La negociación con la Nación por el traspaso de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea) a la Provincia es el primer hecho vinculado al gobierno de Javier Milei que genera entusiasmo en el gobierno de Martín Llaryora.
No sólo por el carácter simbólico de esa fábrica donde hace casi un siglo se fundó la aspiración industrial de Córdoba. También porque el proyecto que se discute desde hace seis meses, pero que comenzó a gestarse en diciembre pasado, apenas asumido Milei, sintetiza casi todo lo que el cordobesismo pretende representar en la política argentina. De la negociación participan el gobernador y su ministro de Economía, Guillermo Acosta; el jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos; el secretario Diego Chaher –el responsable de la liquidación de todas las empresas y sociedades que la Nación no quiere conservar– y el equipo directivo de Fadea, encabezado por Fernando Sibilla (quien viene de ser titular de la Agencia de Competitividad de la Provincia),
Llaryora se propone demostrar que Fadea puede ser rentable, que puede volver a ser un polo de desarrollo tecnológico e innovación en rubros tales como la aerogeneración y los drones, y que en Córdoba la integración público-privada no es sólo una frase que Juan Schiaretti reitera por todo el país.
Lo que negocian es el traspaso del 100% del paquete accionario, que sería de propiedad provincial pero con estructura de una SA con gerenciamiento privado. Anticipan un esquema tipo holding, con diferentes unidades de negocios –mantenimiento de aviones (militares y aerocomerciales), aerogeneradores, drones, metalúrgica (aeropartes) e ingeniería–, las que tendrían al menos un socio privado en cada caso. Se plantea un modelo en que los privados asuman parte de los quebrantos iniciales, a cuenta de beneficios futuros.
Hablan de una iniciativa público-privada con el aval de la Unión Industrial de Córdoba. Aunque ese apoyo no se hizo explícito todavía, desde la entidad confirmaron que consideran relevante la continuidad de Fadea integrada a la producción cordobesa.
El proyecto que intentó Macri
El proyecto que impulsan Sibilla y su equipo –entre otros, Antonio Beltramone– es el mismo que ellos habían implementado durante la gestión de Mauricio Macri, cuando se equilibraron los números de Fadea y se abrieron opciones asociadas al mercado aerocomercial y al hub Córdoba.
Ese mismo equipo técnico aplicó desde diciembre pasado un ajuste de 4.500 millones de pesos en el gasto de Fadea, redujo 20% el plantel hasta llegar a 750 empleados y además acordó con el frente gremial un procedimiento preventivo de crisis que incluye suspensiones mientras la empresa siga a media máquina. Durante el gobierno de Alberto Fernández se perdieron los contratos de mantenimiento de flotas aerocomerciales. Ahora estarían a punto de reactivarse, con Latam en primer lugar.
Fadea tiene 97 años y en su historia tuvo 76 directorios. Pese a que posee uno de los dos talleres de mantenimiento de aviones aerocomerciales que hay en Latinoamérica, desde el actual directorio consideran que la distancia con los organismos nacionales que toman las decisiones y la constante inestabilidad en la conducción son factores que impidieron la consolidación de un proyecto productivo aeronáutico, que por definición es de mediano y largo plazo.
El plan de negocios que impulsa Sibilla apunta a que en dos años los ingresos de la empresa provengan en un 50% del Estado (Defensa, por el mantenimiento de la flota de las Fuerzas Armadas) y que el otro 50% provenga de negocios privados.
La Provincia debería aportar recursos para los sueldos e inversiones impostergables –la pista de aterrizaje está en malas condiciones–, además de garantizar la operatoria durante este período. Es la razón por la cual la administración Llaryora considera que el traspaso debería ser sin otro costo para el Gobierno provincial. Además de la totalidad del paquete accionario, la operación incluye también las 200 hectáreas sobre las que están las instalaciones y la pista, que están siendo tasadas.
Hasta los detractores de la transferencia de Fadea a la Provincia admiten que aún si la empresa se cerrara, las tierras por sí mismas garantizan un gigantesco negocio inmobiliario.
Entre los sectores empresarios cordobeses, se distinguen quienes consideran que el Estado no tiene nada que hacer en Fadea –se inclinan por la privatización o el cierre– y quienes, conteniendo la desconfianza respecto del Estado-empresario, entienden que Fadea es relevante para Córdoba y vale el intento. Desde el Panal, aseguran que ninguna empresa provincial arroja pérdidas.
En la dirigencia política local hasta ahora predomina la cautela. Las opiniones taxativamente en contra provienen de sectores minoritarios. El juecismo y el radicalismo no le cerraron de antemano la puerta al proyecto; no está claro si es por las razones que plantea la Provincia o por el hecho de que a Milei le interesa sacarse de encima todas y cada una de las empresas estatales.
Caja de problemas
Claro que no es Fadea lo único que Llaryora tiene que discutir con la Nación; hay cuestiones mucho más vitales para la Provincia, que confirma su adhesión al régimen de compensación de deudas que planteó Milei, con la expectativa de recuperar –aun cuando sea recibiendo un bono– los 750 millones de dólares que se reclaman a la Nación en concepto de envíos no realizados a la Caja de Jubilaciones y de obras que debía pagar la Nación y pagó la Provincia. También se reclamará la deuda por el alojamiento de presos federales en las cárceles de Córdoba.
Por el lado de la Nación, hay un reclamo a la Provincia, pero menor: créditos de municipios con el Enohsa, que tenían garantía de coparticipación.
La Provincia pretende que esa discusión por plata –cada vez más compleja y más incierta– transcurra al margen de la negociación por Fadea. Pero sobre todo, necesita que incluya alguna liberación de recursos corrientes en 2025 para el pago de las jubilaciones: una vez más, la Caja es el problema principal de las cuentas provinciales.
El viernes próximo quedará develado, con la presentación del presupuesto provincial, a qué sectores les tocará poner más para cubrir lo que la Anses dejó de enviar a las cajas provinciales. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, que estuvo muy atenta a los reclamos de la Ciudad de Buenos Aires, sigue mirando para otro lado cuando los reclamos provienen de las provincias: así funciona el federalismo argentino.
