Martín Llaryora estaba eufórico el miércoles pasado, cuando salió del Palacio de Tribunales porteño. Tenía debajo de su brazo izquierdo una carpeta negra con el acuerdo que acababa de firmar con los funcionarios libertarios: Córdoba recibirá $ 60 mil millones en el próximo año, distribuidos en 12 cuotas de $ 5 mil millones mensuales.
Los fondos que llegarán a la Caja de Jubilaciones de Córdoba no fueron lo más importante para el gobernador. Dos datos avalan este convencimiento: la Anses hoy debería enviar $ 20 mil millones mensuales, según los cálculos del Centro Cívico. Además, el organismo previsional provincial tiene un déficit mensual de $ 40 mil millones, que es solventado por el Tesoro provincial; es decir, por todos los cordobeses.
El triunfalismo del gobernador tenía otras motivaciones: la Nación reconoció ante la Corte Suprema que tiene una deuda con Córdoba (falta discernir si son los casi U$S 1.000 millones que estiman en la Caja de Jubilaciones) y, sobre todo, el triunfo político que Llaryora cree haber conseguido sobre el presidente Javier Milei, un áspero cuestionador de las gestiones provinciales.
“Martín (Llaryora) tuvo ganas de gritarle el gol en la cara al ‘León’ (por Milei), pero se contuvo. No es el momento de tensionar la relación”, admitió un llaryorista de pura cepa.
Llaryora agradeció la decisión de la Corte de convocar a las audiencias de conciliación, y también al Gobierno nacional por “su predisposición” para cerrar un acuerdo sin esperar el fallo del máximo tribunal.
En público, el gobernador evitó celebrar. En privado, con sus íntimos, dio rienda suelta a su euforia por lo que consideró un triunfo político sobre Milei.
Ahora habrá que ver si la Nación cumple con los desembolsos que se comprometió a pagar ante el máximo tribunal.
No debería haber dudas al respecto, porque se trata de un acuerdo en el cual el máximo tribunal de Justicia fue mediador y ahora garante del cumplimiento.
De todas formas, como está dicho, el monto mensual que recibirá la Caja de Jubilaciones no resolverá el rojo histórico del organismo provincial.
Además, hay otra cuestión que Llaryora debe afrontar: el reclamo de los gremios estatales que están en pie de guerra para exigir aumentos salariales, y también la eliminación del diferimiento en el cobro de los aumentos para los jubilados provinciales.
Consciente de que en Córdoba lo estaba esperando el reclamo de los estatales, en las mismas escalinatas de los Tribunales porteños Llaryora envió un mensaje sobre cómo redistribuirá los fondos que lleguen de la Anses. “Instruí al ministro de Economía para que analizara mejorar la situación de los jubilados provinciales que menos cobran”, dijo el mandatario provincial.
Eso significa que habría un aumento para la jubilación provincial mínima. Un modo de adelantar que no se eliminará el diferimiento para los jubilados, que en lo fiscal es mucho más oneroso para las arcas provinciales.
En los Tribunales porteños, a la izquierda del gobernador estaba el ministro de Economía, Guillermo Acosta, catalogado por los gremialistas estatales como un “ajustador serial”. Se espera que el funcionario haga algún anuncio para los jubilados en los próximos días.
El calificativo para Acosta parece injusto. El funcionario cumple órdenes de Llaryora, quien, a lo largo de su trayectoria como intendente de San Francisco, de la Capital y ahora en el sillón principal del Centro Cívico, nunca dejó de cumplir lo que para él es una regla de oro en cualquier gestión: que el gasto salarial no supere el 40% de los ingresos.
Ahora, como administrador de la Provincia, también se debe incluir el pago de los haberes a 115 mil jubilados.
Mientras los estatales se vienen manifestando en las calles, Llaryora no pierde el tiempo en utilizar el bisturí, apelando a una definición de estos días del intendente capitalino, Daniel Passerini: el gobernador daría aumentos por decreto para marzo y abril. Con esta decisión, los empleados públicos perderán, sólo en esos dos meses, más de dos puntos en la carrera contra la inflación.
El gobernador dio otra instrucción irrefutable al secretario General de la Gobernación, David Consalvi, el negociador con los gremios: ahora la discusión paritaria es desde mayo. Marzo y abril es tema cerrado, y por decreto.
Deuda en pesos
Volviendo a su relación con la Casa Rosada, el gobernador también evitó confrontar con los libertarios, con un pragmatismo a prueba de balas: con el aval de la Nación, la Provincia saldrá en los próximos días a tomar deuda en pesos para cumplir en julio con un vencimiento de deuda por más de U$S 150 millones.
Ya está firmada la autorización del ministro de Economía, Luis Caputo, para tomar deuda en el mercado local. Pero Llaryora cuida con mano de orfebre la relación con “Toto”, el ministro libertario con el que más habla.
El ministro Acosta sigue diariamente la evolución del riesgo país para salir a colocar deuda. Este viernes rondaba los 650 puntos. Esperará unos días a ver si sigue bajando. Antes de junio, seguramente ofrecerá los bonos cordobeses a los inversores.
Conseguir financiamiento es un tema central para Llaryora. En el Centro Cívico aseguran que están en un plazo fijo los fondos para cumplir con el vencimiento, pero, si consigue colocar deuda en pesos, la Provincia podrá utilizar esos recursos ahorrados para obras.
El gobernador tiene otro convencimiento, pensando en su reelección en el lejano 2027: ningún gobernante pierde una elección si su gestión tiene una alta imagen positiva. Y Llaryora cree que esa buena imagen se construye con obras.
“Las obras hacen olvidar la suba de los impuestos”, repiten los llaryoristas, ante las críticas virulentas de los opositores provinciales, que aseguran que le harán pagar al gobernador en las urnas “el impuestazo” de este año.
