Aunque no existiera oposición ni se escucharan críticas desde la Legislatura o el Concejo Deliberante de la Capital, ni el juecismo ralentizara los expedientes en el Tribunal de Cuentas de la Provincia y tampoco se libraran batallas internas en el seno del cordobesismo en el poder. Aun si Javier Milei no hubiese recortado los ingresos de provincias y municipios y no hubiera en dos meses en Río Cuarto una elección de alto riesgo para un peronismo partido en dos, igual las gestiones que encabezan Martín Llaryora y Daniel Passerini serían complicadísimas.
Las 20 semanas que llevan las administraciones de la Provincia y la Municipalidad de Córdoba están marcadas a fuego por el tsunami que representó el arribo al poder de la gestión libertaria y por aquella ira inicial de Milei contra Llaryora, el cordobesismo y las banderas del Estado presente que el oficialismo pretende sostener.
El resultado son dos gestiones que siguen tratando de hacer pie en un escenario desconocido y adverso.
Fue tan inesperada y tan costosa para el peronismo cordobés aquella diatriba presidencial contra el gobernador, que Llaryora tuvo que recomenzar en febrero su posicionamiento respecto de la gestión libertaria.
Desde marzo, se alejó de los medios porteños y se dedicó a recorrer pueblos y ciudades del interior cordobés: es una actividad sistemática, que incluye en cada lugar el anuncio de una obra y la entrega de recursos al municipio.
La otra regla fue que cada vez que se refirió a la Nación o al Presidente, Llaryora habló en términos amigables, en consonancia con el diálogo constante que mantiene con el ministro del Interior, Guillermo Francos, y con lo que la mayoría de los cordobeses espera.
Diferenciarse sin oponerse
No obstante, el Panal proyecta a largo plazo y no para nunca la producción de gestos y señales de diferenciación con la mirada libertaria del mundo: Estado presente; defensa de la cultura y los eventos masivos; ayuda social y boletos gratuitos; ningún recorte a los municipios; apoyo a las universidades nacionales y expansión territorial de la Universidad Provincial; integración de numerosos dirigentes kirchneristas; líneas de crédito contracíclicas del Banco de Córdoba; facilidades para el pago del tarifazo nacional; banderas de los derechos humanos en alto, y un mensaje productivista que contrasta con la visión fiscalista y financiera de la Casa Rosada.
Durante un mes y medio, Llaryora se limitó a ejercitar en ese estrecho margen de maniobra que deja en Córdoba la primacía libertaria. La semana que pasó ese margen pareció ampliarse: la masiva marcha contra la política universitaria nacional mostró una primera grieta en el sólido respaldo de los cordobeses a Milei y, en simultáneo, el Gobierno cedió mucho más de lo que la oposición esperaba a los fines de que mañana finalmente se apruebe en Diputados una “ley ómnibus” mucho más reducida y lavada que la que se hubiese aprobado en febrero pasado.
A Llaryora se le concedió todo lo que pidieron sus diputados en el tratamiento en comisión.
Pero ahí se agotan los pequeños triunfos cordobesistas en los tiempos de Milei. Tanto para Llaryora como para Passerini, la gestión se complejiza y los problemas se agravan, algunos al extremo.
La situación del transporte público –en especial, el interurbano– se tornó explosiva y todo indica que la decisión oficial es dejar que el estallido ocurra, el sistema resuelva el despido de cientos de choferes y luego se replantee un esquema más reducido, que atienda los corredores rentables. Nadie explica cómo viajarán, hasta que eso esté en marcha, los usuarios de grandes áreas del Gran Córdoba ni cómo lo harán a futuro aquellos de los corredores menos rentables.
La decisión política es avanzar este año en las medidas dolorosas, que el transporte esté replanteado para 2025 y que hacia el fin de las gestiones haya un servicio metropolitano en pleno funcionamiento. Como Milei, Llaryora y Passerini parecen apostar a que la paciencia ciudadana no tenga límite.
La eliminación de los subsidios nacionales es el gran paraguas político para la crisis del transporte, y también para los sustanciales aumentos de tarifas. La explicación vale para las boletas de Epec y Ecogás, pero los tarifazos operaron igual en el servicio de Aguas Cordobesas, los peajes provinciales y ese mismo transporte interurbano que igual se cae a pedazos.
La caída de ingresos propios, la reducción sustancial de la coparticipación –que se compensará en parte si se aprueba la restitución de Ganancias sobre los salarios medios y altos– y la eliminación de la obra pública nacional restan tanto a las arcas provinciales y municipales como la caída de la actividad en todos los rubros de la producción.
Ni la Provincia ni el municipio exponen aún la gravedad de esos cuadros fiscales, pero el “no hay plata” empieza a regir en algunas áreas, aunque no habría impedido un acuerdo paritario con los estatales provinciales, que se hará público en las próximas horas.
Llaryora confía en reiterar el ciclo de su administración capitalina. Un inicio complicado en extremo, con la pandemia paralizando la administración y la economía –a eso asemejan la recesión actual– y la gestión trabajando en un ordenamiento puertas adentro, de modo que los cambios sean observables cuando la situación económica comience a normalizarse.
En Educación, se está poniendo en marcha la capacitación docente previa a los cambios curriculares que pretende ejecutar la gestión. En Seguridad, aceleran en la implementación de las guardias locales y comienza un proceso tendiente a consensuar con la oposición un plan estratégico que sea formulado con criterios técnicos, y a replantear la formación de la policía, los guardias penitenciarios, los guardias municipales y también los de la seguridad privada.
Nada de eso será observable en el corto ni el mediano plazo. Con suerte, los resultados llegarían hacia el final de la gestión. Tampoco abundarán las obras, el viejo talismán del peronismo cordobés.
La inquietud no se dispara todavía en el oficialismo porque la oposición, aunque mucho más robusta y combativa en la Legislatura, sigue subsumida en el mismo dilema desde hace varios años: Rodrigo de Loredo procurando liderar de una vez por todas el radicalismo cordobés para imponerse como candidato a diputado en 2025 y como candidato a gobernador en 2027, y Luis Juez pensando en lo mismo.
Ambos, además, con posturas diferentes respecto de Milei. El peronismo no pierde las esperanzas, pese a la malaria inicial de las gestiones.
