Este jueves inicia el juicio del expediente conocido como Causa de los Cuadernos ante el Tribunal Oral Federal 7, de la ciudad de Buenos Aires, en el que se juzgarán presuntos delitos de asociación ilícita, cohecho y encubrimiento vinculados con la obra pública entre 2003 y 2015.
Entre los más de 80 acusados, figuran cuatro empresarios vinculados con Córdoba de relevante protagonismo, algunos porque las empresas a las que pertenecían en el momento de los hechos fueron fundadas aquí; en otro caso, por haber sido CEO de una de las firmas investigadas por la Justicia.
Se trata de Aldo Roggio, Gerardo Ferreyra, Osvaldo Acosta y Juan Carlos de Goycoechea, procesados en su momento por el juez Claudio Bonadío. A continuación, un repaso de su protagonismo y la trama que los une a la causa.
Aldo Roggio era presidente del Grupo Roggio. Señalado por la fiscalía como uno de los empresarios que realizó pagos ilegales en el marco del sistema de sobreprecios y retornos que investiga la causa Cuadernos, Roggio reconoció –como arrepentido– haber participado de los hechos que se le imputan. Su ofrecimiento para evitar el juicio fue de 1.875,9 millones de pesos, cifra que le fue rechazada.
El Grupo Roggio no está involucrado como persona jurídica, sino que el proceso alcanza únicamente a Roggio como individuo. Con 81 años de edad, en su entorno descuentan que el juicio “llevará posiblemente años”, por lo que la oferta para terminar la causa implicaba en cierto modo un resarcimiento para el Estado y un alivio personal.
Antes, en 2020, había transferido las acciones de la empresa a sus hijos y ya no ocupa cargos de conducción ejecutiva, lo cual no lo exime del proceso penal.
Después de 40 años al frente de la firma, dejó la conducción del holding. Junto a su hermana, Graciela, transfirieron todas sus participaciones accionarias a sus respectivos hijos, como parte de un plan de transición. La cuarta generación tomó, entonces, el control del grupo familiar, fundado hace 112 años por Benito Roggio, abuelo de Aldo.
En la causa Cuadernos, Aldo Roggio reconoció haber entregado dinero y relató que devolvía el 5% de los subsidios al transporte, según publicó en su momento La Nación. También dijo que los pagos los hacía al exsecretario de Transporte Ricardo Jaime y que en Metrovías “no se pudieron negar” a las exigencias porque se ponía en riesgo la concesión.
Gerardo Ferreyra era vicepresidente de Electroingeniería SA (hoy Eling SA), empresa a la que ingresó nueve años después de su fundación, y se encuentra también entre los acusados de la causa.
La compañía creció fuertemente bajo la gestión kirchnerista, en el rubro de obra pública. Ferreyra reconoció haber realizado aportes voluntarios, pero no como coimas sino vinculados a su identificación ideológica con el kirchnerismo.
Junto a su socio Osvaldo Acosta, vendieron sus participaciones y ya no tienen funciones directivas en la compañía. Excompañero de prisión de Carlos Zannini durante la dictadura, denunció que la causa fue “diseñada” para “destruir al empresariado argentino”, en una entrevista donde cuestionó tanto a los medios como a los servicios de inteligencia.
En el expediente, Ferreira aparece implicado como uno de los empresarios que participaron del circuito investigado. Su ofrecimiento para cerrar el caso fue de 438 millones de pesos, lo que también fue rechazado.
Aunque con un rol menor que el de Ferreira, Acosta fue imputado como miembro –y en ciertos casos como “coautor” o “partícipe necesario”– de una asociación ilícita destinada a recaudar y distribuir coimas.
También se le imputa específicamente el delito de cohecho activo. Es decir, como empresario que accedió a contratos estatales mediante pagos indebidos. Por ejemplo, se lo menciona en listados como imputado por “cohecho activo-reiterado ”. Al igual que en el caso de Roggio, la empresa, hoy Eling SA, no está vinculada con la causa.
En el caso de Juan Carlos de Goycoechea, no era propietario de empresa, aunque sí accionista, abogado de profesión y CEO de Isolux Corsan Argentina (multinacional energética-constructora que operó en diversos contratos).
Según informes, este alto ejecuctivo ofertó, junto con su hermano, César de Goycoechea, y Mariano Maxit, también ejecutivos de la firma, 1.600 millones de pesos para evitar el juicio, sin éxito.
Su cooperación frente a la fiscalía lo posicionó como uno de los arrepentidos que aceptaron declarar sobre la operatoria de pagos a funcionarios, y describió encuentros, valijas y entregas que asociaban a la entonces administración pública.
El inicio del debate oral está fijado para este jueves, según el tribunal que llevará adelante el proceso en modalidad virtual, dado el número de implicados y el volumen del expediente.
