En un contexto de caída de los ingresos propios por la recesión económica, y de la poda de subsidios nacionales por la motosierra del inflexible plan de ajuste que impulsa el presidente Javier Milei, el gobernador Martín Llaryora recalibra el rumbo de su gestión priorizando la política. “Hay que estar cerca de la gente, ser austeros y defender nuestra gestión”, les bajó un mensaje a sus ministros el viernes al mediodía.
En las gestiones peronistas que lo antecedieron, fundamentalmente las de Juan Schiaretti, la prioridad fueron las obras. Esto le permitió al PJ ganar el año pasado la séptima elección provincial consecutiva.
En un contexto económico complicado, con vencimientos de deuda en dólares, las grandes obras de infraestructura parecen una quimera.
Como para tranquilizar a su tropa, el gobernador repite en privado que todas sus gestiones arrancaron en un contexto adverso: en 2007, asumió como intendente de San Francisco, con un municipio “fundido”, como suele calificar el sanfrancisqueño.
Mientras, en 2019, reemplazó al radical Ramón Mestre en el Palacio 6 de Julio capitalino, también con un municipio endeudado. Y a los 100 días de gestión llegó la pandemia.
“Tenemos experiencia. Gobernamos estados fundidos y también en pandemia”, alentó a sus íntimos, en los últimos días, el mandatario provincial, cuando percibió ciertas señales de desánimo por gestionar en medio de una crisis económica.
En este contexto, Llaryora encabezó el viernes la primera reunión del gabinete provincial, en el Centro Cívico. El otro encuentro con los ministros había sido en la ciudad de Cruz del Eje, el 18 de diciembre pasado.
En realidad, aquella reunión en el norte cordobés fue más protocolar que de trabajo, a pocos días de la asunción en el poder provincial. Incluso participó el intendente local, el radical Renato Raschetti.
“La de Cruz del Eje fue casi protocolar. Recién habíamos asumido, y además participó el intendente anfitrión, que ni siquiera es de nuestro espacio político”, graficó un ministro que estuvo en el Centro Cívico.
No obstante, se sabe, el gobernador Llaryora prefiere las reuniones individuales con sus ministros más que los cónclaves grupales.
Eso quedó reflejado en el encuentro del viernes. No fue una reunión estrictamente de trabajo, porque el protagonista absoluto fue el gobernador, con una fuerte bajada política a sus funcionarios.
Hablaron pocos ministros y no hubo el repaso área por área, habitual en cualquier reunión de trabajo. El dato fue el discurso político del gobernador, marcando el rumbo, en un primer año complejo.
Llaryora puso como excusa para la convocatoria los 100 días de gestión. Dejó claro que, más allá de que habrá obras, no serán el sello distintivo que tuvieron en las gestiones provinciales peronistas.
El gobernador remarcó algunos aspectos, que sus funcionarios deberán tener en cuenta al administrar sus ministerios y agencias.
“Salgan a hablar, a defender con fuerza nuestra gestión, acompañando al nuevo Gobierno nacional, pero remarcando que siempre nuestra prioridad será Córdoba”, fue una de las premisas que remarcó el gobernador.
El mensaje entrelíneas fue: salgan al territorio a hablar de la gestión, a hacer política, pero sin cuestionar al presidente Milei.
“La gestión también se milita, se difunde. Cuando hay un logro, hay que salir a revalorizarlo para que la gente sienta que estamos cerca, activos y comprometidos”, les recomendó a sus funcionarios.
Contexto político
Este primer año era de gestión, teniendo en cuenta que el próximo será electoral, por las elecciones legislativas nacionales.
Sin embargo, los tiempos políticos se adelantaron, fundamentalmente por dos cuestiones: el liderazgo indescifrable del presidente Milei a nivel nacional, con una alta imagen en Córdoba, y una oposición local que hasta ahora se mantiene unida en el Poder Legislativo, y muy crítica del Gobierno provincial.
El gobernador planificó otro escenario político para su primer año en el Centro Cívico: una oposición más dispersa y el pregonado partido cordobés con más fortaleza que la que hoy puede exhibir.
El pedido de “austeridad” tiene que ver con la escasez de recursos, pero también con que el juecismo conduce el Tribunal de Cuentas provincial. Llaryora “no quiere darle de comer a (Luis) Juez”, remarcan los funcionarios llaryoristas, en referencia al opositor senador nacional.
En sus primeros días de gestión, Llaryora tuvo que ajustar los salarios públicos y las jubilaciones provinciales, que hasta diciembre se actualizaron al ritmo de la inflación.
Esas medidas les dieron cierto respiro a las arcas provinciales, pero en el Centro Cívico admiten que pagaron algún costo político.
De allí la exaltación del gobernador a sus ministros de salir a “militar” y a “explicar” la gestión.
Tal vez sea el dato político más fuerte. Luego de la tensión por las fuertes embestidas personales del presidente Milei, el gobernador se muestra optimista de haber encarrilado la relación con el poder central.
“Colaborar, pero no encolumnarse”, parece ser la nueva estrategia con la gestión libertaria.
Respaldará la sanción de la “ley bases”, para que haya “pacto de mayo”. Llaryora está convencido de que la cumbre que se realizaría el 25 de mayo en Córdoba será un crédito político para el presidente Milei, pero también para él, como anfitrión.
Otra negociación con estatales
El martes o el miércoles, el ministro de Gobierno, Manuel Calvo, y el secretario General de la Gobernación, David Consalvi, convocarán a los gremios estatales a negociar un nuevo acuerdo salarial, ya que para la mayoría la anterior paritaria venció el 31 de marzo pasado.
El único gremio que tiene un acuerdo hasta el 31 de mayo es la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), el último que firmó la paritaria anterior.
El acuerdo anterior, que incluyó los meses de enero, febrero y marzo, se firmó en un contexto de alta inflación, que ahora está aminorando.
No es un dato menor, ya que los gremios habían resignado cobrar la mitad de la inflación que se medía en Córdoba, más sumas fijas ($ 40 mil y $ 50 mil) que beneficiaron a las categorías de más bajos salarios.
Ahora los gremios intentarán recuperar el poder adquisitivo perdido, pero la Provincia insistirá en que la recaudación viene en “caída libre”, según el llaryorismo.
Los negociadores llaryoristas llevarán a la mesa de negociación una cuestión ya instalada: el cobro del fondo de enfermedades crónicas que se suspendió para este mes, pero sigue latente.
Son $ 4.700 por cada carné de la Apross, que pegan fuerte en familias numerosas de los empleados públicos. La Provincia podrá este tema en la discusión paritaria, como un modo de morigerar el pedido de los estatales, que quieren recuperar poder adquisitivo.
