Con el objetivo de optimizar la gestión del personal estatal y reducir el ausentismo, el Gobierno de Córdoba dispuso una serie de cambios en los procedimientos administrativos. Los ajustes también apuntan a agilizar el retiro de los empleados provinciales que ya reúnen los requisitos legales para acceder a la jubilación.
La medida, dispuesta por decreto del gobernador Martín Llaryora, concentra en la Secretaría General de la Gobernación, encabezada por David Consalvi, el control del estado de salud de los empleados públicos y la facultad de disponer ceses por razones previsionales.
Así, estos procesos (en especial el de la auditoría médica) quedarán ahora centralizados bajo esa dependencia y no dispersos entre los responsables de los diferentes ministerios y agencias.
Solo la planta de personal del Poder Ejecutivo llega a los 112.454 agentes. El 24% del total es contratado, tiene cargos interinos o su tarea es transitoria. Esos datos incluyen todos los empleados de los ministerios, la Fiscalía de Estado, el Servicio Penitenciario, todas las agencias y el Ersep, entre otros organismos descentralizados.
La medida, publicada en el Boletín Oficial de este miércoles, incorpora dos nuevos incisos al artículo 3 del Decreto N° 2449 del 28 de diciembre de 2023, que ya establecía una serie de facultades delegadas en la Secretaría General. Con esta ampliación, el Ejecutivo busca “lograr mayor eficacia y agilidad en la ejecución de los distintos procesos y conformar una administración pública dinámica”, dice entre los considerandos.
Según se desprende del texto oficial, los cambios aplicarán a todo el personal estatal, sin distinción de regímenes laborales, y en coordinación con todas las áreas.
El decreto apunta a lograr una administración “más dinámica” y habla de implementar procesos “de fiscalización, auditoría y control transversal de las actividades vinculadas con la verificación del estado de salud del personal (...) de acuerdo a los parámetros, requisitos y demás condiciones de implementación que establezca”.
En términos prácticos, la aplicación de estos controles implicará que la Secretaría General podrá auditar, por ejemplo, licencias médicas prolongadas, recurrencia de inasistencias por salud o incompatibilidades entre enfermedades declaradas y tareas desempeñadas.
En paralelo, también se le otorga a la secretaría que lidera Consalvi, que es el funcionario clave en las negociaciones paritarias, la facultad de disponer el cese de los agentes que ya cumplan con los requisitos para acceder a un beneficio previsional, es decir, a la jubilación.
Formalización
Fuentes gremiales explicaron que las auditorías médicas a los empleados provinciales como así el cese a los que se encuentran en condiciones de jubilarse “ya se viene haciendo”. “Le llega la notificación al trabajador, lo citan y le realizan el control, la auditoría a los fines de controlar su estado de salud, en especial lo hacen con aquellos que cursan carpetas de tratamientos largos”, apuntaron dando a entender que el mayor cambio es la concentración de todo el proceso en Consalvi.
Respecto de los cambios en los tiempos de paso a la pasividad, “también hace tiempo, desde la Secretaría General, se notifica a la gente que está en condiciones de jubilarse, lo que se agrega ahora es que si no se jubilan, pueden darle la baja como empleado”.
Es común que un número importante de empleados provinciales que cumplieron la edad de jubilarse sean notificados, pero sigan trabajando. “Ahora, con este agregado en el decreto, la Secretaría General podría darle la baja, el cese de las funciones para el trabajador, para que vaya urgente a hacer el trámite de su jubilación”, ampliaron desde uno de los gremios estatales más numeroso.
Si bien la ley habilita al trabajador a seguir cumpliendo la tarea a pesar de haber superado la edad, la forma de presionar, entienden en el gremio, será dar la baja. Un punto importante es que si dentro de los 60 días de la notificación no se hace el trámite, se pierde la gratificación por jubilación, que no es un monto menor.
El artículo 45 de la ley N° 7233 (Estatuto del Personal de la Administración Pública Provincial) establece que el personal que se encuentre en condiciones de obtener el beneficio de la jubilación ordinaria completa, reducida o por edad avanzada, tiene derecho a percibir una gratificación consistente en un mes de la última retribución percibida por cada cinco años de servicios prestados.
Para acceder, el agente debe presentar su renuncia al cargo dentro del término de 60 días de encontrarse en situación de obtener su beneficio previsional.
Algo similar dice el artículo 105 de la Ley N° 7625 (Régimen del Personal que Integra el Equipo de Salud Humana).
