El 30 de octubre pasado, la cumbre de gobernadores con el presidente Javier Milei fue, en los hechos, apenas una postal política. Una foto para la historia reciente, que sólo le sirvió a la gestión libertaria. Ahora, el tiempo de los saludos amables quedó atrás: Martín Llaryora y el resto de los mandatarios provinciales comenzarán una ronda de negociaciones individuales con el flamante ministro del Interior, Diego Santilli. Le llevarán varios reclamos al poder central.
Este lunes, el gobernador de Córdoba se sentará en la mesa de la amplia oficina principal del Ministerio del Interior, una sala que se abre al emblemático Patio de las Palmeras de la Casa Rosada. Llegará con una carpeta cargada de reclamos, varios enfocados en el Presupuesto 2026.
La denominada “ley de leyes” se debería aprobar antes del 30 de diciembre, cuando concluyan las sesiones extraordinarias del Congreso, que se iniciarán el 11 de diciembre.
Como quedó claro en aquella reunión en la Rosada, Milei pidió ayuda a los gobernadores para aprobar el Presupuesto y tres reformas de alto voltaje político: la laboral, la tributaria y la del nuevo Código Penal.
Los mandatarios provinciales, sin embargo, aún no tienen precisiones sobre cada iniciativa y miran con cautela el proyecto de Presupuesto enviado hace casi dos meses por el ministro de Economía, Luis Caputo.
Algunos de sus números ya parecen piezas de museo: una inflación proyectada del 10,4% para 2026 y un dólar a 1.500 pesos dentro de un año. “Casi una broma de mal gusto”, deslizan las fuentes oficiales del Centro Cívico.
Aun así, Llaryora y sus colegas creen que esos puntos podrán revisarse en las negociaciones que se llevarán adelante en el recinto de la Cámara de Diputados.
Optimismo con reservas
Pese a las tensiones y los inevitables roces que traerá el debate, tanto las provincias como el poder central comparten un objetivo: alumbrar finalmente un nuevo Presupuesto nacional.
Sería el primero después de dos años en los que la gestión libertaria gobernó sin un plan formal de ingresos y egresos.
Las razones son múltiples. El Gobierno nacional necesita mostrar previsibilidad, en parte por los compromisos asumidos con Estados Unidos -que lo rescató en plena corrida cambiaria- y por las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI), que insiste en la aprobación de esta ley para el próximo año.
A esta presión se suman los sensibles inversores, atentos a cada gesto de estabilidad. Un Presupuesto aprobado con amplio consenso en el Congreso sería una señal de confianza hacia el plan económico de Caputo.
Del otro lado, los gobernadores también necesitan ese marco legal: están dispuestos a negociar, incluso a ceder en algunos puntos, con tal de no repetir la experiencia de los últimos dos años, cuando Milei y el ministro Caputo administraron el país sin control legislativo sobre los números públicos.
Reclamos sobre la mesa
El acuerdo general existe, pero la brecha sigue siendo profunda. El Gobierno se aferra a su mantra del déficit cero, mientras los gobernadores buscan recuperar –aunque sea parcialmente– lo que la motosierra libertaria le recortó a las provincias.
Llaryora llegará al despacho de Santilli con una lista precisa de reclamos. Entre los principales, pedirá que la Anses incremente los fondos destinados a la Caja de Jubilaciones. Hasta marzo próximo, tras un acuerdo en el que medió la Corte Suprema de Justicia, el organismo nacional gira 5.000 millones de pesos mensuales.
Según los cálculos del Centro Cívico, durante este año la Anses debería haber transferido cerca de $ 20.000 millones cada 30 días. Por eso, el gobernador exigirá un aumento sustancial de esa partida.
El ejemplo de Entre Ríos es el espejo donde se mira Llaryora: su gobernador, el macrista Rogelio Frigerio –aliado electoral del gobierno libertario–, logró que sus envíos mensuales pasaran de $ 2.000 millones a $ 6.000 millones.
El pedido es concreto: que la Nación transfiera ese crédito a Córdoba para terminar los trabajos. Son unos 140 millones de dólares.
La gestión provincial ya consiguió fondos para financiar esa obra con la última colocación de deuda, pero si se reactiva el préstamo del BID, esos recursos que iban a la autopista 19 podrían redireccionarse a nuevas obras de infraestructura.
En su inseparable carpeta azul –esa que suele llevar bajo el brazo–, Llaryora también incluirá un pedido para que se redistribuyan los fondos del Impuesto a los Combustibles.
Los gobernadores habían impulsado un proyecto de ley para quedarse con el 58% de esos recursos, pero la iniciativa naufragó tras un acuerdo entre el gobierno libertario y algunos mandatarios dialoguistas.
Llaryora y otros colegas exigirán que esos fondos, aunque los administre la Nación, se utilicen para mejorar las rutas nacionales, como señala la ley vigente. Se sabe, la gestión libertaria cortó las obras de infraestructura.
Por último, un punto clave: Llaryora buscará que la Nación avale un nuevo endeudamiento provincial destinado a infraestructura. No es un detalle menor. El gobernador espera acceder a unos 1.200 millones de dólares antes del año electoral 2027, convencido de que ese impulso de obras podría pavimentar su camino hacia la reelección, según la visión optimista que siempre sobrevuela en el Centro Cívico.
Nueva autorización para endeudamiento será una de las herramientas que utilizarán Santilli y el ministro Caputo para conseguir el respaldo de los gobernadores para el Presupuesto del año que viene.
