l borde de la euforia, el gobernador Martín Llaryora les comunicó el miércoles último a sus ministros más cercanos la información que trajo de su viaje a Capital Federal: la Corte Suprema de Justicia convocó a una audiencia de conciliación al Gobierno nacional y al Gobierno cordobés por dos multimillonarias demandas que hace dos años presentó el entonces gobernador Juan Schiaretti, y que el propio Llaryora amplió en 2024.
El reclamo de Córdoba a la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) es por una cifra impactante: actualizada a febrero, $ 981 mil millones, según los números que hacen en el Centro Cívico. Casi un billón.
Para tomar dimensión del reclamo por la anterior administración schiarettista y la actual llaryorista, ese monto significa más del 10% del Presupuesto provincial 2025.
Como había informado La Voz en septiembre pasado, la Corte Suprema analizaba convocar a una conciliación entre la Nación y la Provincia antes de fin del año pasado.
Sin embargo, hubo idas y vueltas en la álgida relación del máximo tribunal y la gestión del presidente Javier Milei que postergaron la decisión de los cortesanos para el próximo 23 de abril.
Según comentó a este medio una jerarquizada fuente oficial, la prioridad del gobernador Llaryora es recuperar el flujo de desembolsos que la Anses debe realizar a la Caja de Jubilaciones de Córdoba, que, de acuerdo al organismo, deberían ser unos $ 20 mil millones mensuales.
“La posible negociación para cobrar la deuda actualizada puede incluir bienes, pesos y hasta bonos. Pero, el objetivo del gobernador es que la Anses comience a enviar fondos actualizados y normalice el flujo”, explicó la fuente llaryorista.
Hay un ejemplo que siguen de cerca desde el Gobierno de Córdoba. El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, llegó a un acuerdo con la Nación, y hoy recibe $ 2 mil millones mensuales para su sistema previsional entrerriano.
Historial
Hay dos demandas que en el año 2023 entabló el entonces gobernador Schiaretti, en contra de la Anses.
La primera, la denominada “grande” en el oficialismo, es por falta de actualización de los giros mensuales, durante el período 2020-2022.
El segundo juicio es por la falta de cumplimiento y actualización por el año 2023. El año pasado, a través del fiscal de Estado, Jorge Córdoba, con el asesoramiento del prestigioso estudio jurídico porteño García Lema, la Provincia hizo una ampliación de la demanda, hasta septiembre de 2024. Luego, otra que llega hasta estos días.
Durante los cuatro años de la gestión presidencial de Alberto Fernández, con la camporista María Fernanda Raverta al frente de la Anses, el organismo nacional envió $ 1.070 millones mensuales a la Caja de Jubilaciones, sin la actualización por Sipas (sistema integrado de jubilaciones y pensiones) que indicaba el Presupuesto nacional.
Desde que Milei llegó a la Casa Rosada, cortó absolutamente los giros de la Anses a las provincias, por una decisión del ministro de Economía, Luis Caputo, para que le cerrara su pregonado déficit cero.
Llaryora tiene con el ministro de Economía un vínculo más cercano de lo que trasciende. Tendría encaminado un acuerdo para que la Anses volviera a girar fondos a la Caja de Jubilaciones. La duda es si serán los $ 20 mil millones que reclama el organismo previsional provincial.
La eventual restitución de los fondos nacionales para el sistema previsional cordobés podría generar una mejora en la situación de los jubilados provinciales.
Desde que asumió el poder, Llaryora tomó algunas medidas de ajuste con la clase pasiva cordobesa. Si recupera los fondos nacionales, el gobernador analizaría, por ejemplo, terminar con el diferimiento del paso de los aumentos. Por ahora, es sólo una posibilidad.
La audiencia de conciliación entre Córdoba y la Nación, el 23 de abril, está prevista en la Oficina de Juicios Originarios, que es mucho más pequeña que la amplia sala de acuerdos de la Corte Suprema. Irían Llaryora y varios de sus ministros.
