente afectada. Pero hay un caso más comprometido. El jefe de Policía, Héctor Leonardo Gutiérrez, se ve ahora más que cuestionado: asumió el cargo apenas cinco días después de que Quinteros juró como ministro, y dos de los detenidos –Ochoa Roldán y Leonardo Torres– eran hombres de su confianza.
Ochoa Roldán fue hasta diciembre pasado jefe de Despacho de su Secretaría Privada; Torres, director de la Asesoría Letrada de la fuerza, fue arrestado la misma madrugada del viernes. El golpe a la conducción policial es directo y profundo.
Pese a esto, las fuentes oficiales insisten en que la continuidad de Gutiérrez no está en duda. Al menos por ahora.
“Salvo que aparezca mencionado en la causa, lo cual hasta ahora no ocurrió”, repiten con una mezcla de esperanza y cautela. Porque si el jefe de Policía llegara a ser involucrado, el escándalo alcanzaría proporciones impredecibles.
Cuestiones en revisión
Mientras tanto, en el Centro Cívico ya se analizan dos medidas clave. La primera: revisar la posibilidad de que un jefe policial –como era el caso de Ochoa Roldán– pueda ejercer como abogado en paralelo, algo que hoy genera muchas dudas.
La segunda, mucho más delicada, apunta directamente al corazón del problema: reformular los mecanismos de ascenso y designación de jefes dentro de la Policía de Córdoba. Un asunto incómodo, porque pone en tela de juicio las decisiones políticas sobre la Policía.
En síntesis, un sacudón político en tiempos de campaña. Otra mala noticia desde las entrañas policiales, justo cuando el oficialismo comenzaba a ordenar su relato electoral. Octubre está a la vuelta de la esquina, y el tiempo –ahora más que nunca– juega en contra.
