Martín Llaryora no es el único: es uno más. A los políticos tradicionales les cuesta entender el discurso confrontativo y el modo de gestionar del outsider Javier Milei. El Presidente se siente cómodo caminando por los extremos. A veces es un gobernante disruptivo; en otros momentos, se mueve como un político de la vieja escuela. Pasa sin escalas de ser un reformista a ser representante de la casta.
Como la mayoría de sus colegas, el gobernador trata de amoldarse a esta nueva realidad. A veces sus decisiones son inexplicables. La razón es el indescifrable Milei.
Las últimas dos semanas fueron una muestra gratis de estas posturas de Llaryora respecto de la Casa Rosada. Para algunos, inentendibles, pero lógicas para los llaryoristas más pragmáticos.
La semana pasada, el gobernador firmó un acuerdo con la Nación por la deuda de la Anses con la Caja de Jubilaciones. Córdoba recibirá mensualmente un cuarto de lo que le corresponde.
Sin embargo, el mandatario provincial –dicen, en negociaciones reservadas con el ministro de Economía, Luis Caputo– pateó el conflicto judicial para adelante. Decidió no esperar un fallo de la Corte Suprema de Justicia, que no tendría otro camino que darle la razón a la Provincia, porque hay leyes vigentes que avalan el reclamo.
Llaryora se dio por conforme con asegurarse de que Caputo reconozca ante la Corte que existe una deuda con Córdoba.
El tiempo dirá si los libertarios admitirán los casi 1.000 millones de dólares que reclaman desde el Centro Cívico.
Esta semana, los movimientos de Llaryora fueron más llamativos. Tres diputados que le responden fueron claves para evitarle dolores de cabeza a Milei: tratar en la Cámara Baja un nuevo proyecto de aumento de jubilaciones y pensiones, y sobre todo mantener desactivada la comisión investigadora por el escándalo $Libra, un tema de gran preocupación para los hermanos Milei.
Casi en el mismo momento que se caía la sesión en Diputados, el Presidente confirmó que volverán las retenciones a la soja a los niveles previos a enero. En julio volverán al 33%, después de un período de carga impositiva para el campo al 26%.
Todo el cordobesismo puso el grito en el cielo. Incluido el hermético Juan Schiaretti, quien por primera vez cuestionó en público a la gestión libertaria.
Algunos llaryoristas se ilusionaron. Creen que se trata del primer paso del exgobernador para ser candidato en Córdoba, en octubre.
Por ahora, es más un arrebato de optimismo de los llaryoristas que una realidad. Aunque es concreto el dato político: son las primeras críticas de Schiaretti a Milei.
Conflictos en aumento
En este contexto, Llaryora y, sobre todo, los intendentes tienen que afrontar un clima conflictivo con los empleados estatales.
Recaudación congelada, con el consumo que no repunta, y gastos fijos que aumentan al ritmo de los reclamos gremiales es un cóctel indigerible para cualquier gobernante.
En privado, el gobernador y los intendentes no dudan en tirarle la pelota a la Nación: “Los trabajadores deberían ir a reclamar a la Casa Rosada. Si los sueldos no alcanzan, es culpa de la política económica nacional”, repiten a coro. Tal vez tengan razón, pero los reclamos de los trabajadores son contra la Provincia y los municipios.
Llaryora decidió intervenir personalmente para desactivar los conflictos con los estatales provinciales.
Consiguió que la mayoría firme las paritarias –por un año– con aumentos en línea con la inflación.
Pero es probable que la firma de los acuerdos no desactive el clima de conflicto. Los trabajadores públicos -como la mayoría de los del sector privado- perdieron más del 20% del poder adquisitivo de sus salarios en estos 17 meses de gestión libertaria, y ahora recibirán aumentos por inflación, que todo indica irá a la baja.
“Estamos en una encrucijada. Sabemos que el Gobierno no puede dar más aumentos que la inflación, pero cómo les explicamos a las bases que dentro de dos meses recibirán aumentos del 1,5% o menos, cuando los salarios cada vez más flacos”, se sinceró uno de los referentes de los estatales cordobeses.
Hay un caso testigo de esta situación. El gremio de los docentes (UEPC) firmó a mediados de marzo un acuerdo salarial que parecía conveniente: un aumento del 18%, en cuotas, entre febrero y septiembre.
Sin embargo, las bases docentes reclaman ahora rediscutir ese acuerdo. Esta realidad se podría propagar al resto de los estatales que acordarán en los próximos días. Es probable que la conflictividad no se frene con las paritarias.
“Es cierto que los salarios no alcanzan, pero deberían ir a reclamarle a Milei”, les dijeron dos miembros del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba a dos delegados de los empleados judiciales en una reunión informal, luego de un acto en la ciudad de Deán Funes.
Esta frase de los dos jueces es la que repiten -en privado- Llaryora y los intendentes cuando se refieren a los reclamos de los trabajadores.
Hay una paradoja difícil de entender para la política tradicional. La plata no alcanza y el consumo no se recupera. Sin embargo, el presidente Milei hace campaña y gana elecciones prometiendo más ajuste.
Es un nuevo escenario difícil de entender para la política tradicional. A esta situación buscan amoldarse Llaryora y la mayoría de los gobernantes no libertarios.
