Ya sucedía en términos prácticos. Ahora fue formalizado por decreto, aunque inmediatamente después el ministro del Interior, Guillermo Francos, salió a relativizarlo. El gobierno de Javier Milei derogó el miércoles, mediante el decreto N° 280, los aportes de la Anses a los sistemas previsionales de provincias que estaban incluidos en el Presupuesto de 2023.
Eso abrió de inmediato un nuevo frente de conflicto con al menos 13 gobernadores, a las puertas de la discusión en el Congreso de la segunda versión de la “ley bases”.
El ministro Francos pidió este viernes que “no se haga una bola de nieve con un tema que no es real” porque, según aseguró, las partidas presupuestarias “están, se reasignaron a temas de partidas provinciales”.
“Hay dos problemas históricos: el stock de la deuda, que no es responsabilidad de este gobierno. Son deudas contraídas hace muchos años, de un monto difícil de clarificar porque hay auditorías pendientes”, remarcó el funcionario de origen peronista.
El DNU cayó por sorpresa en el Gobierno provincial, dado que en la reunión de los ministros de Economía de provincias con el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, el 6 de marzo pasado, se habló de hacer auditorías para avanzar en la normalización de los giros.
Córdoba es una de las cajas que ya tienen auditoría realizada y cree que la excusa de la auditoría es sólo para dilatar los pagos.
En el Centro Cívico prefirieron este viernes no hacer declaraciones públicas: avanzarán el debate con el resto de las provincias y se esperará primero dialogar con el Gobierno nacional.
Entre las provincias afectadas, se cuentan peronistas como Buenos Aires, La Pampa y Tierra del Fuego; oficialismos provinciales como Córdoba, Misiones, Neuquén y Santa Cruz, y los ex Juntos por el Cambio Chaco, Chubut, Corrientes y Santa Fe.
De no prosperar el diálogo, Córdoba no descarta volver a la vía judicial, como hizo Juan Schiaretti, en 2023.
Sobre esto hay particular encono en Córdoba, que tiene dos cautelares presentadas ante la Corte Suprema de Justicia (en abril y en junio pasados) por la no actualización de los fondos previsionales. “Lo que falla es el letargo de la Justicia”, indicó una alta fuente provincial.
José Manuel de la Sota fue el primero en acudir a la Corte, en 2012, por la detracción del 15% de coparticipación a todas las provincias para la Anses, incluyendo a las que tenían sus propias cajas. La Corte Suprema resolvió en noviembre de 2015.
Ya no aportaba
En los hechos, la desaparición de Anses como cofinanciadora del rojo de la Caja de Jubilaciones local ya había sucedido. En 2023, la administración de Alberto Fernández terminó enviando un aporte casi testimonial y, en 2024, Milei directamente no mandó nada.
Previendo esa dificultad, el gobernador Martín Llaryora suspendió en enero el traslado de la inflación a los salarios, tal como disponía la “cláusula gatillo” firmada con los gremios estatales, y logró que aceptaran cobrar como ajuste salarial la mitad de la inflación. Eso modera la indexación del gasto salarial y previsional.
Por mes, la Provincia debe reunir casi $ 125 mil millones para salarios y casi $ 60 mil millones para el pago de jubilaciones y pensiones.
Además, repuso el diferimiento previsional para el 90% de las prestaciones. Según dispuso la resolución 39 del 29 de febrero, un 55% de los beneficiarios deberá esperar dos meses para cobrar el aumento; 35%, un mes, y el 9% lo percibirá en el mismo mes en el que lo cobra el activo.
Hasta ahora, apenas el 5% de los pasivos percibía la movilidad con demoras de dos meses. En febrero, el 16,6% de movilidad fue cobrado apenas por 11 mil beneficiarios, que son los que perciben menos de $ 235 mil.
El miércoles pasado, cuando la Caja pagó marzo, abonó el aumento a 40 mil beneficiarios, que son los que reciben entre $ 235 mil y $ 470 mil brutos, y en abril lo percibirán los 63 mil beneficiarios que están por encima de los $ 470 mil.
En el Gobierno provincial sostienen que esas medidas de emergencia se tomaron cuando Milei, en enero, suspendió el envío de la cuota mensual para la Caja.
La Caja de Jubilaciones tiene un déficit creciente. En 2023, la Nación aportó apenas el 20% de lo que se comprometió a bancar y, pese a los ajustes adicionales que se hicieron, la Provincia terminó girando al sistema previsional más de $ 70 mil millones.
El año pasado, la Caja tuvo ingresos por contribuciones de municipios y de Provincia por $ 371 mil millones y un gasto en prestaciones por casi $ 500 mil millones, lo que significa que le faltó el 26% de los ingresos para abonar las 114 mil jubilaciones y pensiones.
Parte de ese rojo se cubre con medidas excepcionales que dispuso Córdoba en los últimos años, Ingresos Brutos adicional a los bancos, aporte solidario y diferencial de alícuotas. Así, el déficit estructural de $ 124 mil millones bajó a $ 81 mil millones. Ese es el monto que a la Nación le correspondería haber enviado, pero mandó apenas $ 13 mil millones, nomás el 16% de lo que prometió.
Para este 2024, la proyección es que los ingresos por contribuciones de municipios y de Provincia estarían en $ 720 mil millones y el gasto en prestaciones, en $ 970 mil millones.
El rojo estructural se ubicaría en $ 250 mil millones, de los cuales con los aportes excepcionales se bajaría a $ 184 mil millones. Ya la Provincia estimaba que, de mantener congelada la cuota Anses, iba a asistir a la Caja con $ 170 mil millones.
Si manda cero, serían $ 184 mil millones. Como para tener una dimensión, eso equivale a casi todo el presupuesto de Apross para 2024.
Por ahora, Llaryora evitará cuestionar a la Nación por este tema. Aguardará la marcha de las negociaciones con el resto de las provincias. Una nueva demanda es una alternativa, pero que, por ahora, no impulsará.
Larga negociación
La asistencia de Nación a las provincias que no transfirieron es una negociación que llevó más de dos décadas. Se firmaron leyes específicas al respecto y luego se estableció en las leyes de presupuesto la asistencia.
El acuerdo vigente reconoce el déficit del año anterior de cada sistema previsional provincial y envía la doceava parte todos los meses del año siguiente. Luego debían consolidarse las cifras y mandar el remanente, si hubiera. El último déficit reconocido por Anses es el de 2019 y luego, con diferentes excusas para Córdoba, se negó a actualizar y transfiere la misma plata todos los meses desde hace cuatro años. Es literal: 1.072 millones clavados. Así, en el 2023 transfirió 12.864 millones cuando la Provincia sostiene que debió haber cubierto 81 mil millones.
Esto significa que el escenario de asistencia testimonial ya se vivió en la gestión de Alberto Fernández y, en la medida en que se aceleró la inflación, se fue licuando ese aporte al punto tal que el cálculo actuarial de la Caja es que este sábado Anses debiera estar aportando todos los meses 10 mil millones de pesos. Pero la realidad es que hoy no es ni eso, ni los 1.072 millones de los últimos cuatro años: cero.
