En junio pasado, Martín Llaryora le ganó la gobernación a Luis Juez por apenas tres puntos, una diferencia muy inferior a la que ambos candidatos esperaban. Ese resultado prometía un cambio drástico en la dinámica del oficialismo cordobés, que por primera vez en un cuarto de siglo debería gobernar sin mayoría propia en la Legislatura y en minoría en el Tribunal de Cuentas.
En lo formal, la situación no varió desde junio hasta ahora, pero en los hechos ya se modificó drásticamente: entre la tarde y la medianoche del miércoles, el gobernador electo cerró un acuerdo que incluye a la mayor parte de los dirigentes del PRO y que le garantiza a Hacemos Unidos por Córdoba la mayoría legislativa que no logró en las urnas.
Además, el peronismo cordobés le quitó poder de obstrucción al Tribunal de Cuentas con una ley que minimiza la actuación preventiva que podría haber tenido ese organismo, con mayoría juecista desde el 10 de diciembre.
Tres semanas antes de asumir, Llaryora torció el resultado electoral. En los hechos, esas dos jugadas políticas equivalen a ensanchar la ventaja que Hacemos Unidos por Córdoba tuvo sobre Juntos por el Cambio.
A varias puntas
Se trató de una negociación compleja, de larga trama y de numerosos participantes. La vieja amistad entre el PRO de Mauricio Macri y el cordobesismo de Juan Schiaretti terminó, una vez más, facilitándole las cosas al oficialismo provincial. Pero la negociación estuvo enteramente en manos de Llaryora, con la asistencia del vicegobernador Manuel Calvo y la intermediación oficiosa del exdiputado Gustavo Santos, desde Madrid.
En el transcurso de esa negociación, el gobernador electo desplegó ante la dirigencia amarilla todo el menú de cargos, puestos y beneficios que otorga el dominio de la estructura del Estado: desde ministerios a agencias, pasando por directorios y asesorías. Juntos por el Cambio denunciará la compra de voluntades; el peronismo le dice “construcción de consensos”.
Mientras ese acuerdo con el PRO se cerraba, la mayoría abrumadora que el peronismo tiene hoy en la Unicameral se encargó de flexibilizar el esquema de controles preventivos con los que el futuro Tribunal de Cuentas dominado por el juecismo podría haber obstaculizado la gestión. El control previo de legalidad del gasto, una particularidad que distingue desde hace décadas a la administración provincial cordobesa, excluirá a la mayor parte de los expedientes que hoy el Tribunal fiscaliza antes de que sean realizados.
Es tan polémico ese cambio legal que con seguridad será objetado por inconstitucional por la oposición. Luis Juez, Rodrigo de Loredo y Mario Negri, los principales referentes de Juntos por el Cambio, saldrán a denunciar esta situación en las próximas horas.
Quedan tres sesiones en la Unicameral antes de la asunción de Llaryora como gobernador y todo indica que serán varios más los proyectos de la futura gestión que serán aprobados en este período.
El miércoles pasado fue la rápida aprobación del Presupuesto 2024, la reforma del Código Electoral para ampliar la discrecionalidad del Ejecutivo a la hora de fijar la fecha electoral y la creación de una nueva agencia provincial. Ahora la Unicameral espera la propuesta de designación de las autoridades del Ministerio Público de la Defensa y la nueva ley de seguridad que marcará a fuego a la futura administración provincial.
Llaryora considera que los meses previos a la asunción son los que determinan buena parte de los cuatro años siguientes. Está claro que no se dedicó sólo a visitar a cada uno de los acreedores de la Provincia en el mundo en los meses que pasaron desde que fue elegido gobernador: como lo hizo antes de asumir en la Municipalidad de Córdoba, tiene listo casi todo el arsenal de proyectos de ley que necesitará en su gestión. Es probable que todo sea aprobado antes de su asunción.
