“Está todo bien entre ellos. Si a uno le va bien, al otro también. Y si a uno de los dos le va mal, los dos van a estar complicados”.
La semana pasada, el gobernador Martín Llaryora y el intendente capitalino Daniel Passerini compartieron su primera actividad de gestión conjunta. Los más de cuatro meses que pasaron desde que ambos asumieron sus nuevos roles hasta mostrarse juntos dieron pasto a que se propagaran versiones sobre algunos cortocircuitos entre dos de las principales figuras del peronismo cordobés.
“No hay nada de eso”, aseguran alfiles en ambos entornos cuando se les consulta sobre el estado de esa relación, echando por tierra cualquier diferencia. Desde esta semana, la idea es generar una acción conjunta cada siete días. Llaryora y Passerini volverán a verse este viernes en Villa El Libertador.
Más allá de los ajustes en las gestualidades, los comentarios sobre ciertas divergencias entre ambos son reales y concretos; fluyen tanto en el peronismo como en la oposición. Las motivaciones son variadas.
En el oficialismo, hay plena conciencia de que la imposibilidad de Passerini de ir por otro mandato en 2027 es una debilidad con la que tendrá que lidiar el jefe del Palacio 6 de Julio en los últimos años de su gestión. El intendente es consciente de ese desafío por venir. Pero no desespera.
El mayor ruido de las últimas semanas rondó en torno de la forma de la desvinculación del gabinete municipal de Gabriel Bermúdez, obligado a renunciar por indicación expresa de Passerini luego de que una empleada del Palacio 6 de Julio lo denunciara por abuso sexual.
Hay voces llaryoristas que afirman que el gobernador hubiera preferido un distanciamiento “más cuidado” del experimentado exfuncionario municipal y provincial. “Es un tipo pesado. Tiene cómo hacernos daño, si así lo decide”, advierten voces del poder.
Bermúdez fue apuntado por funcionarios provinciales como el proveedor de material para que el senador Luis Juez denuncie supuestos desmanejos en los subsidios del transporte público de pasajeros durante la gestión llaryorista en la Municipalidad capitalina.
Passerini dice estar seguro de la decisión que tomó. En persona, cuando estalló el escándalo, el intendente visitó en su domicilio a Bermúdez y le pidió que diera un paso al costado. Bermúdez quiso pedir licencia. Encontró un “no” rotundo como respuesta. Fue su final como funcionario.
Juego de necesidades
Passerini pasó sus primeros meses acomodando una gestión que heredó de su socio político, pero de la cual nunca tuvo control. Destacar lo bueno y no exponer las improlijidades –que se acentuaron especialmente en el último tramo de esa administración– es el mandato obvio.
Hace sólo algunas semanas, la Municipalidad hizo frente a las deudas que Llaryora contrajo en el último trimestre de 2023 con las empresas que cortan el pasto en la ciudad. Fue evidente el déficit en esa materia, justo cuando el Aedes aegypti hizo más estragos y se sirvió de los yuyos altos para potenciar la epidemia de dengue.
Mientras Llaryora primero se subía al ring para disputarle escena al presidente Javier Milei y luego se vio forzado a bajarse para evitar seguir dañando su imagen ante un electorado que votó por ambos el año pasado, Passerini se la pasó diagramando una ingeniería financiera con el único objetivo de que la Capital no cayera en default, un mandamiento impuesto a fuego por el exgobernador Juan Schiaretti en la Provincia y que se extienda a la Capital.
El intendente evita explayarse en público de esa herencia que le exige endeudarse en pesos para comprar los dólares que no tiene. Si bien ese préstamo por 150 millones de dólares no lo tomó Llaryora, sino Ramón Mestre, el hoy gobernador dejó poco en las arcas municipales para hacer frente a un compromiso que se sabía hace meses que habría que enfrentar con los bonistas que se negaron a reprogramar la primera de las seis cuotas por U$S 25 millones.
Con la recaudación propia en picada y un margen mucho más estrecho que el de su antecesor, Passerini enfrenta un problema de proporciones: la improlija salida de Ersa de la prestación del servicio generó un agujero gigante y costoso en el sistema, y un padecimiento en las paradas que se hace indigerible para quienes dependen del esquema público para trasladarse.
El punto más crítico para el servicio se vivió la semana pasada, cuando hubo días con casi 250 coches menos de los 800 que requiere el sistema para funcionar.
Passerini asegura que el plan es ir recuperando unidades de manera paulatina. Confía en que habrá fondos frescos y a largo plazo de bancos extranjeros para renovar una porción considerable de la flota. Llaryora está muy entusiasmado con eso, que podría ayudar a mitigar la crisis casi terminal que también vive el sistema interurbano. Es evidente que a ninguno le sobra nada. El gobernador y el intendente capitalino se necesitan para transitar una crisis que también los pone en riesgo.
